Adriana Puiggrós - Historia de la educación en la Argentina IX

El fortalecimiento de los sectores populares con programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la extensión de la obligatoriedad de asistencia escolar a los niños/as de cuatro años (Ley 27.045) y la obligación del Estado de brindar el servicio educativo a los niñas/os desde los 3 años determinó un crecimiento de la matrícula del nivel en un 24,2% en el período 2011-2013, con una matrícula nacional del 81,5% en la sala de cuatro años y un 96,3% en la de cinco años. El Plan Progresar y un conjunto de políticas sociales colaboraron en que la matrícula neta de educación primaria alcanzara del 99,8%. Se trata de un acontecimiento histórico, pues ambos niveles llegan de tal manera a la universalización (Batiuk, V., Coria, J.; 2015).

La reforma emprendida en la educación media avanzó en el orden nacional mediante la LEN, pero las culturas políticas jurisdiccionales determinaron significativas diferencias. Por ejemplo, mientras la Provincia de Buenos Aires reformó los currículos de todos los niveles e introdujo el área Educación de Ciudadanía (educación sexual integral, concepto de género, derechos humanos y ciudadanía), Salta dictó una Constitución provincial que incluía la educación religiosa en las escuelas públicas y limitaba la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150/2006). (31)

Una importante novedad de la educación media fue el programa Fines , lanzado por el gobierno de Cristina F. de Kirchner en 2008. El Fines acercó el programa al territorio donde residen o trabajan los potenciales alumnos, sumando en su tarea universidades, cooperativas, clubes barriales, sociedades de fomento, instituciones religiosas e incluso casas de familia. Desde 2008 hasta 2015 pasaron por el Fines 1.617.222 jóvenes y adultos y alcanzaron la titulación 430.054, según cifras oficiales. Debe señalarse que el Fines fue apto para una educación dialógica y menos escolarizada, pero no impactó sobre la escuela secundaria tradicional. Al no preverse la vinculación estratégica entre ambas opciones, el plan quedó en peligro de convertirse en un circuito de escolarización de menor prestigio social y fue rápidamente desarticulado por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

La Ley de Educación Técnica y Formación Profesional (28.058/05) reordenó y revivió una rama de la educación que había sido abandonada durante varias décadas, que estaba poblada de instituciones dispersas, pero que en especial había sufrido las políticas de desfinanciamiento de la década anterior. Una fuerte inversión produjo cambios en la modalidad, coherentes con la política de reindustrialización y formación técnica.

Desde 2003 hasta 2015 se construyeron 1824 escuelas. Se distribuyeron 80 millones de libros, que aportaron a la cultura familiar y apoyaron a las pequeñas y medianas editoriales nacionales. Se fomentaron las orquestas estudiantiles, repartiéndose instrumentos musicales para 113 orquestas y 139 coros. Se encaró la modernización tecnológica de la educación, optando por un programa de aplicación universal, denominado Conectar Igualdad , que fue puesto en marcha en el año 2010 usando un software de producción nacional. En julio de 2015 se habían entregado cinco millones de computadoras a estudiantes de enseñanza secundaria, educación superior y docentes. Se crearon los canales de televisión Encuentro y Pakapaka, del Ministerio de Educación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/2009), elaborada también a partir de una amplia consulta popular, abrió la posibilidad de acceder a radios en escuelas secundarias e institutos de formación docente y técnica; la Televisión Digital Argentina y el tendido del cable coaxil conectaron a sectores populares de escasos recursos o territorios alejados y les permitieron alcanzar el servicio de televisión.

Es necesario señalar que, pese a la extensión de las políticas públicas, la matrícula en la educación de gestión estatal disminuyó cerca de un 8% para el año 2015 a favor de las escuelas privadas, pudiendo marcarse una tendencia creciente en ese sentido. Por otro lado, siguieron multiplicándose las instalaciones educativas de tipo social sin objetivos de lucro (guarderías, jardines, bachilleratos populares, universidades populares). Al mismo tiempo, empresas internacionales que ofrecen educación mediante ONG y fundaciones siguieron entrando al país y ofreciendo servicios a las instituciones educativas públicas y privadas: campus informáticos de las universidades públicas, administración de sus cuentas sueldo, de sus sistemas de seguridad, de sus aulas virtuales, capacitación de docentes, formación de “líderes”. Algunas se asociaron con empresarios nacionales interesados en realizar inversiones en el campo educativo. Hacia finales del período, la tercerización espontánea de espacios de la educación pública era un hecho.

La LEN había designado cuatro tipos de gestión educativa: pública de gestión estatal, pública de gestión privada (con y sin aporte del Estado), cooperativa y social. Este último tipo, que aún requiere ser reglamentado, alberga una variedad de formaciones educacionales y, por su magnitud, representa un área nueva en la educación argentina y una serie de problemas aún no contemplados por la legislación.

En cuanto a la educación superior (que incluye la formación docente), hubo un importante incremento de la inversión: (32) se crearon veintidós nuevas universidades y un Instituto Universitario, se realizó una fuerte inversión en infraestructura, en investigación y desarrollo y en repatriación de investigadores. Si bien en 2008 la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación realizó una consulta a la comunidad universitaria de amplitud sin precedentes con vistas a dictar una nueva ley, solo al final del período el Congreso de la Nación aprobó una ley modificatoria de la Ley de Educación Superior (LES) dictada durante la gestión de Menem. La Ley 24.5217 de 2015 estableció la responsabilidad y obligación de financiamiento del Estado en la educación superior pública y la supervisión y fiscalización de las nacionales y privadas. Garantizó el carácter gratuito de la educación superior, la prohibición de cualquier otra forma de cobro y el ingreso sin restricciones, estimulando actividades de nivelación u orientación. La modificatoria prohibió a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir convenios que alienten formas de mercantilización y avanzó en un régimen de transparencia del uso de los fondos por parte de las universidades.

El gobierno de la coalición Cambiemos, formada por los partidos Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR) y encabezado por el presidente Mauricio Macri, (33) instaló una política educativa de continuidad con la de Carlos S. Menem, y acorde a los lineamientos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que incorporaron a la educación como un bien transable, y por el FMI. El gobierno encaró la reducción del aporte estatal, a la vez que la apertura a la tercerización de la educación pública. Estimula la participación de ONG y fundaciones privadas en las escuelas y el trabajo de esas instituciones en la formación de “líderes” destinados a reemplazar a los trabajadores de la educación. Promueve la modalidad estatal-privado en programas educativos mediante convenios con empresas nacionales e internacionales.

Si bien durante los tres primeros años el gobierno de Macri no fueron cambiadas las leyes de educación vigentes desde los gobiernos kirchneristas, el gobierno produce situaciones de hecho que encaminan la gestión educativa fuera de esas normas, en el marco de una modalidad de “estado de excepción”. La fuerte desinversión de la educación en el presupuesto 2019 refleja de manera objetiva esa orientación, a lo que debe agregarse una inflación presupuestada del 34,8%. La inversión pública en 2013 había llegado al 8,5%, en tanto el pago de la deuda externa a 6,0% del PBI. En el presupuesto 2019 la inversión en educación desciende a 6,8% y el pago de la deuda asciende a 14,9%. Los programas del Ministerio de Educación sufrirán una variación real de -39,3%, recayendo especialmente en obras de infraestructura en jardines de infantes, formación docente, becas y políticas socioeducativas. En tanto la afectación de estas últimas será de -59,9%, el rubro “Fortalecimiento territorial y acompañamiento de organizaciones educativas” será favorecido con el 673%. El crecimiento de este último ítem favorece el aporte estatal a las ONG y otras organizaciones privadas que buscan extenderse territorialmente.