AAVV - Los Servicios Sociales en la provincia de Valencia

Otros datos del DEC 2015 nos indican que seguimos siendo la última CC. AA en aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia con tan sólo un 3,82% de la población dependiente atendida cuando la media estatal se sitúa en el 7,77% y la CC. AA mejor posicionada, Castilla- León, con un 11,80%.

Lo mismo sucede en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía donde los datos que presenta el DEC nos vuelve a situar a la cola de su aplicación y con una valoración de cero.

Tabla 5. Rentas Mínimas de Inserción. Cobertura. Ratio de perceptores/as de rentas básicas por población bajo el umbral de pobreza (<60% de la mediana de renta)

Fuente: Asociación estatal de gerentes y directoras de Servicios Sociales

De la tabla se desprende que en la C. Valenciana solo un 3,3% de la población en riesgo de pobreza percibe esta renta garantizada de ciudadanía frente a la media estatal del 6,7% y cuando tenemos una tasa de riesgo de la pobreza del 24,4%. Estamos muy lejos de CC. AA como la Navarra o la del País Vasco que con mucha menor tasa de riesgo de pobreza tienen unos altos porcentajes de percepción de esta renta en las familias con necesidades.

Somos una de la CC. AA donde la pobreza es más elevada y a su vez somos una de la CC. AA donde menos se perciben ingresos para tratar de superarla.

4. Análisis del sistema en referencia a otros sistemas autonómicos

Para poder analizar el sistema valenciano se ha procedido a realizar un análisis documental de las legislaciones más modernas en Servicios Sociales 17de España, es decir de las Leyes de tercera generación 18. Se ha intentado que sea lo más detallado posible tanto del conjunto de legislación como de las directrices de planificación de las diversas CC.AA.

En éste análisis se ha recogido solamente los ítems substantivos de las diferentes leyes seleccionadas que permiten trazar un panorama global. La comparativa entre legislaciones se plantea en base a; a) el acceso al sistema, b) la organización funcional y territorial, c) las metodologías de trabajo y participación, d) la calidad y e) la financiación, y todo ello bajo la existencia o no de una planificación que ayude a mejorar el sistema.

Este análisis nos desvela que el ACCESO AL SISTEMA está definido de forma genérica como acceso universal para el conjunto de la población, aunque todas matizan que residentes legales o ciudadanos de la UE, dejando explícitamente fuera a los inmigrantes/residentes/extranjeros ilegales. La Comunidad Valenciana 19utiliza las denominaciones poco precisas y anticuadas de «valencianos/as, transeúntes y extranjeros con tratado de reciprocidad» y respecto a la situación de los inmigrantes irregulares numerosas nuevas órdenes los excluyen de las prestaciones principales.

El conjunto de legislaciones analizadas menciona que se basan en el derecho subjetivo de uso de prestaciones del sistema, pero enseguida aclaran que este derecho subjetivo solo es referente a las prestaciones que la propia ley o que sus catálogos de desarrollo determinen como esenciales o garantizadas. En la C. V. el derecho subjetivo es inexistente en todos los ámbitos de los Servicios Sociales. De hecho, el índice DEC 2015 20otorga a esta comunidad un cero absoluto en el apartado de derechos y decisión política. La implantación del derecho subjetivo supone un cambio de relación entre la ciudadanía y la administración proveedora de servicios, y ello implica un cambio de procedimiento y de metodología así como de conciencia ciudadana, es decir, los Servicios Sociales son exigibles ante el orden jurisdiccional (como el derecho a la educación o a la salud) y, continuar en el ámbito asistencial supone que se encuentran sujetos a limitaciones presupuestarias, organizativas y valorativas sobre su conveniencia o no, es decir en la discrecionalidad de la que se acusaba precisamente al marco de beneficencia y asistencia social, y que se repite hasta la saciedad que se ha superado 21.

Con respecto a la existencia de un Catálogo de Servicios Sociales y de una Cartera de Servicios Sociales, cabe destacar que todos mencionan ambos instrumentos y casi todas los tienen bien desarrollados. El instrumento menos desarrollado es la Cartera, falta en algunos de ellos. Se ha generado la legislación para concretar la cartera de servicios que han de otorgar las entidades locales, pero en algunas ocasiones falta definir los propios de la responsabilidad autonómica (Galicia e Illes Balears).

Sobre la existencia de Catálogo o Cartera de Servicios Sociales en la C.V, ni se menciona la posibilidad de su existencia en la Ley 5/97 ni en ningún otro documento/Decreto/orden que se haya realizado en los últimos 30 años. No existen Catálogo y Cartera de servicios, no son visibles los recursos existentes, no se concreta el acceso a ellos, de quién dependen, etc. El sistema valenciano sigue anclado desde el punto de vista del derecho en lo asistencial y en ocasiones en lo benéfico. Los derechos subjetivos no existen en la Comunitat Valenciana.

Sobre la existencia de una PLANIFICACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES se detecta la inclusión de la misma en las diversas CC.AA. Casi todas disponen de planes estratégicos 22, bien de Servicios Sociales o sectoriales, que unificados pueden dar una planificación integral del sistema, pero la Comunitat Valenciana, aunque lo menciona en su art 5 de la Ley 5/97 de Servicios Sociales como competencia de la Generalitat, nunca ha realizado ningún intento planificador. La última planificación conocida es del año 1990-1991, en Doménech y García (1990).

Sobre LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA todos tienen una similar organización funcional de Servicios Sociales de atención primaria o comunitaria , basados en atender a la ciudadanía en su entorno habitual y que en múltiples casos se subdividen en básicos –haciendo referencia a los que definía el PCPB– y específicos para mencionar aquellos que han ido apareciendo con los años y que se prestan con una mayor intensidad o especialización que los anteriores pero siempre dentro de un trabajo comunitario, y los Servicios Sociales especializados , que ya se prestan fuera del ámbito de residencia del ciudadano/a, basados en la asistencia un recurso de tipo más residencial y con una intensidad de prestación elevada.

Es necesaria una organización funcional urgente ya que el nivel intermedio de los Servicios Sociales específicos no existe de forma organizada y se está desarrollando por cada Ayuntamiento, creando por su cuenta servicios específicos que les es difícil de mantener y que pueden desaparecer si se aplica de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, o que en muchos casos ni siquiera se han creado, ya que no existe planificación que lo decida ni lo obligue, configurándose así una división entre pueblos de primera y segunda categoría en cuanto a Servicios Sociales. La subdivisión funcional de los servicios comunitarios en básicos, a prestar por los ayuntamientos o mancomunidades, y en comunitarios específicos, a prestar por comarcas, sería la acertada a la realidad poblacional de nuestra Comunidad. La necesidad de planificación autonómica en el sistema de Servicios Sociales es abrumadora.

La organización territorial en el conjunto de las leyes se basa en la creación de zonas básicas de Servicios Sociales (con unos 20.000 hab. y encargada de los servicios comunitarios básicos) y áreas de Servicios Sociales que contendrán varias zonas básicas de Servicios Sociales (la media poblacional para ellas que se menciona en la diversas leyes y planificaciones es de 100.000 hab. y es donde se prestaran los servicios comunitarios más específicos). La prestación de los Servicios Sociales especializados que corresponden a las CC. AA está reflejada en las diversas planificaciones y se realiza en base al tipo de servicio y las necesidades de las zonas en concreto, observándose en el análisis documental realizado que casi siempre son fruto de una planificación estratégica donde han trabajado tanto ciudadanos/as como técnicos/as y administración pública. Esta organización territorial no está realizada en la Comunitat Valenciana, y es algo fundamental, ya que el territorio es la base de ordenación del sistema, y como se ha indicado antes la comarca debe empezar a jugar un papel importante en el sistema.