- La Comisión considera que los cálculos y estimativos correspondientes a los escenarios alternativos de reforma descritos en los párrafos anteriores deben ser cuidadosamente revisados y evaluados por el gobierno para poder avanzar en la reforma más conveniente.
Regímenes especiales
En cuanto a los regímenes especiales, las recomendaciones de la Comisión van en la siguiente dirección:
- Para el caso de los maestros la edad de jubilación es actualmente de 57 años tanto para hombres como para mujeres, la Comisión considera que la diferencia en relación con la edad de jubilación del régimen general de pensiones debe eliminarse. Además, la administración de los pasivos pensionales de los maestros debería pasarse del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag) a Colpensiones.
- En lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, la asignación de retiro se obtiene sin consideración a la edad con tiempo de servicio de 20 años en caso de retiro forzoso y de 25 años por retiro voluntario. Las cotizaciones equivalen a solo el 5% a cargo de los miembros de las Fuerzas Armadas por cuanto el gobierno no hace aportes diferentes a cubrir el faltante para el pago de las asignaciones de retiro, que se calculan con una tasa de reemplazo que oscila entre el 50% y el 95% sobre sueldo básico más “haberes”. Aunque consideraciones del sector pueden justificar diferencias con respecto al régimen general, la Comisión considera que hay un margen importante para racionalizar estos beneficios especiales y para que las cotizaciones reflejen de manera más transparente los gastos futuros en que se incurre con esos beneficios.
Colombia Mayor y BEPS
- La Comisión considera positivo el proceso de ampliación del programa Colombia Mayor para la población vulnerable que no cumple con las condiciones de acceso al sistema pensional. El costo fiscal de este programa podría superar la capacidad del Fondo de Solidaridad Pensional con el cual se alimenta, pero no es elevado si se tiene en cuenta su impacto social.
- El esquema de BEPS constituye un instrumento valioso para la cobertura del sistema de protección económica a la vejez y generar incentivos al ahorro. Sin embargo, los alcances actuales del programa son marginales y la Comisión recomienda una revisión integral del esquema con el propósito de incrementar su eficacia.
Decisiones judiciales y régimen pensional
- La Comisión recomienda la unificación de decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario como en el caso de las condiciones para traslados entre regímenes, las condiciones para la asignación de pensiones sustitutivas y de pensiones por invalidez, y las múltiples vías de escape que mediante tutelas y decisiones judiciales se han generado en los sistemas de transición para eludir las sanas restricciones impuestas a los regímenes especiales que desaparecieron con el Acto Legislativo de 2005, entre otros.
Formalización del mercado laboral
- La formalización del mercado laboral y la generación de más trabajo formal constituye el mecanismo más eficaz para incrementar las cotizaciones y la cobertura del Sistema General de Pensiones. Un ejemplo para ese diálogo es el que tuvo lugar en España a mediados de la década de los noventa, cuyos resultados se conocen como el “Pacto de Toledo”.
El gasto público en educación
Capítulo 8
En este capítulo la Comisión analizó los principales aspectos del gasto público en educación inicial y atención a la primera infancia, el gasto en educación básica y media, y el gasto en educación superior. Con base en este análisis, algunas de las recomendaciones son de carácter transversal y otras específicas al gasto en cada uno de los niveles de educación.
Educación inicial y atención integral a la primera infancia
Diagnóstico
- La Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia (EIAIPI) es fundamental en la medida en que los beneficios privados y sociales resultan ser más altos entre más temprano se invierta en las personas. Dados sus impactos sobre el desempeño individual integral y su contribución a la equidad social, ha sido creciente la importancia que la política pública en Colombia ha concedido al Programa de Educación Inicial de Atención Integral de la Primera Infancia (EIAIPI). En cuanto a los resultados del Programa, la Comisión identifica que:
• A pesar de los esfuerzos en cobertura, el acceso a la educación inicial y atención a la primera infancia permanece fuera del alcance de muchos niños en condiciones de pobreza, especialmente en las zonas rurales.
• Las grandes dificultades del sistema son de calidad y eficiencia de la educación y atención, que se ven reflejados en los indicadores de deserción, calidad de la educación en aula y desarrollo integral de la niñez. Gran parte de las estrategias de cualificación y aseguramiento de la calidad que se han implementado en el país en los últimos años se basa en ajustes a parámetros de carácter estructural como la infraestructura física y la relación de niños por adulto, etc. Sin embargo, existe evidencia que indica que este tipo de aspectos tiene poco efecto sobre el desarrollo integral de los niños atendidos, o que son una condición necesaria pero no suficiente para la atención efectiva.
- La financiación pública para los servicios EIAIPI sigue siendo limitada y se encuentra fragmentada entre distintas fuentes e instituciones.
- El liderazgo está compartido en la medida en que no es claro que existe una agencia rectora que lidere de manera explícita toda la gestión de la educación inicial de manera coordinada y articulada. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece los lineamientos pero no regula los mecanismos que utiliza el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para evaluar y calificar la calidad de sus servicios. No obstante, es importante destacar los esfuerzos de coordinación a través de la creación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) adscrita a la Presidencia de la República.
- La ejecución se hace en las regiones en ausencia de mecanismos de seguimiento y control que garanticen estándares de calidad y los mecanismos para controlar y garantizar el cumplimiento de los estándares institucionales de la EIAIPI son mínimos.
- El sistema utilizado para monitorear y asegurar que las instituciones cumplan con los lineamientos básicos de la EIAIPI está fraccionado. El Sistema de Información para la Primera Infancia (SIPI) y los mecanismos de aseguramiento de calidad que se encuentran bajo la responsabilidad del MEN se enfocan únicamente en los servicios prestados a través del sistema escolar, y no están integrados con los sistemas del ICBF. No obstante, es de señalar el esfuerzo del Ministerio para unificar los distintos sistemas de información del sector y garantizar una mejor gestión para cada niño en los municipios, en el llamado Sistema de Seguimiento y Monitoreo Niño a Niño (SSNN).
Recomendaciones
- Garantizar con cargo a los recursos del Presupuesto la financiación del gasto para la EIAIPI y desligar dicha financiación de la evolución de cualquier impuesto, de manera que se evite su volatilidad y se posibilite la mejora en la cobertura y la calidad. Para profundizar la descentralización, éste sería uno de los sectores idóneos para priorizar y establecer un mecanismo de financiación más explícito aprovechando los recursos de las entidades territoriales. De hecho, las grandes ciudades del país ya contribuyen de manera significativa a la financiación de servicios a la primera infancia. Este es un sector en el que sería deseable incentivar a los municipios grandes a contribuir de manera más activa, de tal forma que los recursos nacionales gestionados por el ICBF se focalicen exclusivamente en zonas de menor capacidad institucional y financiera, zona rural y zona rural dispersa.
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