AAVV - Los Servicios Sociales en la provincia de Valencia

2. La ordenación actual: situación legal y su ordenación

El sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana presenta escasa legislación básica que establezca y ordene el sector, en cambio presenta gran cantidad de legislación de menor rango (decretos, órdenes, resoluciones y circulares) que propician la desestructuración y dispersión del sector, y que se modifica de forma constante en función del capricho del legislador, no en función de la necesidad real de las mismas.

Como legislación básica existen las siguientes: Ley 5/97 de Servicios Sociales de la CV, Ley 9/2007 de Renta Garantizada de Ciudadanía de la C.V, Ley 12/2008 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la C.V, Ley 13/2008 reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar de la C.V (que prácticamente han desaparecido), Ley 5/2009 de Protección de la Maternidad 8, Ley 7/2012 Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la C.V, y Ley 11/2003 sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. En la legislación básica no aparecen temas tan necesarios como: ordenación funcional de los Servicios Sociales (generales y especializados); una ordenación territorial; una cartera de recursos de sistema; calidad; financiación del sistema; …

La primera ley de Servicios Sociales de la C. Valenciana (Ley 5/1989) es similar a todas las de primera generación que «tienen la virtud de conseguir institucionalizar un nuevo sistema de protección social» (Santos, 2012: 106). Con ellas «se busca diseñar un sistema claramente diferenciado de la herencia benéfico-asistencial propia del periodo franquista» (Carbonero y Caro, 2013: 123).

En el año 1997 se aprueba la segunda ley, la Ley 5/97 de Servicios Sociales de la C. Valenciana, que pertenece al grupo de las leyes de segunda generación. Para Vilà (2012) no aportan nada nuevo o substantivo a las anteriores, solo buscan la extensión y consolidación del sistema, y en algunos casos, solo dejar la impronta política del nuevo partido que asciende al poder. Esto último fue lo sucedido en la C. Valenciana, aprobándose una nueva ley que prácticamente no ha sido desarrollada 9. En los años siguientes el Consell inicia una etapa de aprobación de normativas que como hemos comentado anteriormente, lejos de armonizar el sistema, lo fragmentan y diluyen, incluso contradicen a la Ley 5/97 (Uceda-Maza, Pitarch, Pérez-Cosín y Rosaleny, 2012). Este nuevo modelo que no cumple sus propias normativas, es desestructurado y disperso, y sobre todo oscuro y graciable, es lo que ha sido denominado en múltiples ocasiones El Modelo Valenciano de Servicios Sociales , que en realidad debe ser considerado un antimodelo . Este «antimodelo» se caracteriza por «haberse desarrollado de forma centralizada, desordenada, con escasa calidad y al margen del territorio» (Uceda-Maza, Domínguez y Martínez, 2015: 111).

La Ley 5/1997 de Servicios Sociales de la C. Valenciana determina las competencias de la Generalitat Valenciana en Servicios Sociales, estableciendo entre otras la de «elaborar un plan general de Servicios Sociales de carácter plurianual que tendría como objetivo reducir los desequilibrios territoriales y las deficiencias estructurales en dicha materia en el ámbito de la Comunitat Valenciana» (art 5.a) y «establecer las prioridades tanto en la programación de las actuaciones como en las inversiones que deban realizarse en los equipamientos de Servicios Sociales» (art. 5.c).

Como explica Elena Roldan en las Primeras Jornadas Nacionales sobre Planificación en Servicios Sociales 10;

En las leyes autonómicas la competencia o facultad de planificación se encomienda sistemáticamente al gobierno de la respectiva comunidad autónoma, por medio de los planes y programas de actuación que apruebe. Algunas leyes contemplan expresamente el Mapa de Servicios Sociales como el instrumento técnico general de información, planificación y programación que deberá ser periódicamente actualizado y ha de servir de base para la elaboración de los planes y programas de actuación. (2007: 24).

En esta Ley 5/97 de Servicios Sociales de la C. Valenciana no se nombra específicamente la realización del Mapa de Servicios Sociales, pero sí de un Plan General de Servicios Sociales, en el cual a nuestro juicio estaría incorporada la mapificación como instrumento esencial de cualquier planificación. Para encontrar en nuestra Comunidad un instrumento de planificación cabe retrotraerse a 1991 (hace 25 años) cuando se realizó la Mapificación de los Servicios Sociales de la C.V , posteriormente no se ha actualizado el documento ni se ha realizado ningún documento de planificación paralelo.

Yendo a aspectos más concretos del sistema valenciano vemos que se distingue entre los Servicios Sociales generales y los especializados . Los primeros se configuran como atención en primera instancia de las necesidades básicas desde los municipios, y los segundos están destinados a la atención de sectores de población con una mayor coordinación y articulación en el ámbito técnico y profesional, y deben ser desarrollados desde la Comunidad Autónoma.

A los generales se les dota del siguiente contenido : a) Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento Técnico; b) Servicio de Ayuda a Domicilio; c) Programas de Cooperación Social; d) Programas de Convivencia y Reinserción Social; e) Programas de Ocio y de Tiempo Libre; f) Programas que tendrán como objetivo la atención de las necesidades más básicas y g) Programas de Prevención y Reinserción Social. Y los Servicios Sociales especializados de competencia de la Generalitat que los divide por sectores de población como, infancia, juventud, tercera edad…estigmatizando así en parte a estos colectivos, en lugar de dividirlos por la atención que se deben prestar a las necesidades de las personas en general, como hace la gran mayoría de CC.AA.

Reparte las competencias entre la Generalitat y los entes locales , dando a las Diputaciones la competencia de apoyar a los municipios de menos de 10.000 hab. No existe un nivel intermedio de Servicios Sociales entre lo local y lo autonómico, los llamados – Servicios Sociales específicos –, como en otras CC. AA, y ha sido el nivel local el que ha tenido que encargarse de desarrollar numerosos programas específicos, que superan su capacidad, en sectores como la infancia, mujer, exclusión social, tercera edad… generando obligaciones y costes que corresponden a la Generalitat Valenciana. Para los Servicios Sociales generales no se ha realizado ninguna normativa o documento de planificación, y lo mismo sucede con los Servicios Sociales especializados. La organización territorial y funcional de los Servicios Sociales Valencianos es una asignatura pendiente después de 20 años.

La Ley 5/97 de Servicios Sociales apoya una mercantilización de lo social (art. 13 y del 45 a 53), ya que anunciaba una progresiva extensión de la privatización en los Servicios Sociales Especializados en la que participan las organizaciones del sector no lucrativo, las entidades mercantiles y la solidaridad social (voluntariado). En la Comunidad Valenciana se ha roto el equilibrio entre los diferentes sectores, destacando un progresivo incremento en la prestación de servicios desde el sector privado, fundamentalmente desde entidades mercantiles, así como desde organizaciones no lucrativas. En este sentido se ha producido un proceso de mercantilización orientada a la demanda , caracterizada en limitar la intervención pública, tanto en la financiación de los servicios como en su prestación, y en proceder, simultáneamente, a la adopción de medidas destinadas a incrementar la demanda de Servicios Sociales privados. La idea básica de este modelo es que, con el apoyo y los incentivos adecuados, la demanda puede reorientarse hacia la oferta privada, determinando así la creación de un mercado privado de servicios.