Juan Sebastián Pachón Guerrero - Alcance y aplicación del principio de eficacia directa

En definitiva, el principio de eficacia directa es más ostensible aún en la aplicación del derecho emanado de los órganos comunitarios. Así se evidencia a partir del asunto en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea prohibió al Estado italiano ciertas prácticas consistentes en reproducir determinadas disposiciones del derecho comunitario en sus leyes o decretos nacionales, a fin de modificarlas o simplemente para disimular ante los particulares la naturaleza comunitaria de dicha normativa 77.

Ultimado lo anterior, es momento de observar el diverso grado de vinculación al que se encuentran clasificados los diferentes actos del derecho comunitario, para ello es de especificar que en el caso del derecho comunitario europeo los reglamentos dirigidos a los particulares tienen un grado de eficacia directa de carácter completo. Así lo estipulaba el artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en el cual se consagró que el reglamento tenía un alcance general y obligatorio en todos sus elementos, por ende, era directamente aplicable a cada Estado miembro, ya que por su naturaleza y su función en el sistema de fuentes del derecho comunitario produce efectos inmediatos 78.

Es así como a partir de lo dispuesto para el reglamento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha venido afirmado el beneficio de la aplicabilidad directa respecto de las Directivas y de las Decisiones 79, siendo este tipo de normativa de derecho comunitario un conjunto de disposiciones en virtud de las cuales los particulares no quedan directamente obligados hacia el Estado parte, pero pueden invocarlos frente a este último cuando no los lleve a la práctica dentro del plazo estipulado; inclusive, dicha normativa puede ser exigida en el supuesto de que las disposiciones nacionales no se acomoden al mandato de lo ordenado en la referida Directiva o Decisión 80.

En este sentido, mediante la figura 1se detallan las características con las que cuentan los diferentes tipos de actos normativos emitidos por la organización de integración europea en la materia.

En este contexto, conforme a que las Directivas en el derecho comunitario europeo presentan unas características muy peculiares y lo mismo sucede con las decisiones dirigidas a los Estados miembro, es de indicar que estos actos de las instituciones comunitarias, además de fijar obligaciones a los Estados destinatarios, reservan la adopción de medidas nacionales para su aplicación, es decir, fijan una meta o un resultado por conseguir y dejan en libertad al Estado para que elija los medios más adecuados para lograr el objetivo 81.

Aparte de ello, también debe tenerse en cuenta la actitud que ha tomado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano que mediante sus prácticas judiciales concretas se ha enfocado en consolidar una serie de actos que surgen en el marco de la administración de justicia de los ordenamientos jurídicos de los Estados, ello con la finalidad de promover en el mayor grado posible el respeto por el derecho comunitario y llevar este a un nivel más práctico respecto de los operadores singulares de los Estados frente a las novedades concretas del derecho comunitario 82.

Figura 1. Los actos normativos del derecho comunitario europeo

Fuente: elaboración propia con base en Guy Isaac, Manual de derecho comunitario general, 97.

1.5. El principio de eficacia directa en el derecho comunitario andino

Expuesto lo anterior, el principio de efecto directo hace alusión a “las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria” 83, esto implica que, con la existencia de una normativa emitida por la organización de integración, surgen efectos para los particulares al presentarse derechos y obligaciones en el patrimonio jurídico de los particulares 84.

Consecuencia jurídica de esta característica es también el efecto directo reconocido a las normas secundarias andinas sobre los derechos nacionales, en virtud del cual se habilita a los ciudadanos para solicitar a los jueces nacionales que, en asuntos sometidos a su conocimiento, apliquen la norma supranacional que reconoce derechos para los particulares, las cuales son directamente aplicables 85.

De esta manera, la normativa emitida por el derecho comunitario advierte que debe ser aplicada en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro, tanto para las instituciones jurídicas, administrativas y de toda clase, como también para los particulares, es decir, la norma comunitaria tiene la facultad de crear derechos y obligaciones para los particulares 86.

Es de agregar que el propósito de la normativa comunitaria andina es el de difundir las normas propias de la organización de integración al interior de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro y no el de incorporar los mandatos y la normativa comunitaria a través de la emisión de normas nacionales, puesto que ello puede generar distorsiones 87.

En efecto, la aplicación del referido principio reitera que las normas comunitarias están investidas de eficacia directa tan pronto son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 88. En definitiva, la efectividad de la norma comunitaria, para el caso andino, depende en gran medida del imperio absoluto de los principios del derecho comunitario, principalmente el de eficacia directa, pues el respeto, la aplicabilidad, el desarrollo y la divulgación del derecho andino son factores clave para garantizar los objetivos integracionistas, es decir, los objetivos del Acuerdo de Cartagena 89.

1.6. Diferencias y similitudes entre el principio de eficacia directa y el de aplicabilidad inmediata

Dada la explicación del principio de eficacia directa en el derecho comunitario europeo y en el derecho comunitario andino, es decir, en estos dos ordenamientos jurídicos de integración de carácter sectorial; es momento de precisar y enmarcar las distintas diferencias y similitudes que existen y se encuentran entre las figuras jurídicas de la eficacia directa y la aplicabilidad inmediata.

Lo anterior debido a que es parte preponderante del derecho comunitario el principio de eficacia directa, concepto que se encuentra estrechamente relacionado con la figura jurídica de aplicabilidad inmediata, por lo que es necesario delimitar y acentuar las diferencias y similitudes que estas dos figuras jurídicas presentan. Sin embargo, es importante aclarar que son dos conceptos y principios independientes que parten del derecho comunitario.

De esta manera, la eficacia directa, como ya se observó, establece que las normas comunitarias pueden crear derechos y obligaciones para los particulares y no solo para los Estados miembro 90, mientras que la aplicación inmediata es esa característica que se refiere a que las normas del derecho comunitario se incorporan automáticamente al orden jurídico interno de cada uno de los Estados miembro, sin necesidad de una posterior aprobación mediante norma o precepto semejante por parte de dichos Estados 91.

Pues bien, el concepto de aplicación inmediata se refiere a que las normas comunitarias adquieren automáticamente el carácter de derecho positivo dentro de los Estados miembro, lo que genera como consecuencia que el ordenamiento jurídico interno sea permeado de manera directa de lo emanado por la organización comunitaria sin necesidad de ninguna fórmula especial de introducción en dichos ordenamientos 92.

Bajo esta consideración, los jueces nacionales no pueden alegar falta de procedimientos de recepción como justificación para la no aplicación de la normativa de derecho comunitario debidamente creada, es entonces como en este punto el principio de aplicación inmediata interactúa con el principio de eficacia directa, pues precisamente los particulares en virtud de este último principio pueden alegar sus derechos con fundamento en la norma comunitaria que por su naturaleza está dentro del orden jurídico interno de los Estados, sin que estos hayan efectuado ningún tipo de actividad nacional para que dicha norma se encuentre vigente y, por consiguiente, pueda ser aplicada en su ordenamiento jurídico interno 93.