A pesar de que el derecho como ciencia es complejo, al abarcar un amplio espectro de materias y contenidos, es fascinante en su estudio y comprensión, aún más cuando se logra aplicar en la resolución de los problemas y obstáculos habituales (Cuervo, 2013). El ciudadano común, y con mayor razón el profesional, debe abogar por sus propios intereses y el de su entorno laboral; por ello, compartir aspectos esenciales de algunas disciplinas jurídicas se convierte en una necesidad para cualquier empresario, pero en particular para los estudiantes como futuros emprendedores, ya que les invita a ser partícipes de los acontecimientos que los rodean, con los cuales, como ciudadanos y seres sociales en formación, pueden generar aportes más elaborados y estructurados con bases jurídicas.
Se considera que el conocimiento del derecho en temáticas generales es una necesidad para el profesional del mundo de hoy; así, lo ayuda a que se interese no solo en lo relacionado con su medio personal y laboral, sino también con su entorno social y su actuar político. En efecto, los ciudadanos forman parte del Estado, y Colombia, al autodenominarse como un Estado social de derecho (Constitución Política, 2016, art. 1), lo es por estar regida por normas, así como por reconocer sus finalidades sociales, ya que el Estado está instituido para brindar bienestar, prosperidad, crecimiento y mejorar cada vez más la vida de sus ciudadanos, gracias a las libertades personales y laborales en la conformación de empresa, las garantías a la propiedad, entre otras. Por ello, el conocimiento del derecho, acompañado de acciones como ciudadanos ilustrados, forma parte del actuar político de los colombianos y cierra los caminos frente a los actos de descomposición del mismo Estado.
Para estudiantes que se forman en disciplinas diferentes al derecho, el estudio de las normas y de lo jurídico es una herramienta poderosa que coadyuva a la democratización del conocimiento. Los autores, a partir de la experiencia como docentes universitarios lasallistas, reconocen que la educación posibilita el compromiso con una sociedad más democrática y justa; por tal razón, consideraron el texto desde la sencillez del lenguaje, sin enmarcarlo con tecnicismos disciplinares.
La ruta metodológica que se adelantó en el diseño y posterior elaboración del documento es consistente con las fuentes formales del derecho que reconocen la Constitución Política de Colombia como norma de normas; de ahí que en el primer capítulo se aborden fundamentos constitucionales de la empresa, el derecho al trabajo, la libertad de asociación y la propiedad privada como derechos fundamentales, relacionados con el régimen económico en Colombia.
Los capítulos subsiguientes desarrollan la norma en los aspectos comerciales, laborales, tributarios y de responsabilidad del empresario, a partir de la jurisprudencia y la doctrina cuando se amerite de la interpretación o aclaración del enunciado normativo.
En ese orden de ideas, el segundo capítulo trata sobre el derecho comercial. Inicialmente, se enfoca en el comerciante, los deberes y obligaciones que le impone la profesión mercantil —entre ellos, matricularse en el registro mercantil, llevar la contabilidad regular de sus negocios y abstenerse de realizar actos desleales en el mercado—; posteriormente, aborda las sociedades mercantiles, haciendo alusión a las estructuras societarias más utilizadas en Colombia: las sociedades en comandita (simple y por acciones), la anónima y la sociedad por acciones simplificada. El capítulo finaliza con un apartado referente a la propiedad industrial.
El tercer capítulo se refiere a las relaciones laborales en la empresa. Inicia con una breve descripción de la evolución histórica, particularmente en Colombia, citando las bases constitucionales del derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio y la asociación sindical. Así mismo, analiza de manera detallada todo lo relacionado con el contrato de trabajo y la información que un empresario debe conocer sobre este, el acoso laboral, el contrato de aprendizaje, la regulación sobre el salario, la jornada laboral, la contratación con menores de edad, el teletrabajo, las prestaciones sociales, el desarrollo específico del empresario ante el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), entre otros.
La empresa y los tributos es el tema del cuarto capítulo, que incluye los conceptos necesarios para el buen entendimiento del mundo tributario en nuestro país. De esta manera, explica los impuestos de renta y complementario, el impuesto a las ventas, el impuesto nacional al consumo, el monotributo y la retención en la fuente; concluye haciendo alusión al procedimiento tributario.
El último capítulo está concebido para que los empresarios reflexionen sobre las consecuencias jurídicas ante un actuar indebido, es decir, la responsabilidad del empresario en sus ámbitos más comunes: la responsabilidad civil, penal y administrativa. Esta es una reflexión obligatoria, toda vez que proliferan conductas en la voluntad de empresarios y profesionales para actuar de manera indebida, lo que vulnera los derechos de otros y el interés público.
Referencias
Constitución Política de Colombia de 1991 (2016). Bogotá: Legis.
Cuervo, M. E. (2013). Derecho constitucional: principios, derechos y estructura del Estado. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Capítulo 1 Fundamentos constitucionales de la empresa
La constitución es la guía que nunca abandonaré.
George Washington
Los temas económicos, así como los relacionados con la empresa y el comercio, históricamente se han incorporado a las normas y al derecho; así mismo, la carta política colombiana no es ajena a incluir en su estructura dicha correlación.
En este primer capítulo se aborda lo relacionado con el régimen o sistema económico que históricamente adoptó Colombia, consolidado o reiterado en la Constitución Política de 1991 (2016). Para una mayor comprensión, inicialmente se efectuará una explicación breve y sucinta de los sistemas económicos en general, para posteriormente analizar el contenido constitucional a través de los temas y artículos más representativos del funcionamiento del régimen económico nacional: las libertades de asociación, el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y la libertad de empresa e iniciativa privada.
No obstante, es necesario precisar que los artículos y temáticas que complementan los fundamentos constitucionales de la libertad de empresa, como el derecho de asociarse, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, se abordan en detalle en capítulos independientes; este solo destaca los principios constitucionales que los consagran.
1.1. Sistemas económicos
Carlos Lleras Restrepo, uno de los precursores del derecho económico nacional, es un referente obligatorio en el tratado Constitución económica colombiana, compilado por Velilla (1997), obra que expone una de sus conferencias, en la que hace alusión al enorme conjunto de normas internas en temas económicos y mercantiles:
Hay algunas que definen el régimen económico: socialismo, economía de mercado, economía de mercado con intervención estatal. Otras establecen el régimen jurídico de las empresas del sector público y de las empresas mixtas. Otras reglamentan las condiciones de constitución y funcionamiento de la empresa privada. (p. 22)
En consecuencia, es necesario precisar que alguna normatividad nacional estará orientada hacia la defensa de la economía de libre empresa sujeta a la intervención estatal, así como al derecho de la propiedad privada, con una raíz jurídica constitucional en cuanto a los rumbos que define el Estado respecto a la economía; así mismo, otras normas se enfocan en la legislación comercial y la empresa como ente jurídico y económico, entre ellas, las normas sobre el comerciante, los actos de comercio, la competencia desleal o el derecho del trabajo, que tendrán un capítulo independiente en el presente texto.
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