Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

El abogado Chadwick centró la defensa de Mewes en dos ideas principales: la legitimidad de sus críticas al gobierno y que criticar no era injuriar; «El señor Mewes tenía derecho a formular críticas al gobierno»,expresó e insistió que no se trataba en ningún caso de injurias y que se había buscado al señor Mewes para desencadenar una campaña de represión 34.

La Corte de Apelaciones confirmó por unanimidad la encargatoria de reo de Mewes por injurias graves contra el Presidente de la República, las que se hicieron con publicidad, y revocó la resolución contra el director de El Siglo 35. El 25 de febrero de 1959, el Presidente Alessandri hizo una declaración para anunciar el desistimiento de la acción judicial contra Mewes, calificándola como una «decisión patriótica», «en atención al rango que había alcanzado en el pasado en la vida pública, a que fuera Ministro de Corte y a que era un hombre estimable en muchos aspectos» 36. También en nombre de «la concordia» de los chilenos. El Presidente exigió que este acto de «benevolencia» de su parte no fuera interpretado como un acto de «debilidad» porque sería un error, dado que en el futuro sería «inflexible en perseguir judicialmente a quienes atenten contra el prestigio de la autoridad suprema de la Nación y la integridad moral de quien la ejerce, con el objeto de que se aplicaran las sanciones penales correspondientes a los autores de estos incontrolados desbordes» 37.

Como ilustra este caso, por la ley de seguridad interior del Estado, el Ejecutivo tenía la posibilidad de hostigar a la oposición mediante querellas, utilizando a los tribunales como instrumento y argumentando que el lenguaje y la retórica política del momento eran supuestamente injuriosas o calumniosas, incluso los candidatos al parlamento se veían perseguidos y censurados. Este recurso fue utilizado por el Ejecutivo en todos los gobiernos desde 1932 –sólo que desde 1959 los propios tribunales serían cada vez más blanco directo de las críticas de la izquierda y, a veces, de la Democracia Cristiana, acusados de ser instrumentos del capitalismo y del régimen vigente. De esta manera se iba visibilizando, publicitando y criticando el rol político del Poder Judicial.

Julieta Campusano, miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenida en la calle por un grupo de detectives el 1 de septiembre de 1959, antes de llegar a su casa. Según El Siglo , no exhibieron orden judicial y la condujeron a la casa correccional 38. Los vecinos registraron la patente de los dos vehículos en los que llegaron los policías y alertaron a su familia. Al día siguiente, los diputados comunistas José Cademártori, José Oyarce y Jorge Montes se entrevistaron con el director de Investigaciones, Máximo Honorato Cienfuegos, quien les explicó que se trataba de una orden en virtud del cumplimiento de un exhorto de la Corte de Apelaciones de Iquique por requerimiento del primer juzgado del crimen de Tocopilla. El ministerio del Interior había presentado una acusación por injurias contra el Presidente de la República, las que ella habría proferido en un discurso en Tocopilla, durante su gira al norte, el día 16 de agosto de 1959. El Partido Comunista y el FRAP denunciaron la detención 39. Pocos días después le fue concedida la excarcelación bajo fianza 40. El proceso judicial quedó radicado en la Corte de Apelaciones de Iquique, siendo nombrado Horacio Iturra como ministro del caso. Bernardo Araya informó al pleno del Comité Central del Partido Comunista en septiembre de 1959:

(…) expresamos nuestra protesta indignada por los atropellos de que ha sido víctima una gran exponente de las virtudes de la mujer chilena, la camarada Julieta Campusano. Ella no ha podido estar hoy con nosotros: se encuentra en Iquique defendiéndose ante los Tribunales de Justicia de la maquinación urdida por quienes sirven en la zona norte del país a la empresa yanqui Anglo Lautaro, empeñada en atemorizar a sus trabajadores en conflicto y a toda la población de Tarapacá y Antofagasta que brega por la solución de los tremendos problemas de esa región tan explotada. Está claro para todos que Julieta Campusano no injurió al Presidente de la República (…). Sin embargo, el gobierno no se desiste de la acción judicial y menos se dispone a dar una explicación y reconocer su error 41.

Con fecha 12 de septiembre, el ministro sumariante interrogó a Julieta Campusano y la declaró reo. Su abogado Sergio Inzunza apeló. El 16 de septiembre Luis Quinteros Tricot (abogado, senador PS) alegó en su defensa 42. El Siglo informaría regularmente acerca del proceso judicial, así como informó sobre los homenajes en honor de Campusano realizados en distintos lugares del país 43. El 22 de septiembre, el ministro Iturra se constituyó en el local del Partido Comunista de Tocopilla, lugar donde se había llevado a efecto la reunión en la que se pronunció el discurso considerado injurioso por el Presidente Jorge Alessandri. Las diligencias tenían el propósito de comprobar la veracidad de las declaraciones de tres testigos que afirmaron haber oído a la inculpada desde un local cercano.

Campusano fue careada en el juzgado del crimen de Tocopilla, con el oficial de Carabineros Germán Orellana, que recogió la versión del discurso que dio origen a la denuncia del gobierno. También fue careada con Silvio Vicencio y Gilberto Oliva, funcionarios de Investigaciones que ya habían prestado declaración en Iquique. Además, Pedro Rojas Jorquera y Miguel Castro, testigos de Julieta Campusano que declararon que ella jamás injurió al Presidente de la República, fueron interrogados por el ministro Iturra. A su vez, los testigos del gobierno eran Diógenes Brontis, tesorero del Partido Liberal local, y Juan Villagrán, dirigente sindical. Ambos dijeron haber escuchado el discurso desde una pastelería situada frente al local del Partido Comunista. Sin embargo, el dueño de la pastelería, Juan Jusacoi, declaró que nunca estuvieron allí 44.

El ministro Iturra hizo ubicar los parlantes tal como estaban ese día y él mismo se trasladó a la pastelería y a otros locales aledaños indicados por los testigos, mientras Julieta Campusano leía, comprobando que solamente se podía oír desde dentro del local. Después de estas diligencias, el ministro autorizó la libertad bajo fianza para Campusano y su regreso a Santiago, mientras se continuaba con el sumario 45. Iturra cerró el sumario a fines de octubre. Pocos días después, el fiscal de la Corte de Apelaciones solicitó una condena de dos años de relegación 46.

El abogado del gobierno no adhirió a la propuesta del tribunal y pidió pena de cárcel 47, los abogados defensores de Julieta Campusano objetaron las pruebas del gobierno y la calidad de los testigos 48. El abogado defensor Ángel Calderón Barra presentó un escrito argumentado que ella hizo una crítica política a la labor del gobierno basada en sus derechos constitucionales, «que no profirió injurias» y que las frases que le atribuyen no las dijo ella ni nadie que estuviera en la reunión. Agregó que hubo un solo testigo real, el funcionario de Carabineros de Tocopilla, quien aseguró haber tomado notas, permaneciendo de pie atrás en el lugar. Se refirió a los otros testigos y mencionó las contradicciones en las que ellos habrían incurrido 49. Pocos días después Calderón pidió que los testigos falsos fueran procesados por la justicia ordinaria, por las diversas infracciones cometidas en sus declaraciones 50.

En esos días, Julieta Campusano envió un mensaje que fue leído en la reunión política de su partido que se efectuaba en el Teatro Princesa en Santiago. Allí se refirió al proceso, a los interrogatorios a los que fue sometida y afirmó que la persecución que sufría, más que un asunto personal, era un indicio de las amenazas que afectaban a la democracia en Chile 51.