Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

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Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973): краткое содержание, описание и аннотация

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En los conflictos y procesos judiciales analizados, se revelan las diferencias ideológicas y políticas existentes en el país, haciendo difícil asegurar la percepción de imparcialidad, de neutralidad e independencia de los tribunales.

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El senador socialista Luis Quinteros Tricot (exdirector de la Penitenciaría de Santiago, 1938) lamentó «los excesos cometidos por las fuerzas policiales, expresados en apaleos y vejámenes a estudiantes en las calles de Santiago (…) en Las Ú ltimas Noticias de hoy aparece la fotografía de un oficial de Carabineros –no de un grado inferior, ya que por los adornos de la gorra parece tratarse de un coronel– disparando su revólver contra un grupo de estudiantes que hacían manifestaciones callejeras. Ello nos parece, sencillamente, monstruoso» 256. Quinteros propuso eliminar el fuero de Carabineros y que fueran juzgados por los tribunales ordinarios de justicia. No obstante, esta demanda no sería atendida en ese momento ni tampoco durante los siguientes cincuenta años.

El Siglo tituló su edición del día: «¡Baleados estudiantes! Cavernaria represión en contra del derecho al estudio. Senador Baltazar Castro golpeado por Carabineros» 257. Sumándose a la protesta, el mencionado Castro informó que vivía «en el foco de los incidentes del día de ayer, frente a calle Ahumada, en la Alameda de las Delicias»:

Ayer han sido golpeados con ensañamiento estudiantes de 14 y 15 años, a quienes se les arrinconaba como a delincuentes y se tomó detenidos a transeúntes absolutamente ajenos a los acontecimientos. Justamente a las puertas del café Indianápolis, que queda en Alameda con Omer Huet, fueron detenidos dos suboficiales de la Aviación, a vista y paciencia de parientes míos, por la sola circunstancia de haberse acercado al grupo de Carabineros a pedir un poco de clemencia en el trato que se daba a un estudiante que quedó rezagado. Estos dos suboficiales fueron conducidos en vilo, a puntapié y palos, a lo largo de toda una cuadra, por el personal de Carabineros 258.

El senador Castro describió los hechos extensamente, caracterizando las tácticas de Carabineros en términos negativos y racistas, con un desprecio evidente por los habitantes del continente africano: «¡No sé hasta dónde se va a rebajar la dignidad de las fuerzas policiales haciéndolas participar en esto que ya parece más bien una querella africana!» 259.

El senador Bulnes Sanfuentes respondió haciendo referencia a un contexto más amplio para interpretar las protestas estudiantiles, esto es, su relación con la Guerra Fría y el ataque de las fuerzas comunistas contra el régimen vigente: «Tengo la impresión muy arraigada, como la tiene la mayor parte del país, de que se está librando actualmente una campaña sistemática, organizada e implacable para desprestigiar al gobierno, para barrenar el principio de autoridad, para minar nuestras instituciones constitucionales y legales, a fin de hacer posible el entronizamiento en el país de un régimen similar al de Cuba, al cual se cantan [apologías], todos los días, en esta sala. (…) El actual gobierno ha sido absolutamente respetuoso de la Constitución y de la ley, inmaculadamente respetuoso de todas las normas que rigen nuestra convivencia ciudadana» 260.

Bulnes lamentó que se hubiera herido a estudiantes y violado el fuero parlamentario del senador Castro. Sin embargo, insistió que, respecto a la violencia callejera, «por cada estudiante secundario había dos individuos ya maduros, totalmente ajenos a ellos, que eran quienes instigaban y dirigían los actos de violencia» 261. Como prueba señaló que «cuando se visitaron las cárceles, había 39 estudiantes secundarios detenidos y 80 detenidos que nada tenían que ver con la educación secundaria». Según Bulnes, los estudiantes fueron dejados de inmediato en libertad, mientras los otros 80 «serán puestos a disposición de la justicia ordinaria para que los condene o los absuelva» 262. En relación con las críticas contra Carabineros, Bulnes se refirió a la amenaza revolucionaria representada por la izquierda y la CUT: «Se habla de que ayer los carabineros usaron armas. ¿Pero no sabemos nosotros que hace muy poco, en la asonada que provocó don Clotario Blest, los carabineros fueron agredidos con armas de fuego? ¿Pueden los carabineros salir desarmados, cuando los que están en frente de ellos pueden no estarlo, cuando los hechos demuestran que, en algunas ocasiones, estas asonadas han sido preparadas a base de gente armada?» 263.

La detención de los estudiantes dio lugar a diversas denuncias en la prensa. El 7 de junio de 1961 se publicó en el diario El Siglo un artículo titulado «Al pan… pan», en cuyo texto se decía que «lo acontecido ayer, en la descomunal batalla del Cuerpo de Carabineros de Santiago contra los estudiantes secundarios, es una repetición de la “heroica” acción de Valdivia donde el salvajismo y la insania descarada de la mazorca verde no respetó a niños de 10 a 13 años, a mujeres transeúntes ni a parlamentarios que intentaron colocarles en su verdadero lugar (…)».

A raíz de esta publicación se inició un proceso judicial contra el periodista Roberto Landaeta Martínez, director del diario y autor del artículo, por injurias a Carabineros. En su declaración judicial, Landaeta Martínez asumió toda la responsabilidad por las expresiones vertidas en el periódico. En el contexto del interrogatorio señaló que:«apreciando ahora con más seriedad el artículo, que podría parecer injurioso, frente a ello puedo asegurar a VS. que no fue mi ánimo injuriar a Carabineros como institución sino, únicamente, hacer una crítica violenta (…)».

Como casi siempre, la declaración de carecer de animus injuriandi reduciría la penalidad del delito. El 26 de diciembre de 1961, el juez militar Carlos Pollarolo Maggi dictó sentencia en los siguientes términos: «se declara que se condena al reo Roberto Landaeta Martínez (…) al pago de una multa de cincuenta escudos a beneficio fiscal, como autor del delito de injurias y ofensas a las instituciones armadas» 264.

Esa semana, el senador Radomiro Tomic (PDC) intervino en el Senado señalando que a su modo de ver había cuatro factores que estaban perturbando de un modo cada vez más peligroso la marcha hacia nuevas formas de organización de la convivencia nacional: la degradación creciente del Parlamento Nacional, así como la ineficacia y el prestigio cada vez más comprometido del Poder Judicial; el abuso de la autoridad civil en contra de la fuerza pública; los abusos de la fuerza pública en contra del pueblo y la ciudadanía; y el fracaso del régimen económico-social vigente en Chile para dar al país un orden social justo, dinámico y estable 265.

El 8 de junio, la comisión especial designada por la Cámara de Diputados, presidida por Eugenio Ballesteros, citó al ministro de Educación Eduardo Moore, al director de Bibliotecas Guillermo Feliú, al director general de Carabineros Arturo Queirolo, al general Francisco Martínez, al coronel Luis Casanueva, a la directiva de la Federación de Estudiantes Secundarios y al médico jefe de la Asistencia Pública. La comisión solicitó también la nómina de las personas que fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia militar 266.

Los estudiantes secundarios pusieron fin a la huelga el 9 de junio 267. A su vez, los estudiantes de liceos comerciales depusieron el paro el 15 de junio y se reintegraron a sus establecimientos educacionales 268. El 13 de junio, el diputado Emilio Molina (PR, exprofesor de Concepción) había solicitado en la Cámara que se dirigiera un oficio, en nombre del comité radical, al ministro del Interior; a lo que adhirieron los comités comunista, demócrata cristiano, democrático nacional y socialista, pidiendo que se considerara a la necesidad de dejar sin efecto, a la brevedad posible, las medidas represivas adoptadas en contra de los estudiantes que habían participado en el expresado movimiento huelguístico estudiantil y que, al mismo tiempo, fueran retiradas las fuerzas policiales de todas las manifestaciones públicas estudiantiles 269. Se acordó también enviar la información recogida por la comisión investigadora a los tribunales de justicia una vez terminada la indagatoria 270.

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