Adriana Puiggrós - Historia de la educación en la Argentina IX

Diversas formas de expresión contra la dictadura emergieron durante el gobierno dictatorial del Gral. Viola, gestándose una vida clandestina de publicaciones, actividades estudiantiles y resistencia pasiva de los docentes a aplicar las normativas dictatoriales, hasta alcanzarse, en vísperas de la guerra de Malvinas, un nivel interesante de producción gráfica, musical, teatral y de comunicación política.

Después de la derrota argentina retornaron al escenario público las fuerzas políticas interesadas en lograr una salida civil a la crisis que vivía el país. El agrupamiento más importante se denominó Multipartidaria. Esta organización fue fundada el 23 de junio de 1982 por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo, y poco después se sumaron otros partidos. La búsqueda por parte de la Multipartidaria de un equilibrio entre fuerzas y temas, que permanecían (y permanecen) irresueltos a través de largas décadas de la historia nacional, tuvo una importancia crucial para el futuro de la educación. En tal sentido fue el acuerdo entre las fuerzas políticas y la Iglesia, cuyo profundo compromiso con la dictadura aún no se mencionaba. El documento de la Multipartidaria denominado “Convocatoria al país”, emitido el 28 de agosto de 1981, dio por iniciada la etapa de transición hacia la democracia. El texto finalizaba con la siguiente frase: “Bajo el lema del episcopado argentino: la reconciliación nacional”. Pero el propio documento aclaró que ese objetivo no podría alcanzarse “si no es sobre la base de la verdad” (Multipartidaria, 1982).

El discurso de la Multipartidaria contiene el desplazamiento desde la ideología liberal-autoritaria de la dictadura al liberalismo democrático hacia el que se había inclinado la mayoría ciudadana. Llevaba también los vectores de la cultura política que guio a la sociedad argentina en el pasaje al neoliberalismo. Siguiendo el razonamiento de Gambarota (2017), son muchos los problemas que se obvian en los tres textos de la Multipartidaria, con un motivo razonable, el cual era unir todas las fuerzas sociales y políticas antidictatoriales.

La acción de la Multipartidaria fue un gran acto político-pedagógico, más limitado que los mensajes de las Madres, las Abuelas y demás organizaciones que denunciaban el terrorismo de Estado. Propuso las elementales medidas educativas que sugería el sentido común democrático liberal, lo cual no era poco ni debe desvalorizarse, teniendo en cuenta el terror del que se trataba de salir. Pero no obsta para que analicemos los efectos del mecanismo de negación que menciona el mismo autor, que fue de particular importancia para la educación de varias generaciones, y postergó la reforma institucional y legal que requerían el sistema escolar y la educación superior. En décadas posteriores, los mismos problemas educativos, sin haber encontrado su solución, quedarían rebasados por nuevos conflictos.

El caso paradigmático es el de la relación Estado-Iglesia-Educación. El documento de la Multipartidaria propone un equilibrio entre el Estado, la Iglesia, la familia, las Fuerzas Armadas, las empresas, los sindicatos y otras agrupaciones. Poco después, en los programas elaborados por los partidos políticos para las elecciones de 1983, tomaron alguna fuerza opiniones favorables a la responsabilidad principal del Estado en materia de educación, pero es difícil distinguir la actualización posdictatorial de la tradición democrática argentina en términos retóricos de las opiniones reales gestadas durante el terrorismo de Estado. Ese es también un inconveniente para valorar el peso de la opinión social de la época acerca de la inminente apertura de las puertas de la educación a un nuevo actor, que ya era el mercado.

El vínculo de la dictadura con aquellos sectores medios que había atraído con un discurso pedagógico-cultural seductor (con lenguaje pedagógico o tecnocrático) fueron líneas de la política educativa nacional que trascenderían esa circunstancia, en el acápite de educación de sus plataformas para las elecciones de 1983.

Es de destacarse que la UCR y el PJ evitaron expresarse de manera directa acerca de los docentes y estudiantes asesinados o desaparecidos y acerca de la manipulación ideológica de la educación; lo hicieron de manera genérica contra el autoritarismo político-educacional con enunciados como el siguiente: “Expresiones políticas y estrategias formuladas por los gobiernos militares han tenido un carácter disolvente, de gran generalidad y escasa profundización”, y acentuaron la crítica a la burocratización del sistema educativo (PJ, 1983: 90).

Los partidos fueron explícitos en la necesidad de refundar la educación sobre bases constitucionales. Coincidieron en rechazar el individualismo y la segregación; prometieron erradicar el analfabetismo, extender la obligatoriedad escolar al nivel inicial y mejorar la educación de adultos, así como implementar la educación permanente. La educación científico-técnica, la introducción de la informática y la vinculación de la educación con los medios de comunicación fueron otros puntos de coincidencia.

También se comprometieron a normalizar las universidades y derogar el arancel. Se trataba de una fuerte demanda de la mayor parte de la clase media, incluido ese sector fluctuante que ha determinado en varias ocasiones el triunfo o el sostenimiento de uno u otro partido o régimen político en el gobierno y que, cuando no había manifestado su apoyo, al menos había tolerado las intervenciones de las universidades en 1974 y 1976.

Entre los partidos identificados con la Multipartidaria había consenso en un proyecto educativo modernizante-democratizador. Usando sus particulares lenguajes, la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Justicialista (PJ), el Partido Intransigente (PI) y el Partido Comunista (PC) advirtieron la subordinación de la educación a la economía monetarista (el PJ ya se refiere al “neoliberalismo”) (Bittel, en PJ, 1983: 20).

Desde 1982 la UCR realizaba actividades vinculadas con la educación, la ciencia y la tecnología en el Centro de Participación Política (Camou, A; Tortti, C.; Viguera, A., coord., 2007) fundado por la tendencia interna denominada Movimiento de Renovación y Cambio, que lideraba Raúl Alfonsín. Este movimiento diseñó la propuesta educativa electoral de acuerdo con las prioridades de consolidación de la democracia, el logro de la estabilidad institucional, el desarrollo socioeconómico y la justicia (UCR, 1983). Los radicales consideraban a la educación una condición para recuperar nuestra identidad y reconstruir la Nación. Desde su postura liberal, optaron por el restablecimiento de la ley 1420, de 1884, y la ley 1597 de 1885, denominada ley Avellaneda. El radicalismo manifestó la voluntad de que se dictara una ley general de educación y prometió elevar el presupuesto educativo al 25% del presupuesto nacional. Respecto a la universidad, fue consecuente con la tradición reformista, y agregó la gratuidad, que había sido una medida tomada por el peronismo en 1949; también se comprometió a estimular la formación libre de asociaciones estudiantiles.

El gobierno de Raúl Alfonsín recibió la pesada herencia de ortodoxia económica, un Estado atado a la deuda externa, debilitadas las instituciones políticas y civiles y un pueblo empobrecido. Reubicó la política educativa en la tradicional línea democrático-liberal y reforzó el papel del Estado, pero una lógica educativa individualista y privatizadora ya había calado hondo, especialmente en los sectores medios, en tanto gente del pueblo acudía a las escuelas de las parroquias y dejaba a los más chicos en jardines de bajo costo, poniendo en evidencia la carencia de instituciones de educación inicial y escuelas de tipo público. En las radios, las revistas, los diarios, la televisión y en el poderoso “boca a boca”, la educación era un tema de conversación cotidiana, en un clima de repolitización. Sin embargo, ya se hacía evidente el desprestigio por lo público en su sentido más abarcador y la preferencia por una supuesta neutralidad de las disciplinas asociadas a la pedagogía, que pasó a formar parte del acervo de varias capas sociales, y permanece.