Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

En los debates legislativos sobre esa ley indígena (1959-1960) se hicieron presentes las divisiones ideológicas y la competencia electoral entre la Democracia Cristiana, el PADENA, los partidos marxistas y la derecha. En el debate se denunciaba la corrupción del director de la Dirección de Asuntos Indígenas, pero también se dejaba constancia de su resistencia a la división de las comunidades mapuche –meta política de la legislación existente desde 1931. El diputado Jorge Lavandero (Partido Nacional Popular, PNP, luego PADENA) señaló que el 3 de junio de 1959, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Bernardo Muñoz Latorre, a través del informe de un ministro en visita de ese tribunal, solicitó la remoción del director general de Asuntos Indígenas, Venancio Coñuepán (militante del P. Conservador, diputado entre 1945-1953, ministro de Tierras y Colonización 1952-53). Esta decisión fue ratificada por la Corte Suprema, por oficio N °563, en que solicita que se transcriba:

Recabar del Supremo Gobierno la supresión de la Dirección General de Asuntos Indígenas, organismo que, desnaturalizando sus funciones legales y excediéndolas, ha entorpecido y enervado la labor de los Jueces Especiales de Indios y terminado por hacerla nula. (…) A juicio de esta Corte es indispensable apartar este organismo de toda posible interferencia en la actuación de los Jueces de Indios, causante de su actual inoperancia; (se debe) insinuar al Supremo Gobierno la remoción del actual Director de Asuntos Indígenas, a quien debe atribuirse el estado de desquiciamiento que hoy se observa en la judicatura especial de indios 73.

El diputado Víctor González Maertens (PADENA) se refirió a «la prohibición de que los inspectores salgan al terreno en cumplimiento de órdenes judiciales; las intervenciones ilegales que ha tenido ante los jueces presionándolos para obtener decisiones judiciales y la invasión de atribuciones judiciales, que significa el haberse atribuido la facultad privativa de los jueces de pronunciar sobre las autorizaciones judiciales para enajenar» 74. Se denunciaba que la corrupción en la Dirección de Asuntos Indígenas se hacía evidente a causa de la «pérdida» de expedientes y por la dilación de los procesos en los Juzgados de Indios. En parte, esta denuncia respondía a la resistencia de Venancio Coñuepán, como dirigente mapuche de larga data, a la política de división de las comunidades indígenas 75.

El diputado Lavandero estimaba que había alrededor de treinta mil expedientes sobre problemas indígenas pendientes en aquellos juzgados 76. Por su parte, el diputado Carlos Sívori (Partido Agrario Laborista, PAL, luego PDC) afirmó que el proyecto permitía «perfeccionar los Tribunales de Indios. Desde luego, los Juzgados de Indios formarán parte del Poder Judicial y se regirán por las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y leyes que lo complementan. Desaparece así la anomalía de que en su nombramiento participaba exclusivamente el Presidente de la República, como también la facultad que éste tenía para aprobar o reformar las sentencias que dictaban los Jueces de Indios» 77.

Sin embargo, llamaba la atención que la Corte de Apelaciones de Temuco y la Corte Suprema recomendaran al Ejecutivo la destitución del director de Asuntos Indígenas y la supresión o reorganización de esta instancia del Estado, quitándole toda función judicial. Se presenciaba allí un activismo judicial inusual, tal vez con la motivación de obtener la superintendencia de todos los tribunales del país, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política de 1925: «La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales de la Nación, con arreglo a la ley que determine su organización y atribuciones».

Durante el debate, el biministro de Justicia y de Tierras y Colonización, Julio Philippi, insistió que «este proyecto no tiene por objeto forzar la liquidación de las comunidades indígenas, sino el de reglamentar, de un modo más adecuado, los múltiples problemas que inciden en las actuales comunidades indígenas. Se sigue, en eso, la pauta del decreto N .º4.111 [1931], perfeccionándolo. Es posible, en el proyecto que la Honorable Cámara discute en estos momentos, que, si los indígenas lo desean, se mantenga la comunidad. (…). El proyecto establece que un tercio de los comuneros podrán pedir la división, contemplando un mecanismo de división más eficaz, más simple y más expedito que el de la actual legislación» 78. El ministro opinó que «debe existir una Dirección de Asuntos Indígenas, pero ella no debe tener injerencia alguna en el manejo de los Tribunales . Esta es la finalidad que se persigue con el proyecto» 79.

La reforma no contribuyó a resolver satisfactoriamente los múltiples conflictos sobre ocupaciones de terrenos por grupos mapuche entre 1959 y 1964, para recuperar propiedades que estimaban usurpadas por latifundistas en los territorios que consideraban propios 80. Incluso, las contradicciones internas de la Ley 14.511 exacerbaron la pugna histórica entre la mantención de la cultura comunal indígena y su extinción mediante la disolución de las «reducciones» mapuche 81. En este conflicto los tribunales jugaron un rol clave y la oposición política al gobierno alessandrista, especialmente los partidos Socialista y Comunista, calificaría el comportamiento del sistema judicial, incluso de los Juzgados de Letras de Indios, como ineficiente, sino perverso, haciéndolo un tema permanente en la lucha política. En los debates sobre el proyecto de ley en 1959, el diputado comunista Juan Ahumada Trigo dijo estar a favor del proyecto en general, pero se oponía a la división de las comunidades, proponiendo que sólo con un quórum de dos tercios se podría dividirlas. A su vez, el diputado comunista Adolfo Moreno se expresó en términos más radicales, exigiendo «la devolución de todas las tierras robadas o usurpadas a las comunidades indígenas; (…) por la entrega legal y definitiva de tierras, con título gratuito, a todos los mapuches que (…) se encuentren trabajando las tierras y, en lo que respecta a los ausentes que reclaman derechos hereditarios, deberán ser indemnizados y las tierras deberán pasar íntegramente al poder de las comunidades indígenas» 82.

Promulgada la nueva ley, se establecieron tres nuevos Juzgados de Letras de Indios que se integraron como parte del Poder Judicial bajo la superintendencia de la Corte Suprema. Entre 1961 y 1971 se presentaron en los nuevos juzgados 1.434 demandas sobre restitución de tierras. Se falló en favor de los demandantes en 352 casos. En ellos se dispuso la restitución de sólo 3.380 hectáreas a los mapuche 83.

En marzo de 1959, el Presidente Alessandri solicitó facultades extraordinarias al Congreso «para poder encarar, con medidas adecuadas y convenientes, los graves problemas económicos y sociales que vive el país como consecuencia del desgobierno que se produjo durante la presidencia del señor Carlos Ibáñez del Campo» 84. Siguió así la práctica extra-constitucional de su padre, Arturo Alessandri, desde 1933 y de los demás Presidentes desde aquel entonces.

En los debates en el Congreso, en relación con la concesión de dichas facultades, se traía a colación la historia constitucional del país. Como se documentó en el primer tomo de nuestra investigación, el Poder Judicial, en nombre de la separación de poderes, no intervenía, desde 1927 (Ley 4.113, «ley financiera» de 25 de enero de 1927, promulgada bajo el ministerio de Manuel Rivas Vicuña en la presidencia de Emiliano Figueroa Larraín), para declarar inaplicable (inconstitucional en el caso concreto) la delegación de facultades al Ejecutivo, no obstante que esta delegación no estaba autorizada explícitamente en la Constitución de 1925, quedando formalmente fuera de las atribuciones del Poder Legislativo. Esta auto-inhibición de la Corte Suprema permitió que la delegación de facultades extraordinarias se convirtiera en una práctica usual en el país, admitiendo que el Ejecutivo –en distintos momentos– ejerciera amplias facultades legislativas, mediante los decretos con fuerza de ley. También se aceptaba que se aplicaran los decretos leyes de los gobiernos de facto (1925-1932), mientras el Congreso no los derogara o modificara.