Margarita Ibáñez Tarín - Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil

En el caso de la enseñanza, la depuración republicana debe ser contextualizada en un periodo más amplio, que tiene sus inicios en 1931 con la «guerra escolar» y el levantamiento de las medidas legislativas de secularización de la educación y de separación Iglesia-Estado impulsadas por el Gobierno republicano. En 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús, y en 1933 se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas. Estas normas, junto con otras ya presentes en la Constitución de 1931, de reconocimiento de la laicidad del Estado, divorcio, matrimonio civil y enseñanza laica, desataron una verdadera guerra escolar y supusieron la ruptura definitiva del diálogo entre el poder religioso y el Gobierno del primer bienio reformista. La jerarquía eclesiástica emitió una dura protesta y Pío XI promulgó la encíclica Dilectissima nobis , que condenaba el régimen republicano español. En ese contexto tenso hay que buscar las raíces del conflicto que llevó al Gobierno de la Segunda República, ya empezada la guerra, a apartar del cargo a buena parte del profesorado de los institutos en los años de la guerra.

Si bien es verdad que el grueso de la criba de profesores se produjo durante la etapa en la que Jesús Hernández fue ministro de Instrucción Pública, entre septiembre de 1936 y abril de 1938, la actividad de control político y selección del profesorado fue un objetivo que se mantuvo en el tiempo y que compartieron, aunque no lo llevaran a la práctica de manera tan drástica, los otros dos representantes del Ministerio durante la guerra. Tanto su predecesor, el liberal republicano Francisco Barnés (febrero de 1936-septiembre de 1936), partidario del modelo de escuela liberal-burguesa, heredado de la Institución Libre de Enseñanza, como su sucesor en el último periodo de la guerra, el anarquista Segundo Blanco (abril de 1938-febrero de 1939), defendieron una concepción pedagógica basada en el reconocimiento de la neutralidad ideológica de los enseñantes y no mostraron tanto celo a la hora de apartar del cargo a los considerados «desafectos». Por el contrario, la orientación comunista del ministro Jesús Hernández y de su subsecretario Wenceslao Roces, condicionada por las difíciles circunstancias de la época central de la guerra, impulsó un modelo de educación popular y proletaria que respondía a un patrón de escuela beligerante, en lucha contra el fascismo y contra la erradicación del analfabetismo. A los profesores no se les permitió ser ajenos a este paradigma y en ningún caso pudieron manifestar ambigüedad ideológica o falta de compromiso. De ahí que fueran perseguidas todas aquellas personas calificadas de «desafectas al régimen», aunque no siempre lo eran.

Durante la guerra civil, la educación se convirtió en un arma más de combate. Los planes de estudios, las conferencias extraescolares, los discursos de clausura e inauguración del curso y todas las ceremonias que se celebraban en las escuelas y en los institutos contribuyeron a la difusión de los valores del antifascismo y a la construcción de un nuevo modelo de «escuela en guerra». Pese a que la instrumentalización de la enseñanza con fines de adoctrinamiento no constituía una novedad –desde el siglo XIX se conocía bien el poder que otorgaba a los gobiernos el control de la escuela–, ahora la orientación ideológica era diferente, ya que las condiciones sociopolíticas impuestas por la contienda habían transformado radicalmente los objetivos. En ese tiempo, tanto en Valencia como en toda la retaguardia republicana, las autoridades del Ministerio de Instrucción Pública promovieron la adhesión sin fisuras de la juventud y de los profesores al ideario político antifascista y exigieron una plena lealtad al Gobierno republicano por parte de educadores y educandos. Los docentes, como principales agentes de la puesta en marcha del nuevo programa de adiestramiento político, no podían manifestar ambigüedad ideológica. En ese contexto hay que valorar las purgas de docentes y alumnos que por motivos políticos llevó a cabo la República entre 1936 y 1939. Aunque aquí nos centramos en el caso de los profesores de Segunda Enseñanza de la retaguardia valenciana, la problemática es muy similar en todo el sistema educativo, desde la Educación Primaria hasta la Universidad, y es extensiva a otros colectivos como los bibliotecarios, y en general a todos los funcionarios.

Los sindicatos docentes y, en especial, la Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), a través de su periódico Magisterio Español –que había sido incautado y convertido en órgano del sindicato–, cumplieron un papel muy destacado en la puesta en marcha de la depuración docente. Desde las filas del sindicato socialista se exigió con ardor al Ministerio de Instrucción Pública que se llevara a cabo una contundente limpieza de enemigos de la República. De manera que se procedió a apartar del cargo a muchas personas que tenían una larga antigüedad en la carrera docente, 45estaban o habían estado afiliadas a partidos políticos de derechas, eran de acendrado catolicismo o, en algunos casos, habían tenido cargos públicos importantes durante la dictadura de Primo de Rivera. El 24 de junio de 1937, César Lombardía, secretario general de la FETE, exhortaba a los compañeros de Castellón a continuar con la purga del profesorado, ya iniciada por el Gobierno desde julio de 1936:

Habiendo de acometer este Ministerio la depuración de todo el personal de Enseñanza, os rogamos que con la mayor brevedad nos enviéis un informe confidencial del juicio que os merezcan profesores de institutos, de Escuelas Normales, maestros, profesores de escuelas especiales, de las de Trabajo, y demás personal docente de esa provincia, tanto desde el punto de vista de la lealtad al régimen como desde su capacidad profesional. Teniendo en cuenta que la finalidad perseguida es sanear el cuerpo de Enseñanza, para evitar que esté en manos de personas desafectas a la República y al pueblo, de antecedentes reaccionarios, fascistas, inmorales o incapacitados para el desempeño de la misión. Si los informes que nos deis pueden venir avalados por otras organizaciones y partidos del Frente Popular, mejor. 46

En muchas ocasiones, la persecución del desafecto tenía su origen en una denuncia anónima, en un pasado marcado por el catolicismo o en la pertenencia a partidos u organizaciones ahora consideradas contrarios al Frente Popular. Las relaciones sociales con personas que se habían alineado con los sublevados revelaban en esos momentos una posición hostil a la República. Además, la situación del desafecto se agravaba porque se le negaba la presunción de inocencia y tenía que demostrar su lealtad a la República, muchas veces recurriendo a afiliaciones oportunistas, tanto políticas como sindicales, posteriores al 18 de julio. Figurar en las listas de los profesores cesados de instituto que aparecieron en la Gaceta , los días 13 de agosto y 24 de septiembre de 1936 y 23 de febrero de 1938, y por ende quedar apartado forzosamente, era un estigma difícil de sobrellevar.

La mitad de los profesores que formaban parte de los claustros de los institutos del País Valenciano antes de la guerra fue cesada. Una cifra tan elevada de docentes exonerados por razones ideológicas, que o bien fueron apartados definitivamente del cargo o bien fueron catalogados como disponibles gubernativos (cobrando dos tercios del sueldo y sin trabajar), nos induce a pensar que se trató de una purga docente de gran envergadura. La depuración afectó a nivel provincial, preferentemente a los claustros de los institutos más antiguos, como el Luis Vives de Valencia, a los institutos provinciales de Castellón y Alicante y al Instituto de Requena, por tratarse de los establecimientos creados con anterioridad a 1931 y por lo tanto con una mayor presencia de personal ideológicamente conservador y con muchos años de servicio.