Luis Daniel Vázquez Valencia - Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos

La clasificación de prensa casi libre se refiere al contexto en el cual las y los periodistas son lo suficientemente libres para amenazar con la exposición a acuerdos corruptos, pero no tan libres como para que el asesinato sea prohibitivamente costoso. En los contextos de prensa casi libre se encuentra una asociación positiva y fuerte entre asesinatos y cobertura de corrupción (Bjørnskov y Freytag, 2011). En cambio, cuando las y los periodistas no son libres de escribir lo que quieren, es decir, cuando su labor periodística se desenvuelve en un contexto de ausencia total de libertad de prensa, no se observa el efecto de la corrupción en los asesinatos. Lo mismo ocurre cuando en el contexto se disfruta de una plena libertad de prensa.

En otras palabras, los atentados contra periodistas están relacionados con la cobertura mediática de la corrupción en países donde no existe un Estado de derecho que garantice protección, pero sí hay libertad de prensa limitada, la cual permite que las y los periodistas ventilen actos de corrupción. El reporte sobre libertad de prensa, Freedom of the Press 2017 (Freedom House, 2017), muestra qué países se encuentran en esta condición. Este informe presenta los resultados de un índice de libertad de prensa compuesto por 132 indicadores, los cuales están divididos en tres categorías: ambiente legal, político y económico. El indicador toma en cuenta variables como leyes y regulaciones, control de los medios por parte del Estado y estructura y libertad en el ejercicio periodístico, entre otras.[2]

El reporte de Freedom House divide a los países en tres clasificaciones: no libre, libre, y casi libre. En la categoría casi libre están, por ejemplo, aquellos países que no son autocracias, y que podrían ser clasificados como democráticos, pero no tienen un grupo de instituciones fuertes encaminadas a proteger los derechos de la prensa. De acuerdo con el informe, países como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, entre otros, se encuentran en esta categoría. Como lo han mencionado varios autores, el principal problema de la región latinoamericana en términos de libertad de prensa radica en el control político y en la ausencia de un marco legal de protección para periodistas y profesionales de la comunicación.

Como se mencionó anteriormente, el reporte de Freedom House (2017) mide la libertad de prensa con una serie de indicadores sobre el ambiente económico, legal y político. Este último se refiere al control del Estado sobre los medios de comunicación, así como a las presiones políticas sobre el contenido de la información que transmiten los medios. El ambiente político es el componente de la libertad de prensa menos favorecido en la región latinoamericana, con una calificación promedio de 17.76 puntos —en una escala del 0 al 40—, en la cual 40 representa la peor condición de ambiente político.

En lo que respecta al ambiente legal (leyes y regulaciones) y económico (competencia y estructura), la región latinoamericana obtiene puntajes aceptables. En promedio, su calificación es 11.58 para el ambiente legal y 11.76 para el económico —ambos puntajes están en una escala del 0 al 30—, en la cual 30 representa la peor condición. Con base en estos datos, podría afirmarse que la región latinoamericana ha logrado satisfacer las necesidades de leyes y regulaciones de los medios de comunicación estableciendo una estructura jurídica que favorece, en general, la libertad de prensa, pero no ha logrado eliminar el control y presión políticos sobre el contenido de los medios (Freedom House, 2017).

Los resultados del reporte revelan que México no es un país libre. Su puntaje para el año 2016 fue de 64, en una escala del 0 al 100, en la cual 100 representa la peor condición de libertad de prensa. El ambiente político también es un elemento problemático para la libertad de prensa en México. Su calificación es de 31 puntos en este rubro, lo cual lo posiciona entre los países con un ambiente político menos favorable para la libertad de prensa, junto a Colombia, Venezuela, Guatemala y Honduras.

Una de las explicaciones generalizadas de los asesinatos de periodistas es la que refiere al conflicto o a la presencia del crimen. Un artículo realizado por Asal et al. (2016) demuestra que es más probable que los periodistas sean asesinados en lugares donde hay pocos derechos de integridad personal, la calidad de la gobernabilidad es baja, y hay presencia de conflictos civiles.

En este estudio, los derechos de integridad personal se miden con base en la Escala de Derechos de Integridad Física, propuesta por Cingranelli y Richards (2010). Esta escala está compuesta por nueve puntos, del 0 al 8. Un mayor puntaje indica un mayor respeto por parte del gobier­no hacia el derecho humano de vivir libre de tortura, asesinatos políticos, encarcelamiento político y desapariciones forzadas.

Por otra parte, los conflictos civiles se miden a partir de la metodología propuesta por Themnér y Wallensteen (2011). Esta toma en cuenta la intensidad de los conflictos armados a partir de los datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala. Los autores operacionalizan los conflictos como la incidencia de la fuerza armada por parte de un actor organizado contra otro actor organizado o contra civiles, lo cual resulta en al menos una muerte directa en una ubicación específica y para una duración temporal específica.

Finalmente, el estudio de Asal et al. (2016) mide la gobernabilidad a partir del indicador de calidad de gobierno de Political Risk Services Group (Grupo de Servicios en Riesgo Político). Esta variable captura la manera en la cual el gobierno de un Estado regula la corrupción, la ley y el orden, y la calidad burocrática. El uso de este indicador permite controlar por el ambiente de impunidad ante el asesinato de periodistas. Los autores del artículo concluyen que un nivel bajo de gobernabilidad aumenta la probabilidad de que los periodistas sean asesinados.

Ríos (2012) realizó un estudio a nivel subnacional en México en el cual se miden los determinantes de las agresiones a periodistas y alcaldes. La investigación demuestra que las agresiones a periodistas y presidentes municipales no parece explicarse por las condiciones generales de inseguridad, sino por un tipo muy particular de inseguridad que proviene de la operación de grupos criminales en el área. En otras palabras, la violencia contra alcaldes y periodistas ha incrementado a la par de la violencia ocasionada por la rivalidad delincuencial, e independientemente de las tendencias en otras formas de homicidio.

Los resultados anteriores abonan a la idea de que el contexto de violencia es una variable importante para explicar las agresiones a periodistas. En el caso de México, muchas de las explicaciones apuntan a que es el contexto de violencia generado por la presencia de narcotráfico. Sin embargo, Ríos (2013) muestra que en el 61% de los municipios donde los medios han cubierto regularmente las actividades del narcotráfico en los últimos 10 años, no ha muerto un solo periodista. En congruencia con estos datos, diversas organizaciones como Artículo 19 (García, 2017), el Instituto Internacional de la Prensa (Arzaba, 2012), Mexicanos Contra la Corrupción (López, 2019) y el Centro Internacional para Periodistas (Botello, 2015), han argumentado que no es únicamente el narco “quien se enoja al leer la nota”, sino también las autoridades, el ejército y las policías.

Diversos artículos académicos han abierto una línea de investigación sobre la cobertura mediática de la corrupción. Estos han establecido las bases metodológicas para el análisis de contenido. Los trabajos que se exponen a continuación han resuelto algunas dudas metodológicas sobre la mejor forma de analizar la cobertura mediática de la corrupción, tales como: la pertinencia de realizar análisis de contenido en vez de contabilizar el número de notas que mencionan la palabra corrupción; sobre el tipo de actos que se codifican; definir en qué momento una nota no es adecuada; qué tipo de fuentes utilizar; cómo construir ventanas de tiempo; y la pertinencia de clasificar a los escándalos de corrupción en función de su magnitud.