Juan Eduardo Vargas Cariola - Historia de la República de Chile

Los obispos percibieron con claridad el precario estado de las congregaciones antiguas, como se deduce de los informes diocesanos de visitas ad limina: conventos sin religiosos y un elevado número de regulares secularizados. Incluso expresaron su molestia con el estado de vida de muchos sacerdotes secularizados, pues no tenían responsabilidades pastorales y ejercían libremente el ministerio.

En el primer informe de visita ad limina del arzobispo Valdivieso, de 1859, después de analizar el estado espiritual de las parroquias, que exhibían territorios extensos, falta se clero secular y escasos recursos materiales y económicos, dio cuenta de las medidas que había estimado conveniente aplicar:

Para remediar en algo la falta de auxilios espirituales en las parroquias hago que anualmente den misiones en ellas por partidas de misioneros formadas cada una de dos o tres sacerdotes, los cuales recorren todos los lugares que alcanzan durante la estación oportuna. Estas expediciones misioneras dependen del Ordinario diocesano; como las corporaciones religiosas que hay en Chile no son de esta condición, por esto he dicho que es necesario introducir una nueva que se preste al objeto indicado.

Más adelante sugirió una posibilidad de mejoramiento pastoral, y expuso el método misional del caso:

Mientras que no varían las circunstancias y se hace posible la subdivisión de parroquias, me ha parecido que se proveería las necesidades de los fieles estableciendo una congregación que tuviera por único objeto proporcionar misioneros para las parroquias rurales.[…] seis meses en casa preparándose, seis meses recorriendo todas las parroquias, el párroco debiera coordinar todo; las labores son catequesis, administrar sacramentos, preparar para confesión y primera comunión, asistir enfermos, asistir matrimonios.

Sobre esta idea el arzobispo solicitó la aprobación de la Santa Sede 966 .

Desde las primeras relaciones diocesanas, a partir de 1859, se advierte el propósito de los obispos de solucionar esos problemas y de encontrar en Europa congregaciones que desearan instalarse en sus diócesis.

En esta perspectiva cabe subrayar la importante labor cumplida por dos congregaciones, los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, conocidos popularmente como claretianos, y los Misioneros del Santísimo Redentor, o redentoristas, que llegaron al país en el decenio de 1870. La importancia de estas dos congregaciones (otras, como los salesianos, el Verbo Divino o los lazaristas, estuvieron orientadas a obras pastorales diferentes), radicó en su vinculación con el aspecto misionero. Estas comunidades religiosas se instalaron en las diócesis y pusieron en marcha un plan misionero popular, ciñéndose al mismo espíritu europeo. El modelo era muy simple: los párrocos, junto a los misioneros, planificaban anualmente la misión anual, y las diócesis eran recorridas en todos sus rincones por estos religiosos, quienes se instalaban durante 10 a 15 días en las parroquias urbanas o rurales. La misión se orientaba principalmente a reformar las costumbres religiosas, a administrar los sacramentos, a celebrar con solemnidad el culto divino, a catequizar a los niños y a celebrar primeras comuniones.

La actividad sinodal fue escasa en el periodo hispánico debido al carácter misionero de las diócesis del continente. El III Concilio Provincial celebrado en Lima entre 1582 y 1583 estableció todas las orientaciones necesarias en las más diversas materias para el desarrollo de las iglesias, las que prácticamente perduraron durante todo ese periodo. Los sínodos diocesanos, por tanto, solo debieron adecuar y precisar las orientaciones del concilio provincial en cada una de las diócesis. De los seis sínodos realizados en Santiago durante la monarquía, dos de ellos, los de 1688 y 1763, tienen una importancia jurídico-eclesiástica que refleja tanto el estado de la iglesia diocesana como la madurez de su desarrollo.

El siglo XIX, marcado por particularidades sociales y políticas que diferían del régimen monárquico, desafió a la iglesia con situaciones que no estaban consideradas en los antiguos sínodos. Por tal motivo se hacía cada vez más necesario celebrar un sínodo que estableciera un orden jurídico canónico adaptado a los nuevos tiempos. Sin embargo, el espíritu patronal del Estado, al imponer su derecho a convocar, visar y promulgar la normativa sinodal, le generó a los obispos diocesanos considerables obstáculos.

En las relaciones diocesanas de la visita ad limina todos los obispos se quejaron de no poder celebrar sínodos por las dificultades puestas por el gobierno. Sin embargo, no se debe olvidar que los obispos, por ceñirse a la concepción de Estado confesional, permanecieron siempre atentos a la respuesta del gobierno. Fue el caso concreto de primer obispo de Ancud, Justo Donoso, quien decidió celebrar un sínodo en 1851, el cual nunca fue promulgado y menos publicado, pues esperó siempre la anuencia del gobierno, que nunca llegó. De hecho, el texto sinodal solo fue descubierto en los archivos en el decenio de 1980 968 .

Para dirigir sus comunidades, Manuel Vicuña y Rafael Valentín Valdivieso se rigieron muy de cerca por la normativa anterior, y legislaron mediante cartas pastorales expedidas especialmente en las visitas pastorales o aprovechando otras circunstancias. La necesidad de dar orientaciones en materia de administración pastoral llevó al arzobispo Valdivieso a reeditar en 1858 los sínodos de 1688 y de 1763, incluyendo en la edición, a modo de apéndices, otros documentos pastorales relacionados con fiestas de guardar y aranceles parroquiales, entre otros 969 . Las demás diócesis, con excepción de Ancud, no celebraron sínodos.

Esta situación se resolvió cuando desde Roma la Congregación del Concilio, en la respuesta a la relación ad limina de 1888 del arzobispo Casanova, le manifestó categóricamente el deseo de que celebrara un sínodo, y le dio instrucciones para ello. El sínodo, realizado en 1895, constituye una pieza jurídica importante, cuya influencia se registró no solo en Chile sino en varios países americanos.

La historia de la educación en el periodo de la construcción de la república está unida, por las condiciones de la época, no solo a la acción estatal sino a varias instituciones privadas, y en particular a la Iglesia Católica.

El valor de estas fuentes permite orientarse en la historiografía educacional y la oportunidad de volver a fuentes estadísticas concretas. Por otro lado, se ofrece desde fuentes inéditas nuevos aportes a la historia educacional chilena, obviamente desde la contribución católica, sin descuidar el proceso subyacente del tránsito desde una sociedad confesional a otra aconfesional.

En 1831 había en Santiago 82 escuelas: ocho municipales, siete conventuales, tres parroquiales y 64 particulares con tres mil 432 alumnos, dos mil 296 varones y mil 776 mujeres. No existía ninguna escuela fiscal 970 .

Estos datos genéricos permiten diagnosticar el estado de la realidad educacional chilena apenas iniciada la república. Era necesario no solo regular un sistema que se había desarrollado durante la monarquía, sino poner los cimientos de una nueva estructura educacional.

Se entienden, por tanto, las normas sobre educación contenidas en la carta de 1833, que definieron los principios fundamentales del sistema educacional que tendría el país. El artículo 153 estableció que la educación pública era una atención preferente del gobierno, que el Congreso elaboraría un plan general de educación nacional y que el ministro del ramo le daría anualmente cuenta de su estado en toda la república. El artículo 154, por su parte, dispuso la creación de una superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estaría la inspección de la enseñanza nacional y su dirección, bajo la autoridad del gobierno. Sin embargo, para el desarrollo de la educación primaria estas disposiciones no lograron su consolidación hasta la Ley Orgánica de 1860. En el curso de esos años tuvo especial importancia la ley de 18 de noviembre de 1842, que creó la Universidad de Chile, y que le fijó, entre sus muchas tareas, “la inspección sobre todos los demás establecimientos de educación.”