Adriana Puiggrós - Historia de la educación en la Argentina IX

Además de las coincidencias entre el PJ y la UCR señaladas más arriba, las comisiones acordaron en la afirmación de la “democracia”, “la independencia nacional, la soberanía política y la justicia social” (Comisión 1, ibídem: 68). La reivindicación de la identidad nacional contra el neocolonialismo fue vinculada con la soberanía en las islas Malvinas con el dramatismo persistente desde la reciente guerra, así como con la exaltación del ser nacional y las culturas aborígenes.

Quienes participaron de las distintas actividades del Congreso Pedagógico tienen opiniones y recuerdos muchas veces disidentes sobre el tipo de hegemonía que se gestó y el poder de uno u otro de los actores. Desde los sectores progresistas del peronismo y la izquierda es frecuente el testimonio de una presencia avasallante del sector eclesiástico en las asambleas de base; desde este último llega una resignada satisfacción por lo logrado. El radicalismo considera el Congreso entre los más importantes logros del gobierno de Alfonsín.

A cuarenta años de aquel evento resulta notable, además de las señaladas coincidencias y diferencias, la construcción discursiva de las conclusiones, en especial la aceptación de algunos términos, ya fuera ocultando o confesando la verdadera postura en los dictámenes en disidencia. Tres conceptos clave para explicar esas operaciones fueron trascendencia , federalismo y educación pública .

El término trascendencia forma parte de casi todos los informes unánimes de las comisiones. Irrenunciable para la Iglesia, fue aceptado al menos por radicales y peronistas, aunque refiriéndolo a las dimensiones cultural, histórica, social, religiosa, según las “propias opiniones” (Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988, Comisión 1: 69; Comisión 2: 111).

El federalismo , un significante cargado por el histórico atraso y la subordinación de la educación formal de las provincias a la Nación, circuló resignificado como una estrategia de descentralización del sistema educativo. Los organismos internacionales contribuyeron a ello. El radicalismo no fue más allá del sentido que le otorga al federalismo la Constitución de 1853, es decir, dejando la cuestión sin solucionar, en tanto el peronismo lo remitió a la mitología nacional popular, al mismo tiempo que veía la provincialización de la educación como una herramienta política para los gobernadores de su signo. En línea con el reclamo por la disminución del poder educativo del Estado nacional, la Iglesia propuso la descentralización del sistema hacia las provincias e incluso los municipios, acercando los centros educativos al territorio donde contaba con mayor influencia con vistas al cumplimiento de su propósito misional.

El tercer tema de interés fue el concepto de educación pública . El sector eclesiástico y dos pequeños partidos se declararon decididamente afines a otorgar un papel secundario al Estado; el peronismo fue ambiguo, y el resto, excepto la izquierda, sustentó en términos declarativos la principalidad del Estado. La “unidad de servicio con la enseñanza oficial” y la propuesta de “designar a la escuela privada como escuela pública de iniciativa privada” fueron cuestiones abordadas con naturalidad. La educación “pública” entendida como “estatal” recibiría su golpe de gracia pocos años después (Cirigliano, G. F. J. en De Lella, C.; Krotsch, C. P., 1989: 29-46).

Por otros carriles transitaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde había triunfado el PJ con la fórmula Antonio Cafiero-Luis Macaya en diciembre de 1987. La nueva gestión recategorizó los servicios de educación privada privilegiando los que llegaban a los más necesitados, constituyó comisiones distritales con participación gremial, supervisores y consejeros escolares, consideró la escuela un centro comunitario mediante el programa Consejos de Escuela, entre otras medidas. (18)

Disminuir el poder del Estado nacional en la educación, desburocratizar y descentralizar el sistema y conformar un solo sistema público-privado fueron ideas que adquirieron legitimidad en el Congreso Pedagógico, participando de la racionalidad propia del neoliberalismo. (20) Con los conceptos de eficiencia, eficacia, calidad y participación ya asomaba una nueva formación discursiva que calaría hondo en la comunidad educativa. Paradójicamente, las opiniones dominantes en aquel evento convocado por el radicalismo no movilizaron a su gobierno, sino que fueron los vectores de la política educativa del gobierno peronista que lo sucedió.

¿Cuáles fueron las características específicas de la política educativa del gobierno de Carlos S. Menem? En primer lugar, su alineamiento explícito con las directivas de los organismos internacionales, cediendo un enorme poder a los expertos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), produjo la desarticulación del sistema de educación con vistas a dejar atrás el proyecto de 1880.

Los organismos de financiamiento habían generado importantes bancos de datos y contratado investigadores de numerosas nacionalidades para estudiar la educación de los países destinatarios de los préstamos. La estrategia consistía en el otorgamiento de fondos por parte del BM y el BID destinados a realizar el paquete de las reformas. En el Ministerio de Educación de la Nación se instaló una unidad especial para trabajar con esos organismos. La reforma fue conducida por “técnicos” en educación y economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Programa Nacional de Asistencia Técnica a los Sectores Sociales (PRONATASS), el L’Oréal-Unesco, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de El Salvador y universidades estadounidenses. Fue importante la influencia de la reforma educativa española y de los ideólogos de la reforma chilena, así como decisivos documentos de la CEPAL y la Unesco. (21)

En 1992 se dictó la Ley de Transferencias de los Servicios Educativos (Ley 24.049) y el 11 de septiembre de 1993, aniversario del fallecimiento de Sarmiento, en cumplimiento del artículo 63 de dicha ley se firmó, en la ciudad de San Juan, el Pacto Federal Educativo, que estableció los compromisos de financiamiento del Estado nacional con las provincias en función de la transferencia de establecimientos y funciones, quedando a cargo de estas últimas aproximadamente el 60% del gasto educativo. En 1994 fue reformada la Constitución nacional (Ley 24.195); en el mismo año se dictó la Ley Federal de Educación y en 1995 la Ley de Educación Superior (Ley 24.521). Debe anotarse que en 1994 la Organización Mundial del Comercio aprobó el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), soporte de la liberalización internacional de bienes sociales como la educación. La nueva legislación hizo efectiva la descentralización de la mayor parte de las funciones educativas nacionales hacia las jurisdicciones, cambió de la estructura del sistema (nivel inicial, educación general básica, polimodal, educación superior, nivel cuaternario), estableció contenidos básicos comunes, cobertura básica universal de nueve años obligatorios y programas focalizados para adultos y otros sectores.

Durante la década se continuó la derivación de fondos al sector privado tradicional y se fueron multiplicando las ONG, tanto con fines sociales como empresariales. Se legitimó la evaluación externa. Se intentó (con poco éxito, salvo la Coneau) establecer organismos “independientes” de certificación; se propició “el desacoplamiento entre la enseñanza media y la universidad” (Cepal, 1992: 143).