Esteban Pérez Caldentey - La inserción de América Latina en la economía globalizada

En el caso de Colombia, si bien no existe aún una ley que limite la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros, sí hay una ley que establece límites para obtener predios que originalmente eran públicos y que fueron otorgados a campesinos, es decir, una misma empresa o persona no puede conseguir más de una “Unidad Agrícola Familiar” de estos predios (el tamaño de cada unidad depende de cada región). Muchas empresas trasnacionales (como Cargill, por ejemplo) han implementado distintas estrategias para poder sortear esta limitación (como crear una gran cantidad de compañías ficticias para adquirir por separado muchas unidades prediales), como por ejemplo crear varias personas jurídicas por recomendación de oficinas de abogados colombianos. [6]Además, las últimas administraciones (tanto Juan Manuel Santos como Álvaro Uribe) han realizado distintas iniciativas para reformar la Ley y crear unas condiciones más favorables para los inversionistas. Santos está formulando la reforma de la Ley 160 de 1994, en la que se reglamentarán los contratos de arrendamiento y usufructo a largo plazo y otras formas de sacar provecho de la tierra que no implican transferencia de dominio, entre ellas el derecho real de superficie para flexibilizar el uso de tierras de pequeños productores y de la nación (Barberi, Castro y Álvarez, 2013). Debido a muchas reglamentaciones, en Colombia se impide el traspaso de dominio a extranjeros, estas reformas permitirían la entrada de capitales extranjeros manteniéndose en el marco de la ley.

El proceso de acaparamiento de tierras observado en otras regiones se está dando, principalmente, a través de la transferencia a inversores extranjeros de predios estatales o bajo formas de tenencia comunitarias, transferencia que en muchos casos está signada por graves hechos de violencia y corrupción (Costantino, 2014). De manera similar en América Latina muchas de las inversiones en tierra se realizan en propiedades estatales arrendadas por los gobiernos provinciales (en Argentina, por ejemplo), así como en zonas de frontera desplazando a los pueblos indígenas (como el caso de los territorios afrocolombianos) (Borras, Kay, y Gómez, 2012). De la misma forma, el asunto de Colombia resulta interesante, pues aquí se han observado numerosos casos en donde el uso de violencia explícita ha resultado fundamental para desplazar campesinos y comunidades locales de tierras atractivas para el cultivo de palma aceitera (Grajales, 2011). Gran parte de los departamentos con mayor concentración de la tierra coinciden con los más afectados por el desplazamiento y con los que son objeto de grandes proyectos de desarrollo mineros (departamentos de La Guajira, Cesar-centro, Caquetá y Putumayo); agroindustriales para biocombustibles (departamentos de Cesar-sur, Valle y Nariño); agroforestales (departamentos de Sur de Bolívar, Valle, Cauca y Córdoba) y todos los anteriores (departamentos Meta y Vichada) (Salinas, 2012).

Sin embargo, el caso latinoamericano presenta una característica que lo distingue del resto de las regiones respecto al punto señalado en el párrafo anterior: además de la adquisición de tierras estatales y comunales, los inversores extranjeros en América Latina también consiguen tierras de propietarios privados, individuos que venden o arriendan su tierra a empresas extranjeras. En esta región, entonces, el acaparamiento de tierras no se da solo mediante la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004), es decir, a través de la transformación en capital de un recurso que antes no se podía denominar capital (como los recursos públicos o comunales) igual que en otras regiones del mundo (Asia, África o Europa del Este), sino que aquí este proceso suma un mecanismo más para que extranjeros obtengan tierras: la venta o arrendamiento por parte de particulares.

Los principales inversores en América Latina (tanto los que adquieren tierras públicas o comunales, como privadas) son estadounidenses y chinos. Como se observa en el gráfico 1, entre estos dos explican 49% del total del acaparamiento de tierras por parte de extranjeros en la región. [7]

A diferencia de lo observado en otras regiones donde uno u otro de estos dos países tiene presencia preponderante (por ejemplo, Estados Unidos en África u Oceanía y China en Asia o en Europa del Este), la similar e importante presencia de ambos países (China y Estados Unidos) en Latinoamérica, entonces, parece ser también una característica de esta región (Costantino, 2014).

A pesar de que en ambos países ya existían inversiones extranjeras en tierras desde antes, en la primera década del siglo xxi este proceso se dispara generando múltiples conflictos y preocupaciones, aunque con temporalidades distintas. En el caso particular de Argentina, el boom comienza desde la devaluación del año 2002. Si bien el precio de las materias primas venía en aumento desde unos años antes, la compra de tierras se dispara recién después de la devaluación. Es decir, el aumento de la rentabilidad en pesos de las exportaciones agrícolas derivada de la devaluación (una de las características de la nueva fase del modo de desarrollo iniciada en 2002) y el abaratamiento relativo de los activos en dólares (el año de la devaluación) pareciera haber alentado el aumento de las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en el país. Por otro lado, en el caso colombiano, el fuerte proceso de extranjerización comienza apenas en 2008, coincidiendo con la crisis mundial y con la búsqueda de los capitales trasnacionales de nuevos espacios de valorización.

En el cuadro 1 se muestran las hectáreas adquiridas por extranjeros en ambos países, el número de transacciones y el tamaño medio de las transacciones entre 2000 y 2013. Si bien el proceso es mucho más pronunciado en Argentina, en ambos casos se trata de un fenómeno que se dispara respecto a años previos. Es decir, si tenemos en cuenta que la superficie agrícola total de Argentina es de 141 millones de hectáreas y la de Colombia de 43.8 millones de hectáreas, vemos que la participación de estas inversiones sobre las superficies agrícolas totales de ambos países no es muy importante. Sin embargo, la relevancia de las inversiones extranjeras en tierras no radica aún en su magnitud sino en su novedad: despegaron fuertemente de un momento al otro en la primera década de este siglo.

Respecto a los países inversores, los casos de Argentina y Colombia presentan características diferenciadas. En ambos países, el principal inversor en la década en estudio es Estados Unidos (representando alrededor de 47% del total de tierras adquiridas por extranjeros en los dos países), sin embargo, las diferencias se dan en el resto de los países (véase cuadro 2). Mientras en el caso del país del Cono Sur parece haber más protagonismo de los nuevos países en ascenso en el orden mundial (entre China, India, Malasia y Arabia Saudita explican 24.2% de las tierras extranjerizadas), en el caso del país andino parece haber un patrón de países inversores más latinoamericano (entre Chile y Brasil explican 22.9% de las inversiones) y de países asociados a una tradición de inversores en el sector forestal y papelero (como Irlanda, España y el mismo Chile).

Este patrón de países inversores en el sector forestal, en el caso de Colombia, explica que 33.4% del total de tierras acaparadas por extranjeros en este país tengan como principal objetivo la actividad forestal (cuadro 3). El resto de las tierras se destinan exclusivamente a producir bienes agropecuarios para el mercado, y tienen una fuerte participación las plantaciones de palma para la producción de biodiesel (como es el caso de las inversiones de Cargill, Agropecuaria Aliar y Poligrow). El caso de las empresas forestales en Colombia ha resultado muy problemático, pues en muchos casos se trata de empresas fachada creadas de manera irregular (como en el caso de las diez empresas creadas por Wood Holding Limited) para sortear las limitaciones legales de no adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar. En la mayoría de los casos fueron adquiridas de manos de campesinos a quienes se les habían entregado tierras “baldías” años antes. En estos casos, hay documentados múltiples conflictos en torno a engaños y estafas en la adquisición.