AAVV - El tercer sector en España y en Europa

Como se detallará más adelante, no existe ningún estudio estadístico reciente que ofrezca información sobre las principales macromagnitudes del tercer sector en España, como sí sucede para otros países de nuestro entorno, como Francia, Portugal o Polonia. El Instituto Nacional de Estadística no ha implementado aún sistema alguno para realizar un acopio de este tipo de información, ello en un contexto en el que distintas instituciones europeas han impelido a los gobiernos a desarrollar un sistema estable de cuentas para la economía social, como lo ha hecho el Consejo de Europa en su deliberación de 7-12-2015. La información estadística disponible sobre el tercer sector en España es por tanto fragmentada, poco actualizada e incluso presenta contradicciones según las fuentes utilizadas.

El panorama del tercer sector español sería el siguiente, a la luz de los principales estudios disponibles: El Informe Monzón (2010) estimaba para el año 2008 un total de 151.725 asociaciones activas, entre ellas, 27.345 pertenecientes al tercer sector social y 124.380 a otros ámbitos (principalmente y por este orden, de los sectores «cultura, deporte y ocio», «educación e investigación», «desarrollo comunitario y vivienda», «derechos civiles» y otras). Estas asociaciones contaban con 28,3 millones de socios, entre ellos 5,3 millones en el tercer sector social. Empleaba a 470.348 personas, de ellas 287.285 en el tercer sector social. Generaba un gasto de 22.642 millones de euros, de ellos, 13.439 millones por el tercer sector social. También contaba con 1.644 fundaciones del tercer sector social que empleaban a 28.868 personas y generaban un volumen de gasto de 1.052 millones de euros, así como 2.548 fundaciones de otros sectores que empleaban a 18.082 trabajadores y contaban con un volumen de gasto de 1.767 millones de euros.

Un estudio más reciente (Ruiz et al ., 2015) proporciona nuevos datos sobre el tercer sector social: en el año 2013, integraba 29.737 entidades, contaba con 1,3 millones de personas voluntarias y daba empleo a 644.979 personas. Entre estas entidades, tres de ellas, consideradas «entidades singulares» (once, Cruz Roja y Cáritas), empleaban a 77.000 personas remuneradas. Gestionaba un volumen de ingresos de 14.470 millones de euros, el 1,5% del PIB de España (Ruiz et al ., 2015).

En relación con el tercer sector deportivo y el cultural, a pesar de la escasez de información, en este estudio se ha estimado en 70.381 y 23.845 el número de trabajadores remunerados respectivamente para el año 2010 (véanse capítulos 3 y 4). El Informe Monzón (2010) estimaba para el año 2008 que un total de 183.063 personas trabajaban en las 124.380 asociaciones activas de otros sectores que no son el de acción social.

TABLA 1.2. CUENTAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA (2008-2012)

Fuente : (1) Monzón (2010, 2014) y (2) Ministerio de Empleo del Gobierno de España (2012).

TABLA 1.3. CUENTAS DEL TERCER SECTOR EN ESPAÑA (2008-2014)

Fuente : (1) Monzón (2010), (2) Ruiz (2015) y Chaves (2016).

Por otra parte, en el año 2012 existían 22.045 cooperativas activas, que daban empleo a 360.979 personas, con 7.543.928 socios y 63.204 millones de euros de facturación. Entre ellas, se contaban 15.790 cooperativas de trabajo asociado que daban empleo a 188.673 personas. También existían 1.201 empresas sociales (empresas de inserción más centros especiales de empleo) que daban empleo a 48.901 personas, en su inmensa mayoría personas vulnerables o con discapacidad y que facturaron 1.812 millones de euros (Monzón et al ., 2014) 8.

TABLA 1.4. TRABAJADORES EN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA POR SECTORES DE LA CNAE (2010)

Fuente : Ministerio de Empleo e Inmigración.

2.1. Historia

Tras casi cuatro décadas de dictadura, hay que esperar a finales de los años setenta, con el advenimiento de la democracia, con la firma de los Pactos de la Moncloa entre las diferentes fuerzas políticas y la aprobación de una Constitución progresista en el año 1978, para que se comience a edificar un Estado de bienestar en el ámbito de los servicios sociales en España, homologable al de los otros países europeos. Con anterioridad, el modo de intervención pública se había caracterizado por su marginalidad, fragmentación y subsidiariedad en relación con la oferta de las entidades privadas, básicamente no lucrativas de carácter religioso. La concepción imperante de los servicios sociales se caracterizaba por la primacía de la concepción discrecional y por un objetivo de control (social e ideológico) y de marginación de los «beneficiarios» frente a un objetivo de integración social. Solo en las postrimerías de la dictadura, y limitados a los beneficiarios del incipiente sistema de la Seguridad Social, se irían perfilando estos servicios con un carácter de derecho subjetivo, fundamentado en el carácter contributivo de este sistema. En este contexto, es la familia extendida, y en menor medida otras ayudas informales de solidaridad, el principal pilar de oferta de servicios sociales en España, siendo la red pública y la red privada religiosa redes eminentemente subsidiarias de aquella (Chaves y Sajardo, 1999). Durante toda la dictadura, el gasto público en servicios sociales, así como la red pública de servicios de asistencia social, se mantienen en magnitudes insignificantes (0,5% de los presupuestos de la Administración Central en 1958 y 0,6% en 1972, según Rodríguez-Cabrero, 1990; 0,18% del gdp en 1978, según Barea, 1997).

La oferta de servicios sociales procedente de las OTS ligadas a la Iglesia católica y sus congregaciones era muy amplia, rivalizando con la oferta pública, como sucedió en los años treinta, durante la Segunda República Española, en el ámbito de los servicios educativos. La gran dimensión social y económica de las OTS religiosas les confería un elevado poder de negociación ante el Estado. Consiguieron, por ejemplo, una regulación específica para la provisión y gestión de servicios sociales, mediante la firma del Concordato en 1953 entre el Gobierno español y la Santa Sede, situación que, pese a la secularización, se mantuvo parcialmente tras el advenimiento de la democracia, a finales de los setenta.