Margarita Ibáñez Tarín - Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil

La depuración republicana buscaba garantizar la legalidad y la viabilidad de la reforma de la enseñanza emprendida por la República, y en absoluto puede ser comparable con la represión fría y sistemática que caracterizó a la depuración franquista, que se ensañó y arrasó después de la guerra con todo lo que representaba el laicismo, el pensamiento libre de dogmas, la renovación pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y el legado de la Ilustración, en suma. De todas formas, no conviene minimizar su importancia. Según ha investigado Rosalía Crego, en el conjunto de la Segunda Enseñanza la depuración republicana afectó a nivel de España a 148 catedráticos, 202 profesores, 39 encargados de curso (cursillistas del 33) y 22 auxiliares. Lo que supone, según esta autora, un 18,02 % del total del profesorado de instituto en España. 54En la retaguardia valenciana, según nuestro estudio, afectó a 96, de los cuales 27 eran catedráticos, 20 profesores encargados de curso (cursillistas del 33), 7 profesores numerarios de institutos locales y el resto profesores especiales y auxiliares. Nuestro porcentaje de sancionados representa un incremento muy considerable respecto a los datos que ofrece Rosalía Crego, pero plausible, porque mientras ella hace un cómputo global para toda España 55–basándose como nosotros, en los listados de sancionados aparecidos en la Gaceta de la República– nuestro estudio se centra en el País Valenciano, principal bastión republicano hasta el final de la contienda, lo que explica la mayor contundencia en la aplicación de las medidas depuradoras del personal docente de secundaria. Las autoridades educativas consideraban que, recobrada la normalidad por entero en la provincia de Valencia tras el golpe de Estado, se debía actuar de manera inmediata, poniendo a los centros educativos de esta provincia como «primer modelo de la renovación de métodos». 56En cualquier caso, nuestro porcentaje de un 50 % de profesores apartados por desafectos en la Enseñanza Media queda ligeramente por encima del 47 % que nos da Marc Baldó para la Universidad de Valencia, con 38 sancionados del conjunto de 81 profesores que trabajaban allí antes del 18 de julio, 57y es igual al que ofrece M.ª Concepción Álvarez en su estudio de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Gijón, con un 50 % del profesorado apartado del cargo. 58

La depuración republicana fue especialmente virulenta en los niveles superiores de enseñanza. En palabras de Rosalía Crego:

Fue tanto más dura cuanto más elevado era el nivel social y profesional del depurado (catedráticos de Universidad, profesores numerarios de Escuelas Normales o inspectores de enseñanza primaria fueron los más afectados), y tanto más paradójica cuanto que se aplicó también a personalidades políticas o intelectuales destacados y de reconocido republicanismo. 59

Y es que, en el afán de dotar al proceso depurador de una función ejemplarizante y preventiva, se llegaron a cometer injusticias e irregularidades. Algunas personalidades republicanas de gran relieve, como el pedagogo Lorenzo Luzuriaga, 60fueron sancionadas con la separación forzosa. No fue el único caso de manifiesta arbitrariedad. Hemos encontrado tres profesores que sufrieron la doble depuración republicana y franquista en nuestro estudio: Camilo Chousa López y Juan López Almeida, del Instituto de Requena, y Manuel Castillo Quijada, del Instituto Luis Vives de Valencia. Ante la pregunta de qué tenían en común estos tres profesores y otros muchos para que la República los cesara, la respuesta es clara: habían tenido cargos políticos importantes en la época de la monarquía y de la dictadura de Primo de Rivera, y aunque ahora tuvieran amigos masones con altos puestos de responsabilidad en el Gobierno (Camilo Chousa y Manuel Castillo Quijada pertenecieron a la masonería), desarrollarán una activa labor dentro de partidos políticos del Frente Popular (Camilo Chousa en Unión Republicana y Manuel Castillo Quijada en Izquierda Republicana) y contarán con certificados institucionales acreditando que habían procedido como fervorosos republicanos y resueltos antifascistas. No había nada que hacer, su pasado pesaba mucho y fueron declarados desafectos al régimen. Camilo Chousa había sido alcalde de Antequera por el Partido Radical Republicano de Lerroux en 1932, un periodo desbordado por la conflictividad social generada por las huelgas del campesinado, y los socialistas le acusaban de haber tenido un papel relevante en la represión llevada a cabo por la Guardia Civil en la localidad. 61Manuel Castillo Quijada 62había sido delegado regio de enseñanza primaria en 1918, durante la monarquía de Alfonso XIII, cuando el Partido Liberal gobernaba y Santiago Alba era ministro de Instrucción Pública, y aunque ahora con la República era un azañista convencido y ocupaba cargos importantes en la ciudad de Valencia (fue vicesecretario del Patronato de Cultura, director del Monte de Piedad y miembro de la Junta Provincial de Protección de Menores) no pudo evitar ser cesado de su cargo de catedrático de Francés en el Instituto Luis Vives. Por su parte, Juan López Almeida había sido concejal del Ayuntamiento de Segovia durante la dictadura de Primo de Rivera. 63La resolución definitiva de la depuración republicana se les comunicó el 30 de marzo de 1937 firmada por Wenceslao Roces, subsecretario de Instrucción Pública. La decisión había sido tomada en función de las averiguaciones realizadas y de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de Presidencia del Consejo de Ministros del 27 de septiembre de 1936.

A pesar de ser unos resultados tan alarmantes por el alto número de ceses, apenas tenemos investigaciones sobre la incidencia de la purga republicana, y en las que tenemos, como es el caso de la nuestra, los datos son aproximados. No pueden ser tomados como definitivos porque en esos años había una gran movilidad geográfica del profesorado impuesta por las circunstancias del éxodo de guerra. Además, los expedientes de la depuración republicana se perdieron en Valencia o fueron destruidos al final de la contienda junto a mucha otra documentación administrativa de las escuelas e institutos. No existe una relación completa donde aparezcan los nombres de los depuestos en la Segunda Enseñanza; las fuentes más fiables son las listas de profesores cesados por la República que aparecen en la Gaceta de Madrid los días 13 de agosto de 1936 y 21 y 24 de septiembre del mismo año, así como la publicada en la Gaceta de la República el 23 de febrero de 1938. En cualquier caso, como en la Gaceta no están todos los nombres, hemos completado las listas basándonos en las deducciones que se desprenden de las frecuentes alusiones al tema presentes en los expedientes de depuración franquista que se conservan en el Archivo General de la Administración. Muchos profesores intentan hacer valer el hecho de haber sido cesados en época republicana como mérito a tener en cuenta a la hora de ser confirmados en el cargo por las comisiones depuradoras franquistas. 64

La separación del servicio por motivos ideológicos se llevó a cabo en todos los ámbitos de la Administración. En el caso de la enseñanza, las purgas impulsadas desde el Ministerio de Instrucción Pública afectaron a todos los niveles educativos y no únicamente a los profesores, sino también a los estudiantes de las Escuelas Normales de Magisterio e incluso al alumnado de los institutos de secundaria. En el Instituto de Alicante, José Lafuente Vidal, catedrático de Geografía e Historia, y más conocido por ser el arqueólogo de las excavaciones de la necrópolis de la Albufereta y del Tossal de Manises, fue encarcelado después de la guerra, acusado de haber presidido el tribunal que llevó a cabo la depuración de bachilleres en el instituto. El consejo de guerra que lo condenó el 23 de enero de 1940 a la pena de tres años y un día de prisión menor, con accesorias de suspensión de empleo indefinida, consideró que el comité seleccionador –formado por un representante del claustro, un administrativo, un alumno en representación de la FUE y él como director– había prohibido a doce alumnos de ideología derechista asistir al instituto. 65