Cecilia Barraza Morelle - Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia

El problema de investigación abordado surge de la preocupación sobre los posibles riesgos para la exigibilidad de los derechos humanos; y, en particular, para su cumplimiento y protección por parte del Estado, que puede ocasionar la utilización intencional, descontextualizada y politizada de conceptos e ideas que generan respuesta social polarizada y que atentan contra un marco de derechos ya reconocido por el Estado en instrumentos nacionales e internacionales que ha suscrito. Los debates que suscitó el uso de la categoría género en el Acuerdo de Paz pusieron en riesgo los avances alcanzados en temas de igualdad de género tanto para mujeres como población lgtbi2, no solo en el marco del Acuerdo, sino también en otros campos de las políticas públicas nacionales y contribuyeron o hicieron evidente la polarización de la sociedad colombiana.

El objetivo de este estudio fue analizar de qué forma un sector político utilizó el concepto género —tanto en su significado como en su representación— para movilizar a una parte de la sociedad colombiana en contra del Acuerdo de Paz a través de la generación de noticias falsas que apelaban a una serie de “modos de actuar, de pensar y de sentir”3 anclados en la cultura, generando riesgos para la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de la población lgbti.

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo mediante un estudio de caso —el uso del género en torno al Acuerdo de Paz—. Para ello, se construyó un marco conceptual con los aportes de la sociología y los derechos humanos, se revisaron los hechos a partir de fuentes secundarias principalmente de prensa y se realizó un análisis de lo que finalmente se incorporó en los Acuerdos de Paz en materia de género para determinar si en dichos acuerdos se garantizó un enfoque diferencial de los derechos humanos. Finalmente, se plantearon unas conclusiones sobre los riesgos que enfrentan los derechos humanos para su exigibilidad y justiciabilidad en sociedades altamente polarizadas.

La masculinidad hegemónica puede definirse como la posición social dominante de un tipo de masculinidad que ejerce poder y mantiene formas de coacción y coerción social en la cual las mujeres y otras formas de masculinidades ocupan una posición subordinada y en la que impera un deber ser de sociedad sustentada en un supuesto orden natural, construido a partir de posturas tradicionales con fuerte arraigo religioso y sustentada en la familia heterosexual, en el rechazo a la diversidad sexual y a los derechos reproductivos y, en general a cualquier transformación social que ponga en riesgo lo que considera un orden preestablecido.

No se pretende afirmar que la masculinidad hegemónica sea estática e inmodificable o se exprese solo a través de un único tipo de comportamiento social, ya que, como cualquier otra forma de organización social, se ha transformado y acomodado a los cambios que al interior del sistema social se han generado en distintos contextos históricos y conviviendo con otras formas de masculinidades (Ramírez y García Toro, 2002, p. 5).

Rómoli (2014), siguiendo los planteamientos de Durkheim, señala que la masculinidad hegemónica es un hecho social4, toda vez que está definida por un conjunto de:

construcciones sociales, nunca naturales, que preceden al individuo e impuestas y naturalizadas para los miembros de una sociedad concreta. En sintonía con los estudios de masculinidad, el autor [refiriéndose a Durkheim] devela los hechos sociales como dotados de un poder de coacción ejercido de manera difusa por toda la sociedad bajo la forma de las costumbres. En otras palabras, las voluntades son orientadas a adecuarse a ello y quienes se opongan o no acepten, sentirán la imposición de una obligación social. En el mismo sentido, la masculinidad es pensada como los hechos sociales, como difíciles, pero no imposibles de modificar, y en cierta manera de visibilizar. (Rómoli, 2014, p. 10)

Recogiendo el planteamiento de Rómoli (2014), podría señalarse que esta masculinidad hegemónica, hecho social constitutivo del patriarcado, genera una serie de dispositivos de coacción y coerción social cuando se siente en peligro. Uno de los peligros actuales para la vigencia de la masculinidad hegemónica se materializa en el concepto de género como categoría de análisis social que cuestiona el orden supuestamente natural del ordenamiento social e introduce a la cultura como constructor y reconstructor de ese orden social.

La masculinidad hegemónica supone una serie de arreglos de género que la sociedad en su conjunto normaliza. De esta forma, otras expresiones de masculinidades y feminidades que no responden a lo socialmente esperado generan, por un lado, confrontación social y cuestionamientos y, por otro, transformación social. No obstante, esa transformación social no basta con expresarse en un reconocimiento de un derecho para que sea aceptada como parte del orden social, ya que en sí misma constituye un peligro para la vigencia de un sistema social jerarquizado. Rómoli (2014), basándose en los estudios de Connel, Bonino y Bourdieu, plantea que la masculinidad hegemónica se sustenta en tres elementos: la heterosexualidad, la misoginia y la homofobia. Estos elementos generan “una práctica social, que se materializa en espacios sociales concretos y que subordina ciertas alteridades: todas las mujeres y aquellos varones que no cumplan con sus atributos” (Rómoli, 2014, p. 5).

La masculinidad hegemónica se resiste al cambio de muchas maneras, rechazando otras formas de sexualidad diferentes a la heterosexualidad, degradando a las mujeres —particularmente a las que no responden a un modelo de subordinación— y rechazando otra forma de familia diferente a la heterosexual. No obstante, esos sectores de la sociedad que cuestionan la jerarquía social impuesta por la masculinidad hegemónica han logrado permear esas estructuras y alcanzar ciertos niveles de reconocimiento social (Molina, 2017, p. 40). Por ejemplo, en el caso colombiano se ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos, sin embargo, los avances a nivel normativo en garantía de derechos de las mujeres y de la población lgtbi aún no se corresponden con el ejercicio pleno de dichos derechos. En otras palabras, la sociedad se ha transformado y la masculinidad hegemónica que aún impera ha tenido que ceder y reconocer derechos. Sin embargo, desde esa masculinidad hegemónica aún se puede apelar a una serie de “modos de actuar, de pensar y de sentir” que movilizan a una parte de la sociedad a oponerse al cambio generando diversas formas de resistencia. En ese escenario, el género como categoría de análisis social se convierte en su enemigo bajo el nombre de “ideología de género”, con lo cual es necesario movilizar a la sociedad en contra de lo que esa categoría representa como amenaza al orden establecido. En esa lógica el eco del concepto género que prevalece en la sociedad como factor de riesgo del orden establecido es justamente su potencial transformador: el orden social no es natural sino cultural y, por tanto, modificable.

La Real Academia de la Lengua Española incorporó desde el 2007 el concepto de posverdad, definiéndolo como una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales” (rae, 2017). Si bien el concepto es nuevo, se utilizó por primera vez en el 2010 en lengua inglesa post truth5 y en el 2016 cobró mayor difusión y análisis con los resultados del Brexit y de la campaña presidencial de Estados Unidos que dio el triunfo de Trump (Muñoz, 2016, p. 2). A través de la historia, se ha recurrido a la distorsión de la realidad como estrategia política. Ejemplos históricos hay muchos en el siglo pasado, aunque tal vez los más evidentes fueron los usados por regímenes autoritarios a través de propaganda política como el nazismo, estalinismo y los usados por las dictaduras del Cono Sur en América Latina.