AAVV - El tercer sector en España y en Europa

En plena crisis del petróleo se produce la Transición española a la democracia y se inicia el proceso de edificación del Estado de bienestar. Ello demuestra que la voluntad política y social puede imperar sobre las restricciones económicas del momento histórico. Este proceso de intensa transformación se evidencia en la evolución del gasto público en servicios sociales, que pasa del 0,18% del PIB en 1978 al 0,87% en 1990 (Barea, 1997: 125). El nuevo régimen democrático actúa en varios frentes: a ) el reconocimiento de un amplio abanico de libertades (de asociación, religiosa, etc.) y de derechos sociales; b ) implantando un Estado de bienestar, satisfaciendo con servicios públicos las demandas sociales a través del presupuesto; c ) la secularización, es decir, la supresión del carácter politizado (ligado al Movimiento Nacional) y católico (ligado a la Iglesia católica) del sector público existente, y d ) una reforma institucional de la Administración Pública que crea el nivel regional de gobierno (comunidades autónomas –CC. AA.–) y potencia el ámbito municipal.

Con el advenimiento de la democracia, la composición interna, cultura y proyección del tercer sector social experimentan una gran transformación (Chaves y Sajardo, 1999). El proceso de recomposición interna del tercer sector español se traduce, por una parte, en la emergencia con fuerza de un nuevo tercer sector laico, en respuesta a la efervescencia de demandas sociales y al calor de las nuevas libertades y derechos. Así, desde los primeros años de la democracia, se asiste a un espectacular crecimiento en la creación de entidades del tercer sector, en particular asociaciones. De una tasa media de creación anual de 100 asociaciones antes del bienio 1977-79, se pasa a una tasa de creación media anual de más de 5.000 en los ochenta y más de 10.000 desde los noventa. Emerge así con fuerza un joven tercer sector de la sociedad civil española. Es el «retorno de la sociedad civil» (Pérez Diaz, 1993).

A pesar de su fuerte heterogeneidad interna, el tercer sector español inicia pronto un proceso de vertebración, de desarrollo y de modernización. Uno de los últimos hitos de vertebración ha sido la creación de la Plataforma Española del Tercer Sector Social en 2011. Permanece el tradicional tercer sector de carácter religioso, aunque experimenta una profunda secularización y reestructuración interna. En este marco, algunas entidades, denominadas «singulares», como son la ONCE, CRUZ Roja y Cáritas, mantienen algunos de los beneficios que se les otorgaron por parte de los poderes públicos en la etapa anterior, especialmente en lo relativo a su tratamiento tributario, concesión de fondos y administración de una lotería especial (el conocido «cupón de la ONCE»).

Desde los años ochenta, el incremento de los fondos públicos destinados al sistema va acompañado de la implantación de nuevos servicios sociales. Se crea una red pública básica de servicios sociales en torno a la cual existen diferentes formas de colaboración con el tercer sector. El sistema mixto de bienestar español se edifica mediante dos vías principales, por un lado, los gobiernos estatal y regionales financian y regulan los servicios ya implantados por la propia iniciativa social y privada y, por otro lado, implantan nuevos servicios sociales, como los servicios sociales de ayuda a domicilio o nuevas residencias para personas dependientes, con financiación pública pero con producción/gestión privada, recurriendo primero a la iniciativa social (cooperativas y otras entidades no lucrativas) y crecientemente a la iniciativa privada lucrativa. Se inicia con ello una onda larga de mercantilización y de privatización de estos servicios (Chaves y Sajardo, 1999).

En una fotografía de la situación a mediados de los años noventa, para Cataluña, se constataba que el 20,5% de las plazas residenciales para personas mayores eran de carácter público, un 35,7% de entidades sin ánimo de lucro y un 43,8% de entidades privadas mercantiles (Ruiz Olabuénaga, 2000 basado en datos de IDESCAT). El grado de dependencia de los ingresos monetarios de las OTS de servicios sociales respecto de los fondos públicos se había aproximado ya en 1995 a los niveles de los países del entorno: de los 2.829 millones de euros de ingresos monetarios de ese año, el 48,3% procedía de subvenciones y contratos con las AAPP, el 31,2% de las cuotas y pago por servicios y el 19,5% de las donaciones privadas (Ruiz Olabuénaga, 2000). El flujo financiero público ha tendido a la concentrarse en un reducido número de entidades, lo que ha favorecido su crecimiento. Estas últimas OTS integran el primer tipo de OTS indicado más arriba, e incluyen también a las denominadas «entidades singulares». El resto de TSO, la mayoría, han permanecido atomizadas, con tamaño pequeño o mediano. Los colectivos más atendidos por las OTS eran, por este orden, personas mayores, personas con discapacidad, infancia y juventud.

El ámbito empresarial privado muestra un creciente interés hacia el ámbito de los servicios sociales y hacia las OTS. Un hecho diferencial español ha sido, hasta la reciente crisis económica, la importancia de las cajas de ahorros, que representaban aproximadamente la mitad del sector financiero del país. Las cajas de ahorros, jurídicamente fundaciones financieras, canalizan en forma de obra social una gran cantidad de financiación hacia servicios sociales y hacia las OTS de carácter social. Antares Consulting (2009) estimaba en 300,5 millones de euros los fondos transferidos por las obras sociales de las cajas de ahorros españolas, que beneficiaron a 19.729 OTS en 2008. Esta obra social de las cajas financió más del 75% del coste del 26% de los programas realizados por estas OTS y constituía, tras el sector público, el principal financiador privado. Por otra parte, el sector propiamente empresarial privado se introduce crecientemente en este campo, por un lado, al calor de la creciente demanda solvente de servicios sociales (personas mayores y otros colectivos con capacidad de pago y privatización de la gestión de los nuevos servicios públicos) y, por otro lado, al calor del creciente interés por el mecenazgo y la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, la presencia de la financiación filantrópica privada, a pesar de crecer, no dejará de ser minoritaria frente a las otras fuentes de financiación.

Escenario reciente: las cuatro crisis del tercer sector social español

Tras un periodo largo de prosperidad, España se ha convertido en uno de los países europeos en los que la crisis ha tenido mayor impacto: presenta una de las más elevadas tasas de desempleo (en torno al 25%), de desempleo juvenil (más del 50%), de «trabajadores pobres», de personas en riesgo de pobreza extrema y un importante aumento de la desigualdad y caída de los salarios. Desde el principio de la crisis, los principales focos de atención de las OTS han sido la pobreza, la inmigración, la inclusión social, las personas sin hogar, el desempleo y los servicios a personas vulnerables, los cuales están experimentando actualmente un importante aumento. Hay más personas en situación de vulnerabilidad y más necesidades sociales: el 75% de las OTS han aumentado el número de personas que solicitan su ayuda como consecuencia de la crisis económica (Fundación Lealtad, 2013). En Cataluña, por ejemplo, el tercer sector social pasa de atender a 1,7 millones de personas en 2007 a 2,1 en 2011 (TSSC, 2013). La crisis económica y social constituye la primera crisis para el tercer sector.

La principal respuesta gubernamental a la crisis en materia de política económica ha consistido en un rescate bancario, con el apoyo de instituciones europeas, en una reforma laboral y en la aplicación de políticas de ajuste presupuestario. Estas últimas han tenido un especial impacto en los servicios del Estado de bienestar. Pese a que algunos discursos, como el de Stiglitz (2009), reivindicaban que la crisis económica constituía una excelente oportunidad para conceder al tercer sector un papel principal en un nuevo modelo de desarrollo de Europa, lo cierto es que se han implantado escasas políticas de apoyo al tercer sector y la economía social durante todos estos años de crisis 9(Chaves y Demoustier, 2013; Chaves, 2015).