Adriana Puiggrós - Historia de la educación en la Argentina IX

Como ha escrito Pablo Pineau:

Las propuestas basadas en la espera, en el cuidado extremo, en la negación de la transmisión, en la confirmación de los destinos sociales prefijados, en la competencia sobre la cooperación, en psicologismos y didactismos asociales, en pedagogías restauradoras de valores perdidos siguen patentes en nuestras aulas y nuestros claustros universitarios (Pineau, 2006: 109).

Uno de los primeros decretos de Raúl Alfonsín (8) fue la creación de la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente (CONAFEP) en el Ministerio de Educación y Justicia (Decreto No. 2308/84), declarando el Plan de Alfabetización “de emergencia nacional y prioritario”. (9) La gestión del plan fue concedida al grupo conservador del partido. En las universidades, el nuevo gobierno dispuso restituir las cátedras a los docentes expulsados y derogar el examen de ingreso, el arancel y los cupos, acorde con su promesa electoral. En relación con la estructura del sistema escolar, optó por conservar la forma tradicional, con una mayor articulación entre la enseñanza secundaria general y la enseñanza técnico-profesional.

La UCR eludió abordar de manera directa la cuestión de la enseñanza religiosa, tanto en su programa como durante su gobierno, siguiendo la estrategia de la ley 1420 (Puiggrós, A. 2017). En su programa, exigió control estatal sobre la educación privada, pero desde el gobierno no realizó ninguna modificación respecto a lo establecido.

La Iglesia presionaba al gobierno con el objetivo de no perder el poder alcanzado en el aparato educativo, avanzar en la imposición de la enseñanza religiosa y conseguir más aportes estatales para sus instituciones de educación que, sumadas a las de otros signos religiosos o particulares laicas, ya constituían un poderoso subsistema.

La educación privada venía creciendo desde finales del peronismo. Entre 1958 y 1998 se cuadruplicó la matrícula de la educación primaria y se sextuplicó el nivel medio, del sector privado (Gamallo, 2015; Narodowski, Moschetti, Gotau, 2017; MECCyT, estadísticas). Es una de las razones para preguntarse cuán importante era para la mayoría de los votantes de Alfonsín la defensa de la escuela pública. Una significativa parte de los adultos que había cursado estudios durante la dictadura optaba por mandar a sus hijos a escuelas particulares, y es probable que el Plan de Alfabetización fuera de menor interés para ellos que la democratización de las universidades públicas, su tradicional reducto. La sinceridad de la defensa de la escuela pública tendía a reducirse a los sectores progresistas, las generaciones mayores, los docentes y el discurso constitucional-democrático de partidos políticos.

Las diversas tendencias del Partido Justicialista emitieron opiniones coincidentes respecto a la necesidad de contar con un proyecto nacional para elaborar el proyecto educativo: una ecuación inversa a la que planteaba la UCR, que apostaba a la educación como motor del desarrollo. Los conceptos de “ser nacional”, identidad cultural argentina y latinoamericana, liberación o dependencia, cristianismo, antirracionalismo, espiritualismo, así como las referencias históricas al federalismo, a la resistencia y a la proscripción del peronismo, habitaron casi todos los documentos y discursos. Asimismo, se afirmó la vigencia de la “tercera posición”, símbolo de la política internacional del Gral. Perón, que buscaba un lugar equidistante del imperialismo norteamericano y del campo socialista. La educación fue imaginada entre esos límites. La lucha por la “descolonización pedagógica” (adoptando el término usado por Arturo Jauretche) fue ligada al papel de la educación en la recuperación de la justicia social y de la soberanía cultural.

En el PJ hubo diferencias ideológicas de importancia para la escritura de su programa educativo. La tendencia llamada Renovación Peronista (10) valorizó la democracia, aunque la reinterpretó de manera crítica de la acepción liberal y la consideró abstracta si no se alcanzaba la liberación nacional contra la dependencia. En 1985, un grupo de militantes de la Renovación fundó un centro de estudios (CEPARJ) con vistas a la elaboración de la plataforma electoral de Antonio Cafiero como candidato a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. El documento que emitió vincula la educación con la justicia social, con la descentralización y desburocratización administrativa y con la participación popular en la definición de políticas de gobierno.

El sector del peronismo llamado ortodoxo descalificó la discusión sobre la democracia, a la vez que otorgaba prioridad a los valores trascendentes, la cultura hispánica y la lucha contra la penetración antinacional anglosajona. Los “renovadores” defendían la obligatoriedad, la enseñanza pública, gratuita, científica, vinculada al trabajo y el control del subsidio a la enseñanza privada. La derecha peronista hacía hincapié en valores y en la “trascendencia”, una categoría esgrimida firmemente por la Iglesia católica.

La postura oficial surgió del Primer Congreso de Cultura y Educación del PJ, realizado en agosto de 1983. En el proyecto de plataforma electoral de la Comisión de Cultura y Educación se perfiló el diseño de la educación formal: planeamiento de la descentralización y regionalización, documento curricular básico de carácter nacional abierto a adaptaciones regionales, escuelas albergues o nuclearización, escuelas de frontera, hogares escuela siguiendo el programa de Evita.

En el documento no aparece un acuerdo unánime acerca del papel principal o subsidiario del Estado. Este llega a desdibujarse en el informe de algunas comisiones del evento, ocupando su lugar “el sistema educativo formal, la Iglesia y la familia” (PJ, 1983: 67). En el mismo párrafo hay una referencia que es compartida por los distintos sectores: la acción educativa no puede agotarse en aquellas instituciones, sino que requiere continuarse en clubes, cuarteles, sindicatos, asociaciones y medios de comunicación. El concepto de “comunidad organizada”, importante en la construcción discursiva peronista, resuena frecuentemente en las propuestas de 1983, así como el papel conductor del Estado.

En la propuesta del PJ no hay solo una postura pedagógica, sino el despliegue de una discusión de la cual no fue ajena el radicalismo, aunque no aparezca con la misma claridad en los documentos de la UCR. En el mencionado Congreso del PJ, se coincide en la necesidad de una reforma curricular que combine lineamientos nacionales con contenidos provinciales y en el dictado de contenidos mínimos comunes para el ámbito nacional. En una de las comisiones se aconseja “un plan curricular básico, estructurado en base a objetivos” y al mismo tiempo se propone que “el aprendizaje sea activo y enmarcado en lo grupal, que tienda a armonizar la realización personal con la función social, dando prioridad a lo formativo por sobre lo meramente informativo” (PJ, 1983: 74).

La reforma estructural del sistema escolar que se concretó una década después, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, aparece delineada por el PJ en la campaña electoral de 1983, aunque aquel gobierno la usaría como punto de partida hacia un destino inverso al de justicia social, fundamento del peronismo. En 1983 primó una alta valoración del planeamiento, término que en esos años presidía las directivas de la Unesco y a la vez coincidía con la vocación planificadora de los gobiernos peronistas. El PJ propuso un sistema educativo nacional a la vez que federal, caracterizado por su “unidad normativa y planificadora (concepción centralizada) y ejecución descentralizada en el ámbito regional y local” (PJ, 1983: 91), así como concluir totalmente la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, advirtiendo que no se traspasarían a los municipios. La política unitaria, expresada especialmente por la ley Lainez de 1905, quedaría pocos años después desplazada por un federalismo motivado en la reducción del Estado nacional e intereses partidarios antes que en el fortalecimiento político educativo de las provincias.