Adriana Puiggrós - Historia de la educación en la Argentina IX

En diciembre de 2001 cayó la Alianza, arrastrada por una crisis económica y social que su gobierno solo había atinado a profundizar. El grito colectivo “¡que se vayan todos!”, que llenó las calles y los caminos del país, reflejaba un nuevo acuerdo social tácito, esta vez signado por la negatividad. En la fragua del movimiento espontáneo se mezclaban elementos antagónicos de la cultura política, cuyo nicho social es difícil distinguir por el carácter inestable, no solo de los sectores medios, sino de la opinión pública en su conjunto. Es pensable que en la crisis del 2001 hubo aprendizajes colectivos, pero en la trama profunda siguieron vitales las posturas antagónicas, que se harían visibles en 2015.

En el contexto educativo, un buen ejemplo es que el maestro y la familia del alumno compartieron la esquina de la protesta del 2001, pero el hecho de que el abandono de la educación por parte de los gobiernos afecta el derecho de los educandos y sus familias no fue entendido cabalmente por los ciudadanos. Sumando el individualismo creciente, interpretaron los reclamos docentes como actos de abandono, con melancólicas referencias al antiguo apóstol del saber.

Siguió a la renuncia de De la Rúa una sucesión de cuatro presidentes en menos de un mes, hasta que el Congreso eligió al senador Eduardo Duhalde como presidente provisional de la Nación. El gobierno de Duhalde abordó la educación con los mismos criterios y con el mismo equipo que lo habían acompañado durante su gestión como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la jurisdicción que fue el motor de la aplicación del programa del BM y el BID durante la década anterior. (26)

Los gobiernos del Frente para la Victoria, presididos sucesivamente por Néstor C. Kirchner (2003-2007) (27) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015) (28) hicieron frente a los graves problemas educativos en línea con las políticas nacionales y populares que signaron más de una década en varios países latinoamericanos. Es de particular interés la coincidencia en el enfoque de la educación hacia los sectores populares, así como en la inscripción histórica de las reformas que se llevaron a cabo en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela, en alguna medida en Nicaragua y El Salvador y, aunque con estrategias de corte más neoliberal, en Ecuador. Partieron de difíciles situaciones propias heredadas y se fueron encaminando hacia la formación de un bloque regional que mostró tener posibilidades de impacto en la coordinación de políticas educativas. (29)

Los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner retomaron los principales objetivos de las administraciones peronistas (1946-1952; 1952-1955; 1973-1974): crear condiciones para la inclusión de los sectores populares en todos los niveles de la educación obligatoria y en el nivel superior; devolver al Estado nacional su función planificadora de la educación y garante de la igualdad educativa; mejorar la infraestructura del sistema; vincular la educación con el trabajo, el desarrollo y las prioridades nacionales y orientarla hacia la defensa de la soberanía nacional.

Entre sus primeras medidas, Néstor Kirchner encaró la solución del conflicto docente, cuyos salarios recibieron importantes incrementos. Los tres gobiernos del Frente para la Victoria aceptaron establecer la convención colectiva de trabajo de orden nacional con los trabajadores de la educación, avanzando hacia la equiparación entre las provincias en materia salarial, el concurso como condición de acceso a la docencia y el derecho a la estabilidad laboral, medidas que aportaron a la rearticulación de la educación transferida por administraciones anteriores. Con criterio federalista, se sostuvo la Ley de Transferencia de 1992, pero se derogó la Ley Federal de Educación, sustituyéndola por la Ley de Educación Nacional (LEN, 26206/06), que reguló las responsabilidades de la Nación y las 24 jurisdicciones.

Concurrieron también a la reconstrucción del sistema educativo nacional el Consejo Federal de Educación (CFE), cuyas resoluciones adquirieron el carácter de obligatorias para todas las jurisdicciones, la convención colectiva de trabajo, nuevas instancias como el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), el acuerdo del CFE sobre Núcleos de Aprendizajes Prioritarios y la resolución de cumplir 180 días de clase en todos los establecimientos de educación obligatoria (Ley 25.864/2003). La LEN y las leyes de Financiamiento Educativo (LFE) y Educación Técnica y Formación Profesional (LETF) constituyeron el nuevo sostén legal del aparato escolar.

La LFE (No. 26.075/06) estableció como meta alcanzar el 6% del PBI en el año 2010, un programa de Compensación Salarial Docente con fondos nacionales destinado a superar las desigualdades en el salario inicial en las provincias menos favorecidas. Las metas de la Ley de Financiamiento fueron cumplidas casi en su totalidad, con la única excepción de la jornada escolar extendida. La inversión educativa superó el 6,70% del PBI, lo que se potenció con el aumento muy significativo de ese indicador, y sumó aportes extra en infraestructura, becas e investigación.

A diferencia de los habituales decretos o leyes impuestos por gobiernos civiles y militares a la comunidad educativa, la LEN fue producto de la convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación y de los ministerios provinciales, especialmente la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (que concentraba cerca del 40% de la matrícula nacional) a todos los sectores que actúan en el campo educativo, y aquellos de relevancia política y social. El Congreso de la Nación recibió un proyecto que se basaba en un documentado consenso.

El rasgo innovador de la LEN es la legitimidad con la que cuenta respecto a sus predecesoras, a la vez que denota un nuevo acomodamiento de los sectores volátiles de la clase media y la persistencia de la necesidad de sostener la educación pública por parte de sectores populares. La LEN estableció a la educación como un derecho personal y social, y a la educación y el conocimiento como bienes públicos; reguló el derecho a enseñar y aprender, inscritos en el artículo 14 de la Constitución nacional y en los tratados internacionales que esta incluye, y afirmó la responsabilidad principal del Estado en la educación y la gratuidad y la restituyó de los cuatro niveles del sistema. Incorporó ocho modalidades, reconstituyendo la enseñanza media (que había partido en dos ciclos el menemismo) y ampliando a trece años la educación obligatoria. El texto promueve una cultura productiva vinculada al trabajo y la incorporación de los sectores marginados y de la población de zonas desfavorecidas. Crea el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD); en los programas de capacitación participaron 1.341.597 entre 2014 y 2015 docentes de escuelas estatales y privadas. (30) Se designó como responsable de los programas de evaluación al Consejo Federal de Educación, rechazando la insistencia neoliberal en crear un órgano autónomo con tal finalidad.

El marco teórico-político de la LEN, así como de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, rechaza el conductismo y sus derivaciones neodarwinistas y predomina un constructivismo modificado por la atención a la incidencia del factor social y el efecto del significante “inclusión”, eje de la política educativa oficial. En contradicción con la orientación pedagógica mencionada, el gobierno decidió aplicar evaluaciones estandarizadas, aceptando la aplicación del PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos) que produce la editorial Pearson e impone a los países miembros la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, el Ministerio de Educación realizó Operativos Nacionales de Evaluación, tratando de avanzar con criterios más participativos y cualitativos.