Gonzalo Gamio - El experimento democrático

El falibilismo se propone modificar nuestra actitud frente a las propias ideas y valoraciones, en consonancia con el espíritu democrático. Esta disposición ética es antiautoritaria. Sostiene que la única autoridad a la que apelamos en una sociedad democrática es la expresión del mejor argumento. Nuestras decisiones y nuestros acuerdos habrían de reflejar un proceso de justificación rigurosa. Esta actitud liberal asume la tesis según la cual cuando discernimos sobre cuestiones relativas a la práctica, no existe tema de discusión que se agote del todo. Siempre es posible que sobre una determinada discusión ética o política aparezca un nuevo argumento que exija reabrir el debate. No existe idea que no sea susceptible de revisión crítica. Los conservadores alegan que una tesis como esa nos lleva a incurrir en el “relativismo”. Este modo de opinar es obviamente absurdo. Suscribir el falibilismo no supone aceptar la presuposición de que “toda opinión es igualmente verdadera” o que “no existen estándares de validez”, las dos aseveraciones identificadas con el “relativismo”. Todo lo contrario. El “relativismo” convierte en silencio el libre intercambio de razones; en contraste, la actitud falibilista confía en el valor del proceso de argumentación en el marco de espacios públicos abiertos a la presentación y el examen de razones. Los estándares de validez se asocian a la capacidad de exponer, contrastar y admitir libremente buenos argumentos en espacios públicos abiertos al trabajo racional. Las meras preferencias y las impresiones subjetivas están fuera de este marco deliberativo. Discutimos acerca de lo que tiene en sí mismo valor, aquello que tenemos buenas razones para considerar digno de compromiso.

Esta perspectiva pone de manifiesto la importancia del encuentro de agentes para dialogar juntos, tanto si logramos arribar a consensos como si descubrimos nuevas dimensiones de nuestros desacuerdos. Las reglas que estructuran nuestra coexistencia, así como los propósitos que orientan la conducción del Estado, dependen de nuestra voluntad y capacidad de razonar en público5. En tiempos de eclipse de la teoría y la argumentación política, el descuido de la reflexión lesiona la vida pública y produce la fragmentación del poder democrático. Cuando el ciudadano resiente estas prácticas, políticos poco escrupulosos aderezan el festín autoritario. Ellos apuestan por personas que se comporten como súbditos, sujetos que los dejen conducir la vida pública sin resistencias ni cuestionamientos. No existe forma de quebrar este circuito de tutelaje y servidumbre, salvo asumir las riendas de la vida pública a través de la acción cívica.

REFERENCIAS

Dewey, John (2014). Naturaleza humana y conducta. México, FCE.

1Este artículo fue publicado originalmente en la Revista Pólemos (2020). Recuperado de: https://polemos.pe/habitos-de-la-mente-acerca-del-valor-de-la-deliberacion-publica/

2Cfr. De Tocqueville, Alexis (1969). La democracia en América. Madrid, Guadarrama.

3Cfr. Bellah, Robert N. et al. (1989). Hábitos del corazón. Madrid, Alianza Universidad.

4Véase Guerrero, Juan Antonio «De la sensación de libertad al ejercicio de la libertad» en: Feijó, Lydia y Ricardo Pinilla (2001). Atreverse a pensar la política. Madrid, UPCO.

5Cfr. Rorty, Richard (1999). Forjar nuestro país. Barcelona, Paidós.

ÉTICA Y DISCERNIMIENTO PÚBLICO1

REFLEXIONES FILOSÓFICAS SOBRE LA FORMACIÓN

EN ÉTICA PÚBLICA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Ética pública y deliberación

Este artículo constituye una aproximación filosófica a la idea de ética pública, los conflictos que ella plantea en el seno de una democracia liberal, así como los modelos de formación en ética pública en el contexto de una sociedad como la peruana, una sociedad que libra un complejo combate contra la corrupción. Resulta evidente que solo generando una cultura cívica poderosa –una cultura conducente a la lucha y a la prevención de la corrupción y las conductas autoritarias–, el Perú podrá consolidar un proyecto genuinamente democrático.

¿Qué se entiende por “ética pública”? Se trata de una disciplina que examina los principios, los propósitos y los modos de actuar que orientan la práctica política en un doble nivel, a saber, el de la administración del Estado en sus diversas facetas y funciones, así como el plano del ejercicio de la ciudadanía en los espacios públicos, disponibles tanto el sistema político y como las instituciones de la sociedad civil. La ética pública evalúa y discute prácticas de diverso cuño, todas relevantes para el curso de la vida en común: nuestros representantes son elegidos para diseñar y ejecutar políticas públicas en nuestro beneficio, o para ejercer funciones legislativas y de fiscalización en el Congreso. Los funcionarios del Estado desempeñan diversas tareas administrativas vinculadas al servicio público. Los ciudadanos son agentes políticos que debaten juntos, incorporan nuevos temas en agenda, defienden derechos ante el Estado, se organizan. Todas esas actividades son políticamente significativas, pero pueden hacerse bien o mal, de manera justa o injusta, ampliando libertades o restringiéndolas, etc. La ética pública se ocupa de estas formas de orientación de la acción en el espacio común.

En efecto, la eficacia no puede constituirse como el único valor ni el fin supremo en el manejo de la cosa pública. El tipo de reflexión crítica del que hablamos pone énfasis en los principios y los procedimientos que sigue u observa la actividad del funcionario y el ciudadano, las motivaciones y las excelencias involucradas en su ejercicio, y no únicamente sus resultados. Valora particularmente las prácticas asociadas al uso transparente de la información y a los procesos de rendición de cuentas en los espacios de vida cívica.

Una de las prácticas políticas más relevantes para la buena marcha de lo público es la deliberación práctica. Ella consiste en la evaluación de las reglas, motivaciones y fines que orientan nuestras decisiones y acciones en los diferentes contextos de la vida común. La deliberación discute en qué medida la selección de determinados medios permite la consecución de ciertos fines, así como examina qué propósitos pueden pertenecer al fin o ser compatibles con un fin éticamente superior (prós tó telón). Se trata de una actividad que formula y somete a prueba argumentos en torno aquello que asigna o priva de sentido a la existencia humana, así como al entorno de normas, instituciones y símbolos en el que habita con otros.

El trasfondo normativo de la deliberación cívica son los principios legales y políticos de la democracia liberal. Se trata de principios de justicia que pretenden regular el régimen de gobierno, las leyes y las instituciones a partir de la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos, así como la promoción de libertades en las esferas públicas y en el ámbito privado. Una sociedad democrática-liberal diseña la estructura política desde el reconocimiento de la pluralidad de comunidades y formas de vida que la habitan, de modo que el sistema de derechos deja un importante margen de elección en torno a la construcción y discusión del proyecto vital en el marco del respeto de la constitución y las leyes2. Un compromiso básico de dicha sociedad se identifica con la configuración de instituciones y espacios sociales en los que puedan adquirirse y cultivarse capacidades humanas que sean constitutivas de una vida de calidad y que sean compatibles con las exigencias de un Estado de derecho constitucional3.

A menudo, se acepta la idea de que la deliberación versa en torno a la precisión y el contraste entre bienes y males, con el objetivo práctico de “hacer el bien y evitar el mal”. Muchas veces, el proceso de discernimiento apunta a establecer una distinción nítida entre el bien y el mal, a la luz de una lectura estricta de los escenarios en los que hemos de actuar. No obstante, en ciertas oportunidades, debemos enfrentar otra clase de conflictos éticos, considerablemente más difíciles. Se trata de situaciones en las que se enfrenta el bien contra el bien, e incluso el mal contra el mal. Se suele describir estos conflictos como “trágicos”, en el sentido en que su eventual resolución no puede ser llevada a cabo sin que el agente experimente algún sentimiento de pérdida4.