Adriana Puiggrós - Historia de la educación en la Argentina IX

El Ministerio de Educación de la Nación fue reubicado como un órgano de planeamiento, coordinación y consulta con la opinión pública y las asociaciones civiles. Y adviértase que la modernización completa de los procesos de evaluación fue una de las principales tareas que se le adjudicaron. El Consejo Federal de Educación sería asesor y consultivo y “la herramienta político-ideológica para el logro de la regionalización del sistema educativo” (PJ, 1983: 93). En cuanto a la escuela media ,propone ligarla a la educación laboral, así como fortalecer las escuelas técnicas, las escuelas fábrica y las escuelas sindicales.

También en este caso hay una anticipación de la reforma menemista, porque se propone modificar el bachillerato estableciendo una etapa común y luego salidas laborales. En cuanto a los docentes, el PJ insiste en la crítica al normalismo liberal y en el establecimiento de la agremiación obligatoria; propone atender inmediatamente las reivindicaciones del sector.

La defensa innegociable de la responsabilidad principal del Estado y del laicismo fue encarada por el Partido Intransigente y el Partido Comunista. El PI, así como la UCR, sostuvo los principios de la educación común, gratuita y obligatoria, la normalización de las universidades con ideario reformista y la supresión del arancel, y recalcó la necesidad de una ley general de educación. El Partido Socialista Popular y la Confederación Socialista Argentina opinaron en sentidos similares. El Partido Demócrata Progresista consideró llevar a la Constitución los principios de la ley 1420, dictar una ley orgánica de educación y establecer diez años de obligatoriedad escolar. El PC agregó una serie de medidas concretas como becas para los trabajadores y boleto estudiantil gratuito (Aguerrondo, en De Lella C.; Krostch, P., 1989: 102-140).

Solo dos partidos, la Democracia Cristina y el Movimiento de Integración y Desarrollo, se pronunciaron abiertamente por la subsidiariedad del Estado: la DC propició la desburocratización de la educación, la desalienación y desmitificación del acto educativo, a la vez que destacó que el docente es un trabajador. El MID defendió la libertad de enseñanza e identificó la educación como productora de recursos humanos para el desarrollo. La Unión de Centro Democrático defendió la libertad de enseñanza absoluta, acompañada por una educación asistencial. Su propuesta de introducir vouchers o vales de crédito educativo para los alumnos que concurrieran a escuelas públicas o privadas fue pionera en las estrategias político-educativas neoliberales.

Los partidos políticos, en su conjunto, no habían salido indemnes del oscurantismo dictatorial: sus planteos pedagógicos registraban viejas discusiones sin saldar y sus propuestas solamente alcanzaban a solucionar los problemas más inmediatos. El avance de posiciones antidemocráticas era visible dentro de las más importantes organizaciones políticas. La lucha entre una educación retrógrada, antipopular, antidemocrática; la postura conformista con una educación aceptablemente democrática, y una tercera que preparara la niñez y la juventud con ideas democráticas, laicas, nacionalistas, latinoamericanistas y comprometidas con la justicia social marcaría el ritmo de la disputa educacional en los siguientes años.

Pero esa discusión estaría enmarcada en un discurso de mayor potencia que provenía de los organismos internacionales. El Consenso de Washington no solamente había inaugurado una nueva etapa en el marco del capitalismo, sino que sus políticas conllevaban un neocolonialismo intelectual que afectaba profundamente la educación. Deuda externa, déficit fiscal, ajuste estructural, reducción del Estado eran categorías que se superponían de manera contradictoria con las provenientes del desarrollismo, aún presentes en los documentos de la Unesco, la Cepal y Unicef cuando, en 1989, se preparaba la Conferencia de Jomtien, en Tailandia. (11)

En los años siguientes a la caída de la dictadura, el problema educativo se discutía en un ambiente politizado sin que hubieran variado ni el tradicional temario, ni las posturas de los contendientes más poderosos. El gobierno alentaba esperanzas en la potencia de la educación para solucionar casi todo, aunque desde la oposición se le advertían las limitaciones de esa suposición. La apuesta más fuerte de la UCR fue realizar un Congreso Pedagógico Nacional, asumiendo la herencia del Primer Congreso Pedagógico realizado en 1882, e ignorando el segundo, que se realizó en 1900. (12) El 9 de septiembre de 1984 se sancionó la ley 23.114, a iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Entre esa fecha y el 16 de marzo de 1988, cuando se cerró el evento en la Asamblea de Embalse de Río Tercero, se realizaron debates provinciales, locales y sectoriales con un temario producido por la Comisión Organizadora Nacional con la asesoría de la Comisión Honoraria de Asesoramiento (13) (Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988; Nosiglia, M. C.; Santiago, B., en De Lella, C.; Krotsch, P., 1989). Debe destacarse que miembros de la recientemente creada Academia Nacional de la Educación, de corte liberal-conservador, fueron ubicados en lugares de poder en el Congreso. (14) Los fundadores y varios de los Miembros de Número de la Academia fueron los coordinadores o participaron en la conducción de las actividades de todas las comisiones.

El Congreso registró un curso político inesperado para el gobierno, que había descontado encontrar consenso para el diseño de una nueva ley de educación de corte liberal-democrática como resultado de una discusión abierta a todas las opiniones. De acuerdo con el testimonio de Norma Paviglianiti, “en el proyecto original, la convocatoria, la organización y la ejecución quedaban en manos del Ejecutivo Nacional y estaba planeado como continuidad histórico-ideológica del Congreso Pedagógico de 1882” (Paviglianiti, en De Lella, C.; Krotsch, P., 1989: 73).

Para la UCR estaba implícito que el peronismo, derrotado en las recientes elecciones, y la Iglesia estarían presentes, pero el gobierno mantendría la conducción del evento y el “progresismo” hegemonizaría el resultado final. Los primeros documentos emitidos por la Comisión Organizadora parecen acercarse a esa disposición del poder. Pero la situación fue variando. A diferencia de la dirección centralizada que proponía el proyecto del Ejecutivo, este debió ceder a las jurisdicciones la organización y ejecución de las actividades en sus territorios. El justicialismo, que gobernaba en doce de veintitrés provincias, (15) logró integrar la Comisión Organizadora (aunque como minoría) y que fueran incorporados representantes de los partidos provinciales. Otros partidos, como el PI, la DC, la UCD y el MID, fueron sumados solamente a los equipos técnicos, salvo excepciones personales.

El primer cambio que consiguió el PJ fue quebrar la línea de continuidad liberal con el Congreso de 1884 en el título de Segundo Congreso para acordar simplemente Congreso Pedagógico. (16) El justicialismo emitió documentos en línea con su referida plataforma electoral, subrayando que la educación debía asumir el nacionalismo cultural en el marco de un proyecto político popular y democrático enmarcado en América Latina y el Tercer Mundo. Reafirmó que el peronismo sostenía una concepción humanista y cristiana. Consideró elaborar una “pedagogía nacional”, así como una “ciencia y tecnología propias” y las vinculó con la justicia social y el trabajo. A la planificación del sistema propuesta en la plataforma electoral agregó una estructura de cuatro niveles: inicial (0-5 años), primer nivel o básico (desde los 6 años, extendiéndose gradualmente hasta alcanzar los 9 años de educación obligatoria), segundo nivel o medio de 3 o 4 años con formación diversificada, y el tercer nivel o superior (CINCECYT, 1986: 29).