AAVV - El tercer sector en España y en Europa

La aplicación de medidas de ajuste presupuestario ha sido generalizada en estos últimos años. La percepción más extendida en el tercer sector español es que «debemos dar respuesta a unas necesidades crecientes con menos dinero y menos recursos humanos». El impacto de estas políticas presupuestarias restrictivas ha sido profundo en el tercer sector social. De hecho, ha constituido su segunda crisis.

La tercera crisis también tiene su origen en el sector público y en este caso en su modo de relación económica con las OTS. Esta relación se ha transformado en estos años, tornándose más difícil. Puede calificarse de política de austeridad cualitativa. Está basada en los innumerables obstáculos a los que han de hacer frente las OTS en su relación con el sector público. Estos obstáculos trascienden la burocracia, ya en sí problemática. Incluyen la precariedad en los procesos de convocatorias-solicitudes-justificaciones-pagos. Las demoras excesivas en las convocatorias de ayudas, las dificultades en responder a las solicitudes en tiempo y a implementar los proyectos hacen imposible cualquier mínima planificación y generan una precariedad estructural grave: «no se puede publicar una orden de ayudas en octubre e incluso en noviembre y apenas unas semanas después exigir las justificaciones de lo ejecutado y de lo pagado, cuando encima, no sabemos cuándo nos pagarán, si este año que viene, al otro o al siguiente» (entrevista a responsable de TSO, mayo 2015).

Por último, la cuarta crisis del tercer sector tiene su origen en el colapso de las cajas de ahorros. Las cajas constituían la mitad del sector financiero español antes de la crisis y la principal fuente de financiación privada tradicional para el TS.

2.2. Infraestructuras del sector

Las plataformas del tercer sector ( umbrella organizations ) desempeñan principalmente funciones de representación, de reivindicación y de difusión de la imagen y de las acciones del tercer sector en su conjunto, así como de creación de espacios de entendimiento entre las propias OTS. La principal de estas plataformas es la Plataforma del Tercer Sector, de ámbito nacional.

Muy pocas plataformas proporcionan a las OTS servicios de orientación, estudios, formación general y especializada u otros servicios como reclutamiento de mano de obra y voluntariado, asesoramiento legal o financiación. Uno de los pocos ejemplos de plataformas que proporciona estos últimos servicios es Lares y su fundación. En muy pocos casos se han creado organizaciones de apoyo y agencias especializadas distintas de las propias plataformas del tercer sector. Los casos más conocidos son el OTS Observatorio del Tercer Sector de Cataluña, el OTS Observatorio del Tercer Sector de Vizcaya y la Fundación Luis Vives.

Las plataformas del tercer sector realizan una labor de vigilancia y de acopio de información necesaria para identificar o prever cambios, y trasladan posteriormente esa información a las OTS. Hacia el público en general realizan una labor de sensibilización social, fomentan la atención de los medios de comunicación, visibilizan el valor añadido de las OTS y fomentan el asociacionismo y el voluntariado. Dada la elevada heterogeneidad y atomización en este sector social, la creación de las plataformas del tercer sector también promueve espacios de entendimiento y cataliza colaboraciones, en lugar de espacios de confrontación y competencia, así como ayuda a generar una identidad colectiva común y un sentido de pertenencia. Finalmente, las plataformas del tercer sector presentan dificultades para desplegar servicios debido a que pueden entrar en competencia con las OTS pequeñas o de base.

La incidencia política es una de sus principales funciones. Las plataformas del tercer sector son creadas para representar al sector, defender sus intereses y unificar discursos ante los poderes públicos y los demás interlocutores sociales. Desarrollan una función doble en relación con la reglamentación pública, una labor proactiva y otra reactiva. La labor proactiva se traduce en la incidencia para proponer a los poderes públicos nueva regulación para el sector. En esta línea, dos de los últimos logros han sido las aprobaciones a finales de 2015 de las leyes estatales del tercer sector social y del voluntariado. En su labor reactiva, estas plataformas del tercer sector están alerta ante las nuevas normas propuestas al margen de su labor de incidencia y que pueden ser obstáculos jurídicos para el desarrollo del tercer sector. En este contexto, un dirigente de la Plataforma del Tercer Sector subrayaba la labor de esta plataforma para limar los problemas derivados de la nueva fiscalidad y de la nueva normativa sobre subvenciones, aprobadas estos últimos años, que habrían perjudicado seriamente a las OTS, especialmente a las más pequeñas (entrevista a directivo de la PTSE, noviembre 2014).

2.3. Financiación

Recursos financieros

La estructura financiera de las OTS de servicios sociales es altamente dependiente de la financiación pública. El porcentaje de financiación pública era ya elevado con anterioridad a la crisis, situándose en el año 2008 entre el 61,3% para España (Ruiz, 2015: 94) y el 49% en Cataluña (Anuari TS Catalá, para 2009). Sin embargo el grado de dependencia es desigual entre los tipos de OTS, por lo que el impacto de las políticas de austeridad presupuestaria aplicadas durante los años de crisis ha sido también desigual. Así, la financiación pública representaba dos tercios de la financiación de las OTS de tamaño mediano. Estas OTS eran las que habían experimentado un mayor crecimiento y expansión durante la época de bonanza económica anterior a la crisis. Fueron las que sufrieron la mayor reducción de fondos públicos. Otro grupo de OTS, las muy grandes y las «entidades singulares», presentan una dependencia menor respecto de la financiación pública (en torno al 33%). Y finalmente las OTS de pequeño tamaño también dependen en menor medida de la financiación pública (33%), financiación procedente en su mayoría de los gobiernos regionales y municipales.

Otro problema económico importante de las OTS es el de la diversificación de sus fuentes de financiación. Las OTS tienden a ver concentrada su financiación en una única fuente, lo que genera dependencia financiera respecto de esta. Durante los años de bonanza la concentración en la financiación aumentó, lo que agravó la situación de dependencia, y por tanto de riesgo financiero, de numerosas entidades (Fundación Lealtad, 2012). Las auditorías externas siguen siendo una asignatura pendiente para buena parte de las OTS: el 58,45% de las OTS no auditan sus cuentas (Ruiz, 2015: 92).

La política de austeridad presupuestaria comienza a aplicarse dos años después del inicio de la crisis, a partir de finales de 2010 principalmente. El impacto de la reducción de los fondos públicos es amplio y generalizado pero desigual entre las OTS. El total de financiación pública a las OTS del sector social español ve minorada su cuantía de 10.480,50 millones de euros en 2010 a 8.002,34 millones de euros en 2013, es decir, una reducción del 23,6% de media (Ruiz 2015: 95). Por niveles de gobierno, aproximadamente el 50% de esta financiación procede de los gobiernos regionales, alrededor de un 30% procede de las administraciones provinciales y municipales y un 10-15% del Gobierno central.

Financiación procedente de la Unión Europea

La financiación procedente de la Unión Europea es escasa, inferior al 5% del total de la financiación pública, y en descenso, pues ha visto reducirse en un 60,5% de 2008 a 2013 y se concentra en las grandes OTS como principales beneficiarias (Ruiz, 2015: 95). Los fondos procedentes de la UE permanecen y se perciben como lejanos, complejos y esencialmente reservados a las grandes organizaciones y a los países del norte de Europa. Se reclama una mayor accesibilidad a estos fondos desde los niveles locales. Este problema constituye uno de los mayores desafíos para las instituciones europeas en el marco de sus políticas sociales y hacia el tercer sector.