Rodrigo Salazar Elena - Instituciones electorales, opinión pública y poderes políticos locales en México

Los estudios de caso están precedidos por el capítulo sobre los efectos del poder de los gobernadores, la naturaleza del vínculo ciudadano y el incremento de los homicidios en los años 2007-2011 en los procesos electorales locales en estos mismos años. Esta parte relaciona el poder de los gobernadores, la proporción de ingresos fiscales propios de los estados y las tasas de homicidios, con la alternancia en el Ejecutivo local, las tasas de participación, las preferencias electorales y la calidad institucional de las democracias locales, concluyendo que la violencia incidió en la disposición ciudadana a participar en las elecciones, pero también en el signo de las preferencias políticas de los votantes; por el contrario, el poder de los gobernadores no influyó decisivamente en la probabilidad de que candidatos de sus partidos ganaran las contiendas electorales locales y, finalmente, el nivel de rentismo del estado también se asoció inversamente a la calidad institucional de su democracia.

Los casos estudiados se seleccionaron para examinar con mayor detalle la distancia entre los diseños formales institucionales de los órganos de administración electoral y los tribunales electorales estatales, y las prácticas políticas reales dentro y fuera de los mismos. Se trató de integrar y mezclar los hallazgos de los estudios comparados realizados en los cuatro primeros capítulos del libro y confrontarlos con los resultados del trabajo cualitativo, construido mediante entrevistas en profundidad a funcionarios y exfuncionarios de los institutos electorales, magistrados y exmagistrados de los tribunales electorales, y periodistas y líderes partidistas de las cuatro entidades federativas seleccionadas. El criterio utilizado nos condujo a seleccionar un estado en donde se alinearon la evaluación positiva del diseño institucional de los órganos electorales y la opinión pública también favorable sobre la calidad de las elecciones locales (Chihuahua), y otro estado en situación opuesta, es decir, con valores negativos en todos los aspectos evaluados, esto es, un mal diseño institucional y una percepción de baja calidad de las elecciones locales (Morelos). Finalmente, se eligieron dos estados con indicadores contrapuestos: el Estado de México, con una evaluación institucional positiva pero con una percepción pública de la calidad de las elecciones negativa y Colima, con una valoración negativa en cuanto al diseño de sus órganos electorales, pero con una opinión pública muy favorable sobre la calidad de las elecciones locales.

Los estudios de caso brindan detalles históricos y políticos que permiten capturar lo “local” de las entidades examinadas. Sin embargo, fue posible encontrar rasgos en común que muestran, en cierta medida, un patrón de comportamiento. Un primer elemento fue la tensión que existe entre los órganos electorales locales y federales, tanto administrativos como jurisdiccionales. En algunos casos se juzga que las autoridades electorales locales son demasiado favorables al Ejecutivo local y al partido en el poder, y que ello se compensa con la “imparcialidad” de los órganos federales; en otros, se habla de una especie de “imposición” de los juicios y valoraciones en los órganos federales respecto de los locales que denuncian “subordinación”. De cualquier modo, sin duda existe una relación compleja (y en ocasiones poco clara) entre órganos electorales administrativos locales y federales. Un segundo elemento en común es la distancia entre las opiniones de los de “adentro” y de los de “afuera”, esto es, los funcionarios o exfuncionarios de los institutos electorales locales y tribunales electorales locales, y los académicos, periodistas, líderes partidistas, entre otros.

En su mayoría, los de “adentro” reiteran la independencia e imparcialidad de estos órganos electorales, frente a los de “afuera”, que invariablemente acusan un “abierto partidismo” y una subordinación de los órganos electorales respecto del Poder Ejecutivo local o gobernador (aunque el grado de injerencia varía entre los estados analizados).

Por último, un tercer elemento en común es el uso de ciertos instrumentos por parte de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales para “sesgar o inclinar la cancha” o el escenario de la competencia política. Entre éstos destacan las decisiones que favorecen al partido en el gobierno, o que perjudican a la oposición; las decisiones que permiten o legitiman la intervención del gobernador; las decisiones a través de las cuales no castigan actos ilícitos, particularmente cuando están vinculados al partido en el gobierno. Los detalles se muestran con amplitud en los estudios de caso.

En conjunto, los hallazgos de los estudios comparados presentados en los primeros cuatro capítulos y los derivados de los estudios de caso permiten presentar al menos cuatro conclusiones generales que, más que reflejar la riqueza de la investigación realizada, invitan a continuar el examen de la democracia en el plano local en México. Una primera conclusión general es que el diseño institucional de los OAE y los TEE aún garantiza elecciones libres y justas, sobre todo desde la perspectiva de la ley. Sin embargo, en la práctica, los procedimientos o decisiones estarían sesgados o manipulados, reflejando la influencia o injerencia de partidos y, más comúnmente, de los poderes ejecutivos locales. El menú de instrumentos abarca desde el control de la independencia de los miembros de los órganos electorales (proceso de designación de consejeros y magistrados), y del presupuesto de esos órganos, hasta decisiones que permiten favorecer a un determinado candidato o partido, lo que se traduce en una “cancha desnivelada o inclinada”. Con ello, la naturaleza democrática de las elecciones locales se erosiona.

Una segunda conclusión general es que la percepción ciudadana respecto de la calidad de las elecciones está fuertemente influida por las alineaciones partidistas, la percepción de las elecciones federales (en particular la de 2006), y, en menor medida, por la percepción de la imparcialidad de los órganos electorales locales y el desempeño del gobernador. Esto sugiere, ante todo, que la legitimidad de las elecciones es resultado de un complejo conjunto de factores, entre los cuales destacan las instituciones y los diseños institucionales, pero también otros igualmente relevantes, como el comportamiento de los partidos políticos, poco sujetos a escrutinio.

Una tercera conclusión, derivada de uno de los hallazgos menos esperados de la investigación, es que, en conjunto, no existe relación directa entre las tres variables investigadas: estados con altos niveles de independencia y eficiencia en sus OAE, no se corresponden necesariamente con altos niveles de independencia y transparencia en sus TEE, ni con una percepción ciudadana favorable de la calidad de las elecciones. A partir de un análisis con componentes principales, se encontró que existe una relación general entre tribunales electorales e institutos electorales, pero la opinión pública respecto de la calidad de las elecciones locales en realidad es casi independiente.

Una cuarta conclusión general es que se advierte un conjunto de factores políticos (exógenos) que median el funcionamiento de las instituciones y la percepción sobre aquéllos, y que influyen, por tanto, en la alineación entre los órganos electorales y la percepción ciudadana sobre la calidad de las elecciones. Destacan los siguientes: polarización ideológica, partidirarización de la opinión pública y en general la composición del sistema de partidos; poder de los gobernadores (en particular el control de los congresos locales y la dimensión de su contingente legislativo), la presencia y fuerza de los partidos de oposición en los congresos estatales, la independencia del Poder Judicial, y el sistema de controles estatales, por señalar los más importantes.