Juan Camilo Restrepo - Hacienda pública - 11 edición

- Ofrecer más estructura curricular a los programas, así como capacitación, acompañamiento y desarrollo profesional continuo a los proveedores de los programas.

- Encargar al MEN la política de educación inicial, mientras que el ICBF se enfoque en las políticas de familia y la atención de los niños menores de tres años.

Educación básica y media:

Diagnóstico

- Resulta satisfactorio reconocer la prioridad que recibe este rubro dentro del gasto público. En las últimas décadas el gasto en educación básica y media ha aumentado, lo cual favorece la equidad en el agregado, a pesar de que subsisten diferencias regionales.

- Los aumentos en cobertura no han venido acompañados de mejoras en calidad, medida a través de los diferentes resultados en las pruebas estandarizadas. Se observa una leve mejoría en años recientes.

- En comparaciones internacionales, el gasto en educación como porcentaje del PIB en Colombia es algo inferior al del promedio de América Latina. Teniendo en cuenta el nivel de gasto per cápita en dólares (ajustado por PPA), Colombia mantiene un nivel de gasto en educación en primaria y secundaria bajo frente a países desarrollados y algunos países de la región. No obstante, si se tiene en cuenta el gasto por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, Colombia exhibe un nivel de gasto consistente con el nivel de ingreso y desarrollo del país. Es decir, Colombia gasta en educación básica y media en línea con su nivel de desarrollo y sus posibilidades.

- Dado que una proporción importante del gasto en educación básica y media se financia con las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) que la Nación hace a las entidades territoriales, la Comisión hizo un análisis de las limitaciones en eficiencia y eficacia que muestra la distribución de estos recursos de acuerdo con lo señalado por la Ley 715 de 2001. Las principales conclusiones de este análisis son: (a) existe un elevado dirigismo, ausencia de incentivos y complejidad en la distribución de los recursos del SGP. Adicionalmente, las fórmulas de distribución cambiantes imprimen inestabilidad y baja predictibilidad de los recursos que recibirán las entidades territoriales y los colegios; (b) si bien el criterio de capitación es el adecuado desde el punto de vista de la política pública en educación, éste muestra grandes limitaciones en un entorno que se caracteriza por la ausencia de autonomía en la gestión de la planta docente por parte de las entidades territoriales y especialmente de los colegios, y por la baja movilidad de los docentes en el territorio; (c) la política de enganche y ascensos ha avanzado con el nuevo estatuto docente, aunque hay demoras en los concursos, y hay espacios de mejora en los mecanismos de evaluación del desempeño y su relación con los aumentos salariales; y (d) se observan bajos niveles de estandarización en la prestación del servicio, lo cual afecta negativamente la calidad.

- Existe una alta dispersión en la eficiencia con que las entidades territoriales gastan los recursos del SGP en educación debido a las diferencias en capacidad institucional.

- Algunos programas, como el de Jornada Única y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), por su fuerte impacto fiscal, requieren una revisión de las metas, de la focalización y ejecución, dados los recursos disponibles del sistema. En el caso de la jornada única, si el programa se adopta en todo el país sin hacer ningún tipo de priorización y el costo adicional de nómina del programa se financia con recursos del SGP, cada vez serán menores los recursos que el Sistema General de Participaciones puede destinar para mejoramiento de la calidad en otros frentes eventualmente más eficaces. Por su parte, el PAE, a pesar de haberse trasladado al MEN, sigue mostrando falencias de ejecución, coordinación y calidad.

- Los sistemas de información, seguimiento al desempeño en materia de cobertura y calidad y rendición de cuentas no cuentan con información de calidad y no están integrados, de manera que no permiten un seguimiento óptimo de los avances y necesidades de ajuste de los diferentes programas.

Recomendaciones

- El país debe moverse hacia una distribución basada en capitación por niño, lo cual permite más eficiencia y equidad. Para ello hay que introducir mayor flexibilidad, especialmente en relación con la gestión de la nómina, traslados entre colegios y municipios y evaluaciones de desempeño, que permitan llegar a este objetivo. Las recomendaciones que se formulan a continuación se refieren en su mayoría a aquellas que pueden adoptarse en la transición, mientras esa flexibilidad se materializa.

- La Comisión recomienda introducir una reforma a la Ley 715 de 2001 con el fin de hacer más eficiente la distribución de los recursos y lograr mayor eficacia. Para ello, la Comisión recomienda que el Gobierno: (1) reconozca el descalce entre los costos reales de la nómina docente y la asignación que resulta de un pago de capitación por niño, y asigne cada año de manera directa a cada ETC la porción de los recursos del SGP necesaria para pagar los costos de la nómina; (2) reordene, trabajando con las ETC, la prestación del servicio en cada territorio con miras a conseguir en los próximos diez años la estandarización de las plantas docentes y administrativas de los colegios, por categorías de ruralidad y tamaño de municipio; y (3) elimine las bolsas de “calidad” y “gratuidad”. Todos los recursos del SGP para la educación disponibles después de cubrir los costos de la nómina deben asignarse por capitación, reconociendo una asignación para materiales pedagógicos y el cubrimiento de otros costos asociados con la estandarización de la prestación del servicio.

- Orientar más recursos flexibles de manera directa a los colegios y dotar a los rectores de mayor autonomía en su manejo, bajo reglas y condiciones definidas de rendición de cuentas sobre sus resultados. Debe considerarse premiar los buenos resultados en pruebas con mayor autonomía de la institución educativa para administrar sus recursos monetarios y docentes.

- Adoptar medidas para mejorar la calidad de los docentes y rectores. En particular, se recomienda que los requisitos para ingresar al servicio docente se hagan más exigentes, de modo que solo sea elegible quien haya obtenido un puntaje en la prueba Saber 11 o en la prueba Saber Pro que se encuentre en el cuartil más alto de la distribución. Con este criterio, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mantendrá un banco de candidatos elegibles, del cual los rectores pueden seleccionar directamente los nuevos maestros que trabajarán en los establecimientos educativos que tienen bajo su responsabilidad.

- Concentrar los recursos disponibles para mejorar la calidad de los maestros. Con este fin, la Comisión recomienda ampliar el programa de tutores de Excelencia Docente y Académica Todos a Aprender (PTA) y los programas de becas de maestría y de becas crédito para docentes.

- Traducir la remuneración actual de los docentes al formato general en el que el ingreso anual consta de un salario y las primas de ley que corresponden a todos los ciudadanos que reciben su remuneración a través de un contrato laboral. Con esto se advertirán mejor las brechas salariales entre los profesionales comparables y será posible tomar decisiones dirigidas a subsanarlas en el futuro.

- Estandarizar las condiciones en las que se presta el servicio a lo largo y ancho del territorio nacional en los próximos diez años, para asegurar que los niños accedan a un servicio de calidad similar sin importar el lugar donde habiten. Además de las plantas de los colegios, entre las variables sujetas a estandarización deben estar: la relación alumno/docente, la calidad de la infraestructura escolar, los materiales pedagógicos, las horas de clase, la cualificación de los maestros, el servicio de transporte escolar y los mínimos curriculares. Esta estandarización deberá admitir diferencias asociadas con el grado de ruralidad y el tamaño poblacional de los municipios.