Luis Daniel Vázquez Valencia - Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos

Un ejemplo de este tipo de violencia es el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa. Espinosa se dedicaba a la cobertura de movimientos sociales y se manifestaba en contra de las agresiones hacia la prensa en el estado de Veracruz. En agosto de 2015, fue encontrado muerto en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. El fotoperiodista había afirmado en una entrevista para el portal Sin Embargo que temía por su vida, ya que estaba seguro de que el gobierno de Duarte lo perseguía por su labor periodística. Asimismo, había denunciado su condición de inseguridad ante la asociación Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (De Llano, 2015).

Otro caso destacado es el de la periodista Miroslava Breach. La reportera del periódico La Jornada se dedicó a documentar la relación entre la policía estatal y el narcotráfico, así como los actos de corrupción del gobierno de César Duarte. Breach fue asesinada en la ciudad de Chihuahua, en marzo de 2017, mientras salía de su domicilio. Quien perpetró el asesinato dejó en la escena del crimen una cartulina con la leyenda: “Por lengua larga. Siguen llegados al gobernador y el gober. El 80.” (Castillo y Villalpando, 2017).

El homicidio del reportero Cecilio Pineda también denota la relación entre la cobertura de corrupción y la violencia hacia la prensa. Su asesinato tuvo lugar en marzo de 2017, en Ciudad Altamirano, Guerrero. Pineda había publicado en su perfil de Facebook un video en el cual declaraba que el gobierno de Héctor Astudillo conocía el paradero del líder del grupo delictivo “Los Tequileros”, pero no hacía nada al respecto debido a que existía una relación entre las autoridades y el narcotráfico (Flores Contreras, 2017).

En este sentido, es posible que no sea únicamente el narcotráfico “quien se enoja al leer la nota” (Ríos, 2013), sino también las autoridades estatales. Siguiendo esta línea, puede pensarse que la cobertura mediática de la corrupción gubernamental es un aspecto que puede generar una reacción de agresión hacia la prensa por parte de las autoridades.

La transición a la democracia en México ha traído cambios importantes en cuanto a la legislación de los medios de comunicación. Se podría decir, en teoría, que la prensa ha transitado hacia una mayor libertad. Sin embargo, los resultados observados por diversas organizaciones muestran que el estado de la libertad de prensa en México dista de ser favorable.

Hasta la década de 1990 se apreciaba una tendencia clara de los medios de comunicación a desempeñarse como aparato ideológico del Estado (Adler, 1993; Trejo, 1995; Hallin, 2000). En un estudio clave en el tema, Lawson (2002) documentó algunos métodos que utilizó el Partido Revolucionario Institucional (pri) para obtener un tratamiento favorable por los medios de comunicación, entre los cuales destacan prácticas como otorgar privilegios tributarios, subsidios y pagos en efectivo a periodistas.

Por otra parte, la organización Artículo 19 ha documentado de forma sistemática las agresiones cometidas contra la prensa en México. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (de 2006 a 2012) se distinguió por ser el periodo en el cual se disparó la violencia contra la prensa, mientras el sexenio de Peña Nieto (de 2012 a 2018) se distinguió por la expansión de las agresiones contra la prensa en todo el país (Artículo 19, 2019).

Artículo 19 menciona los siguientes seis instrumentos que los últimos gobiernos han utilizado para silenciar a la prensa: criminalización y diversas restricciones a la libertad de expresión; silenciamiento de periodistas; acceso limitado a la información en grupos vulnerables; discurso discriminatorio, de odio y de violencia; y manipulación de la opinión pública. En julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano la derogación de los tipos penales que criminalizan la libertad de expresión.[1] Hasta el momento, el Estado mexicano se encuentra en una situación de incumplimiento. Por este motivo, es común que las autoridades estatales recurran a la criminalización para perseguir periodistas.

El control gubernamental de la prensa ha sido explorado de diversas formas. Salazar Rebolledo (2019) y Stanig (2009) han medido este control a través de la revisión sistemática de las leyes contra la difamación a nivel subnacional en México. Flores-Ivich y Escobar (2015) se aproximaron a este tema mediante una serie de variables de estructura de los medios de comunicación estatales, de competencia entre los medios y de variables políticas y sociodemográficas.

Según Artículo 19, en México, entre 2013 y 2018 se registraron 47 periodistas asesinados, 4 desaparecidos y un total de 2502 agresiones. Asimismo, las agresiones incrementaron en un 65% durante el sexenio: mientras que en 2013 se registraron 330 agresiones, en 2018 este número ascendió a 544. El reporte de la organización identificó a agentes del Estado, de diversos niveles de gobierno, como la mayor amenaza para la prensa, así como un ambiente de impunidad en el 99% de los casos de agresión (Artículo 19, 2019).

A pesar de la situación generalizada de violencia contra la prensa en México, existen importantes variaciones a nivel estatal. Por ejemplo, los estados con más registros de agresiones en el año 2018 son Veracruz (57), Coahuila (47), Puebla (45) y Ciudad de México (40). En contraste, hay estados en los cuales no se registraron agresiones, como Durango y Zacatecas, o en donde se registraron de 1 a 3 agresiones, como Aguascalientes, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Dada esta información, es pertinente preguntarse cuáles son las variables que tienen efecto sobre la violencia contra la prensa.

La literatura que ha intentado explorar las razones de las agresiones a periodistas trabaja con estudios de N grande, y a partir de ahí, se ha establecido una serie de variables que explican las agresiones a periodistas en el mundo. En México no se cuenta con evidencia de este tipo, por lo cual este artículo tiene como objetivo aportar algunos elementos a esta discusión.

¿Qué variables están asociadas con un mayor número de agresiones a periodistas? La literatura ha ubicado una serie de variables explicativas que permiten comprender mejor este fenómeno. Las principales son: la capacidad y control estatal (Waisbord, 2002, 2007); la corrupción y el Estado de derecho (Collings, 2001; Becker, 2004; Bjørnskov y Freytag, 2011); la violencia y el conflicto (Ríos, 2012, 2013); y la corrupción (Riddick, Thomson, Wilson y Purdie, 2008; Bjørnskov y Freytag, 2011).

Los hallazgos de esta literatura han desmitificado la creencia de que en las democracias los asesinatos de periodistas son menos comunes. De acuerdo con Asal, Krain, Murdie y Kennedy (2016), en los países democráticos existe una mayor oportunidad para realizar periodismo de investigación y el entorno de la información es más competitiva. Estas condiciones se traducen en un mayor peligro, debido a que las libertades políticas y los flujos de información existentes en los regímenes democráticos ponen a los periodistas en riesgo.

Bjørnskov y Freytag (2011) abonan a la comprensión de la relación entre democracia y asesinatos de periodistas mediante una investigación en 179 países del mundo. Estos autores estudiaron la relación entre corrupción y asesinatos de periodistas. Sus resultados muestran que la corrup­ción está relacionada positivamente con el número de asesinatos de periodistas: un aumento del 10% en la corrupción se asocia con un aumento del 3% en los asesinatos. El hallazgo más importante del estudio es que esta asociación positiva ocurre de manera robusta cuando la prensa es casi libre .