Juan Camilo Restrepo - Hacienda pública - 11 edición

- Fortalecer la capacidad institucional de las secretarías de Educación y los colegios, en especial en las entidades territoriales y de los colegios más débiles, para disminuir las brechas existentes.

- Implementar gradualmente la jornada única priorizando las sedes escolares que atienden a la población escolar más pobre y en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo. Se recomienda priorizar el Plan de Alimentación Escolar financiado con gasto público del Gobierno Nacional en las sedes escolares ubicadas en sectores de ingresos bajos. En los dos casos se requiere del apoyo de los recursos locales, dada la restricción fiscal del Gobierno Nacional.

Educación superior

Diagnóstico

- El sistema de educación superior en Colombia ha mostrado avances en las últimas décadas. La cobertura y el número de estudiantes graduados han aumentado continuamente. No obstante, el acceso sigue siendo bajo, especialmente para los estudiantes de los quintiles de ingresos bajos. Así mismo, las tasas de deserción, a pesar de haberse reducido ligeramente, siguen siendo elevadas. Los resultados en materia de calidad no son satisfactorios, además de que se observa un estancamiento en el proceso de acreditación de calidad tanto institucional como de programas. Si bien el proceso de acreditación de programas comenzó a finales de los años noventa y la acreditación institucional arrancó con relativo dinamismo a partir de 2002, los porcentajes de acreditación tanto de programas como de instituciones de educación superior (IES) son aún bajos. Más preocupante aún es que se percibe un estancamiento del proceso en los últimos años pues se observa una relativa estabilidad en el número de IES y programas que buscan por primera vez la acreditación. Adicionalmente, un número importante de las instituciones recientemente acreditadas han obtenido la acreditación solo por cuatro años mientras que las primeras que lograron adelantar el proceso lo hicieron mayoritariamente por un período de diez años. Las principales razones de la lentitud con la que avanza el proceso es que muchas IES están lejos de cumplir con los requisitos iniciales que les permitirían entrar en el proceso además que enfrentan limitaciones estructurales y financieras para sostener una planta de docentes de alta calidad. Por otra parte, si bien es a todas luces necesario que el proceso de acreditación se base en criterios exigentes, los análisis indican que estos no distinguen la heterogeneidad en materia de educación impartida entre educación universitaria, técnica y tecnológica.

- A pesar de que el MEN está a cargo de la formulación, gestión y supervisión de políticas de educación superior, muchos otros entes y organismos apoyan el trabajo del MEN, lo cual dificulta la coordinación institucional. Además, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que en la actualidad domina la prestación de programas de educación y formación técnica superior y es el proveedor más importante de educación y formación técnica no formal, conocida como Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), está adscrito al Ministerio de Trabajo y por lo tanto no está integrado al resto del sistema de educación superior.

- Para facilitar el acceso de jóvenes a la educación superior, el Gobierno provee financiamiento a través de diferentes mecanismos dirigidos a la oferta y de subsidios a la demanda.

- En cuanto a la financiación a la oferta, principalmente extendida a través de aportes a universidades públicas de acuerdo con una fórmula establecida en la Ley 30 de 1992, se encuentran limitados incentivos a la eficiencia y la calidad en la asignación de los recursos.

- En lo relacionado con la financiación a la demanda a través de los créditos del Icetex, una proporción importante de los créditos se dirige a estudiantes en programas o instituciones que no cuentan con acreditación de calidad. Ello resulta aún más preocupante dada la ralentización que ha reflejado el proceso de acreditación de instituciones y programas de educación superior en el país comentada atrás.

Recomendaciones

- Revisar la Ley 30 de 1992, en lo relativo al ajuste de los aportes a las universidades públicas, de manera que en esta asignación se incluyan criterios de eficiencia y eficacia.

- Tomar acciones para fortalecer la calidad de las universidades y revisar los criterios utilizados en el proceso de acreditación, que si bien deben ser altamente exigentes, deben reconocer la heterogeneidad de la educación impartida, principalmente entre educación universitaria, técnica y tecnológica.

- En cuanto al Programa Ser Pilo Paga, se propone avanzar hacia el establecimiento de un esquema de matrículas de referencia que tenga en cuenta distinciones por calidad.

- Estudiar formas alternativas para que los estudiantes que han recibido ayudas del Estado la retribuyan de alguna manera en su posterior carrera profesional en función de sus ingresos.

- Estimular la formación técnica y tecnológica y trasladar el Sena al Ministerio de Educación.

Recomendaciones transversales

- La Comisión recomienda revisar la institucionalidad del sector de manera que el MEN sea el que ejerza el liderazgo de la política educativa en todos sus niveles. Como principio general, no debe concentrarse en la misma cabeza el diseño de la política y la ejecución. Se propone que el MEN asuma también el monopolio del diseño de las políticas para la educación inicial y la atención integral a la primera infancia y para la formación para el trabajo. Esto pondría al Sena bajo su sombrilla y por tanto se recomienda también que deje de estar adscrito al Ministerio de Trabajo y pase a estar adscrito al MEN.

- La Comisión recomienda consolidar un sistema de información integrado y de calidad, basado en registros administrativos, de todos los niveles de educación, y crear la institucionalidad que permita lograr este propósito.

- La Comisión recomienda la creación de una Superintendencia de Educación que tenga la capacidad de intervenir las secretarías de Educación y las instituciones educativas, para asegurar el buen uso de los recursos de la educación, en todos sus niveles, en línea con los objetivos de cobertura y calidad.

El gasto en subsidios a personas, hogares, empresas y productores

Capítulo 9

En este capítulo la Comisión analizó los principales aspectos del gasto público en lo relacionado con el gasto en subsidios a hogares o personas (diferentes a salud, educación y pensiones) y a productores o empresas. Entre las principales conclusiones del diagnóstico se destacan las siguientes:

- En Colombia es difícil identificar el gasto que se destina a la entrega de subsidios, entendidos como las contribuciones financieras del gobierno a hogares o personas y a productores o empresas.

- Se estima que el gasto asociado con subsidios dirigidos a hogares y personas (diferentes de salud, educación y pensiones) fue del orden de $10 billones en 2014, un monto equivalente al 1,6% del PIB que incluyen subsidios orientados a la mitigación de la pobreza, de vivienda, de servicios públicos domiciliarios, entre otros. Este mismo ejercicio aproximó el gasto en subsidios a productores y empresas en $5,3 billones para ese mismo año, lo cual representa el 0,7% del PIB, la mayor parte de los cuales corresponden a las exenciones al impuesto corporativo y el Incentivo a la Capitalización Rural de Finagro.

- La manera en la que se registra el gasto difiere entre entidades y, en general, en la contabilidad que llevan las entidades del gobierno no es fácil cuantificar el gasto asociado con cada programa, ni separar lo que constituye un subsidio de otros tipos de gasto (por ejemplo, gastos de operación y administración del programa). Además de que existen diferencias en la contabilización de estos subsidios, no es posible en muchos casos aislar la proporción del gasto que llega a los hogares y la proporción que se orienta a la operación de los programas, establecer si a un hogar, a una persona o a una empresa le llega más de un tipo de subsidio, y en total qué proporción de su ingreso tiene origen en recursos públicos. Otros subsidios simplemente no están contabilizados en las cuentas fiscales, como son los subsidios cruzados en el consumo de servicios públicos domiciliarios, los mecanismos cuasi fiscales especiales como las inversiones forzosas del sector financiero, el subsidio familiar que se da a través de las cajas de compensación y los créditos tributarios.