AAVV - Valencianos en revolución

El punto de partida imprescindible es no desentenderse del discurso de nación pero tampoco considerarlo como un conjunto de conceptos o ideas autosuficientes, entre otras razones porque ningún discurso es significativo en sí mismo al margen de cierto contexto comunicativo. A nuestro modo de ver, el análisis histórico no consiste en salvar el vacío entre «discurso» y «realidad», sino en analizar cómo los actores históricos configuran los mundos que heredan, habitan y conforman. 11 Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio, es importante considerar de qué tipo de fenómeno hablamos. En nuestra opinión, la característica más general de la coyuntura de 1808-1812 y que manifiestan las fuentes de manera reiterada es la extrema contingencia de aquel momento histórico en cual se improvisaron y se activaron distintos discursos de legitimación (entre otros el de nación soberana). Asimismo, habría que subrayar que esta contingencia radical se expresó en un miedo a la desintegración de la monarquía, a la disolución de la patria, por decirlo así, se manifestó en un vértigo territorial.

En este sentido, centrar nuestro análisis en el estudio de las juntas provinciales para comprender como se articuló el proyecto liberal de nación española supone abordar el discurso de nación como un discurso estratégico. Las juntas eran, desde el principio, parte de un proceso saturado de patriotismo español y, al mismo tiempo, actuaron como catalizadoras de otros patriotismos territoriales o locales que no eran contradictorios con la lealtad al marco político español definido por la monarquía. Además, las juntas se convirtieron, también desde el principio, en uno de los problemas básicos que determinadas versiones del patriotismo nacional trataban de resolver a medida que se desarrollaba la crisis. Para tratar de entender este proceso, lleno de ambivalencias, tenemos que partir de una idea clave: la nación liberal no estaba predefinida (ni por un «viejo sueño» ancestral, ni por los intereses de la burguesía) sino que se fue definiendo a lo largo de la crisis como un recurso para dar respuesta a los desafíos que fueron surgiendo. Por eso, el discurso de nación durante la Guerra de la Independencia no se puede analizar al margen de la complejidad del contexto territorial producido por la quiebra de la monarquía.

En el presente texto, sin embargo, no pretendemos agotar este tema, sino que nos centraremos, concretamente, en lo que podríamos llamar el «momento de las provincias» de la crisis de la monarquía en 1808 y 1809. Lo haremos analizando el papel de las juntas provinciales en la creación de la Junta Central, en 1808, y en el debate abierto en 1809 sobre la convocatoria de Cortes. Asimismo, prestaremos atención al proceso concreto mediante el cual de las «provincias» de 1808 fue emergiendo un ámbito nacional definido a escala española peninsular. Fundamentalmente nos ocuparemos de la peripecia de dos de las juntas más activas: la Junta de Sevilla y, especialmente, la Junta de Valencia, las cuales, como se verá, hicieron suya en aquella coyuntura la voz de las «provincias» y con ello crearon un campo de tensiones en el que lo que estaba en juego era la voz de la «nación».

«¿Y QUÉ DERECHO TIENE UNA PROVINCIA A ALZARSE CON LA SOBERANÍA?»

La presencia de poderes territoriales a través de las juntas provinciales a partir de 1808 constituyó una «federación» de hecho de la monarquía española. Una circunstancia que condicionó profundamente todo el proceso político, como mínimo, hasta la reunión de las Cortes. Es importante precisar, sin embargo, que como en cualquier revolución esta situación fue el efecto de una toma del poder gracias a circunstancias excepcionales y no el resultado de un programa de federación del Estado. José María Portillo ha señalado que en el establecimiento de las juntas, en rigor, no intervino una voluntad revolucionaria de asumir la soberanía en nombre de la nación sino que, más bien, la toma del poder se justificaba por el carácter ilegitimo de la deposición de Fernando VII. En opinión de este historiador, se trataba, más exactamente, de asumir la soberanía «en depósito» hasta que el monarca legítimo fuese restablecido en el trono. Se trata de una precisión necesaria para no perder de vista como concebían sus actos muchos de los protagonistas de aquellos acontecimientos. Expresiones como «revolución de las provincias» o «federalización» de la monarquía eran categorías post facto para designar acontecimientos que ya habían tenido lugar de manera abrupta y sin que interviniese una elección conscientemente revolucionaria por parte de la mayoría de los actores que las habían protagonizado. 12

Teniendo en cuenta esta precisión, se entiende mejor la complejidad de la situación creada en la primavera y el verano de 1808. La naturaleza eminentemente local y regional de los alzamientos patrióticos generó espacios provinciales autónomos y propició la fragmentación del «depósito» de la soberanía o, mejor dicho, el «depósito» nació fracturado y el problema sería componer una soberanía unitaria a partir de un punto de partida como este. En una situación de vacío de poder como la de 1808, la visión tradicional de la monarquía como un agregado de cuerpos ofrecía un marco de comprensión difícil de obviar a la hora de dotar de significado al protagonismo de los «pueblos» en plural. El uso de un lenguaje corporativo no desentonaba demasiado en unas juntas en las que las autoridades tradicionales continuaban ocupando los lugares preferentes. 13 En un contexto como este no es extraño que el lenguaje de las juntas estuviese impregnado de un corporativismo provincial del que se pueden encontrar raíces doctrinales clásicas, probablemente en una cultura juridicoteológica escolástica. 14 Ahora bien, eso no nos debería de llevar a perder de vista que en el lenguaje corporativo del alzamiento del 1808 se mezclaba una voluntad reformista y que todo ello era una respuesta a problemas relativamente nuevos, en concreto a la situación creada por el patrimonialismo dinástico que identificó al régimen de Godoy y, por cierto, también al de José Bonaparte; como ha señalado Jesús Millán, regímenes «modernizantes» y sin embargo caracterizados por una nítida segregación de la sociedad respecto a la esfera de decisiones políticas. Por eso, siguiendo a este historiador, podemos decir que el corporativismo provincial de las juntas no debería de valorarse como expresión de un orden tradicional fijo, como un síntoma de una especie de atavismo colectivo, sino que más bien habría que verlo como un contexto que generaba su propia dinámica e incluía interpretaciones divergentes. 15

En este sentido, desde nuestro punto de vista, el factor decisivo no es la composición social de las juntas sino el modo como se formaron. En efecto, las juntas estaban integradas en la mayoría de los casos, por las autoridades tradicionales codo a codo con sujetos del patriciado local. Pero lo decisivo es que, allí donde las autoridades tradicionales no se vieron depuestas –en algunos casos violentamente– se vieron más o menos forzadas a encabezar los alzamientos por la presión tumultuaria popular o ante el temor a que se produjesen insurrecciones incontrolables. 16 Eso no significa, claro está, que las juntas fuesen la expresión de la voluntad popular tout court , pero sí que implica que estas corporaciones estaban forzadas a ganarse la legitimidad ante un público plebeyo movilizado localmente o bien a imponerse reprimiendo esta movilización, y no faltan ejemplos de cada una de estas opciones, incluso en una misma junta.

El caso valenciano representa probablemente el ejemplo más claro de la creación de una junta en un contexto local extraordinariamente volátil. Como mostraron los trabajos de Manuel Ardit, en las semanas posteriores al alzamiento contra el «gobierno intruso», el 23 de mayo de 1808, la ciudad de Valencia vivió una serie de tumultos populares que obligaron al capitán general y al resto de autoridades a formar una junta de gobierno, forzadas también por la capacidad de iniciativa de clan de los Bertrán de Lis. La formación de la junta debía servir al patriciado local para contener la efervescencia popular que se había saldado con la muerte violenta del barón de Albalat el 27 de mayo. Pero la situación devino caótica con la matanza de centenares de franceses durante los primeros días de junio, una oleada de violencia que se extendió por diversos puntos del reino. La insurrección violenta de los días 5, 6 y 7 de junio, capitaneada por el canónigo Baltasar Calvo, fue un desafío en toda regla a la Junta a la que se quería depurar de «traidores». Por si todo esto no fuese suficiente, las autoridades militares habían dado claros síntomas de descomposición durante la incursión del mariscal Moncey, aunque la ciudad había resistido el breve sitio a que había sido sometida por las tropas francesas el 28 de junio de 1808. 17 Resulta claro, pues, que si como parece había grupos de patricios decididos a precipitar los acontecimientos, como el grupo de los Bertrán de Lis, lo cierto es que perdieron el control de la situación; testimonios como el del padre Juan Rico manifiesta, además de una clara animadversión hacia la nobleza, la imagen de un caos violento que nadie era capaz de controlar. 18