Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

De acuerdo a la Ley 12.927 de seguridad interior del Estado (1958), las injurias contra el Presidente, los parlamentarios y los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia eran delitos contra el orden público (Art. 6). Insultar u ofender la honra de los gobernantes, parlamentarios y miembros de las altas esferas del Poder Judicial era, según la legislación vigente, un tema de seguridad interior del Estado. El Poder Judicial debía procesar a los imputados. Igual responsabilidad cabía a los tribunales en relación con los dirigentes sindicales y obreros involucrados en casos de huelgas ilegales 98.

En este contexto, hubo debates intensos sobre varios de los artículos del proyecto de ley y de sus incisos respecto a las facultades pedidas por el Ejecutivo. El debate no siempre se mantenía dentro del protocolo parlamentario, como ilustra el intercambio entre los senadores Eduardo Moore (Partido Liberal, PL) y Humberto Martones:

El señor Moore: «Yo me refería a un ambiente que se está preparando también fuera de esta sala. Basta leer la prensa de Izquierda, basta ver algunos acuerdos tomados por la CUT para comprender que se está preparando un movimiento sedicioso, o como se lo quiera llamar, para oponerse a toda la legislación que se trata de elaborar en beneficio del País».

El señor Martones: «¡Ojalá fuera así, pa’ poner a Su Señoría contra la pared!» 99.

Los intercambios discursivos de ese tipo daban cuenta del aumento gradual de la violencia social y de la reiteración de los ataques contra el sistema capitalista y el régimen político vigente. Voceros de sectores minoritarios de los partidos de izquierda enfatizaban el uso necesario de la violencia popular como una reacción legítima frente a la represión de las instituciones burguesas 100.

Las facultades extraordinarias aprobadas (Ley 13.305) serían la base legal del plan de estabilización y de la reorganización administrativa 101. El Presidente Alessandri se dirigió al país, por cadena nacional de radioemisoras, para analizar el momento político y la promulgación de la ley sobre consolidación económica y concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo; atacó fuertemente a los «politiqueros», «coimeros», partidos políticos, sindicatos, al Congreso y, en general, a todos los que se oponían a su agenda 102. Respondiendo en nombre de la Democracia Cristiana, el diputado Renán Fuentealba leyó en la Cámara una declaración firmada por el Presidente del PDC, Patricio Aylwin:

Despachado el proyecto económico y de facultades extraordinarias que le entrega al Presidente de la República poderes verdaderamente omnímodos y por un largo plazo, teníamos derecho a esperar del Jefe del Estado una actitud muy diferente a la que revela su discurso. Utilizando los poderes que le otorga su alta investidura para servirse de una cadena de radios nacional y obligatoria, anunciada con los acordes del himno patrio, se ha lanzado en un apasionado ataque contra todos los que discrepan de su gestión, calificando intenciones y llegando hasta la injuria. (…) Es esta una conducta grave, porque constituye el primer método de que se valen los autócratas para acallar la voz de la oposición. Es el mismo procedimiento empleado por fascistas y comunistas, que responden a las críticas con insultos y violencias 103.

Situar a Alessandri en la misma categoría que fascistas y comunistas y compararlo con «los autócratas» daba cuenta del lugar de la Democracia Cristiana en la oposición, criticando al Gobierno y al sistema liberal capitalista, y definiéndose como una alternativa pacíficamente «revolucionaria», a diferencia de ciertos sectores marxistas 104. De hecho, tanto la Democracia Cristiana como los partidos de izquierda se mantendrían en una oposición dura contra la reforma supuestamente tecnocrática de los gerentes. El Partido Comunista criticó a Alessandri por su «cesarismo y arbitrariedad gubernativa», teniendo como meta «una reorganización arbitraria, uno de cuyos objetivos ha sido el de perseguir a los partidos opositores (…) se ha exonerado a centenares de partidarios del FRAP, entre ellos a numerosos candidatos a regidores y parlamentarios (…)» 105.

Para diluir la influencia de los partidos pequeños que se aliaban con el FRAP, se aprobaron reformas electorales (Ley 13.913, 1960, que prohibió las combinaciones de listas o pactos de partido en las elecciones municipales; Ley 14.089, 1960, que eliminó los pactos electorales para las elecciones de la Cámara de Diputados, y luego también para senadores, con la Ley 14.851, 1962) 106. Estas leyes fueron objetadas por el FRAP. En palabras de Raúl Ampuero (PS): «Se pretende realizar un acto de piratería política en vísperas de una decisión electoral, porque las fuerzas conservadoras temen que el FRAP extienda su influencia sobre la opinión pública y gravite decisivamente en el próximo Parlamento» 107.

Como ingeniero y empresario exitoso, Alessandri incorporó en su administración a profesionales del sector privado, manteniendo, inicialmente, a cierta distancia a destacados políticos de los partidos de derecha 108. En las subsecretarías fueron nombrados miembros de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y de la Corporación de Fomento (CORFO); en el Banco Central algunos funcionarios de carrera fueron reemplazados por personas identificadas con el programa «tecnocrático» promovido por Alessandri. Nombró al abogado Enrique Ortúzar como ministro del Interior (3 de noviembre de 1958 - 19 de enero de 1959) y al ingeniero /economista Roberto Vergara como triministro de Hacienda, Economía y Minería (3 de noviembre de 1958 - 15 de septiembre de 1960) 109.

Al iniciar su gobierno, Alessandri proclamó: «La tarea fundamental de la hora presente es restablecer el orden de los valores morales y humanos de la Nación dentro de un sistema que sólo reconocerá la eficiencia, el mérito, el trabajo y el esfuerzo por sobre el favor político o las influencias extrañas» 110. Soñaba con un Congreso en el que se restringieran las iniciativas presupuestarias y la injerencia en la administración pública 111. El gobierno se dedicaba a controlar la inflación y promover la estabilización de la economía mediante un plan de liberalización de importaciones, restricciones de los reajustes salariales e inversiones en obras públicas, especialmente en un plan habitacional (DFL 2, 1959), financiados con préstamos externos 112. El plan de estabilización implicaba conflictos recurrentes con el movimiento sindical y las agrupaciones de empleados públicos, resultando muchos de ellos en huelgas ilegales y procesos judiciales derivados de las infracciones al Código del Trabajo y a la ley de seguridad interior del Estado. Implementar el plan de estabilización económica contribuía a la desestabilización política.

Desde los comienzos, la Central Única de Trabajadores (CUT), la izquierda, la Democracia Cristiana y otros partidos más pequeños, como el Partido Democrático, se oponían al plan de estabilización 113. El FRAP y la Democracia Cristiana proclamaban la necesidad de cambios revolucionarios en el sistema socio-económico y político. No obstante, el rechazo de la vía electoral entre los sectores más radicalizados de la izquierda y los resultados de las elecciones presidenciales de 1958 hacían creer a los otros sectores de izquierda que sería posible conquistar el poder, es decir la presidencia, en las elecciones de 1964. Esta posibilidad motivaría al gobierno de los Estados Unidos y a la derecha en chilena a identificar el riesgo del comunismo y la expansión de la influencia de la Revolución Cubana como una amenaza para el país.

Como baluarte del régimen existente, el sistema de justicia civil y del crimen, es decir, el Poder Judicial, así como Carabineros y la Policía de Investigaciones eran objeto de repetidas críticas desde casi todos los partidos y movimientos opositores al gobierno. Entre 1959 y 1962 los ministros de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema fueron criticados personal e institucionalmente, calificándolos como defensores e instrumentos del capitalismo y de la alianza entre la burguesía nacional y el imperialismo de Estados Unidos. Las críticas contra el Poder Judicial eran, a veces, generales señalando «que existía una justicia de clase», y en ocasiones más concretas, acusando que las Cortes no defendían las garantías constitucionales de los ciudadanos, ni tampoco las garantías políticas de la prensa y partidos de oposición.