Juan Eduardo Vargas Cariola - Historia de la República de Chile

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El proceso de emancipación que culmina en 1826, con la incorporación de Chiloé a la República de Chile, abre paso a lo que este volumen denomina La búsqueda de un orden republicano. El título indicado encierra, en realidad, lo que constituyó el gran desafío que se enfrentó entonces: reemplazar el orden monárquico por el republicano, esto es, por la libertad moderna, en una sociedad que desconocía cómo llevar a cabo esa verdadera revolución, en la que todavía muchos se desenvolvían de acuerdo con el imaginario del Antiguo Régimen y en la que no se podía hablar todavía de la existencia de una nación. Los caminos que se propusieron para vencer ese reto fueron variados y pusieron de relieve que las diferencias entre los grupos que se disputaban el poder nacían de la mayor o menor libertad que pretendían establecer. Como bien se sabe, se impusieron _nalmente quienes dieron vida a un autoritarismo presidencial que importó, en lo fundamental, instaurar un orden que dejó el control del parlamento y del poder judicial en manos del ejecutivo, quien fue dotado además de las armas necesarias para suspender las garantías individuales en caso de amenaza externa o interna. Sobre esa base, el país, antes que otros de América Latina, alcanzó una sorprendente estabilidad, si bien ese logro fue objetado y rechazado por quienes estimaron que se vivía bajo una dictadura, y propugnaron que el camino por seguir no era otro que reponer la libertad ganada en los campos de batalla y perdida debido al régimen despótico que, según sostenían, se implantó a partir de 1830. El desarrollo de esa lucha política, marcada por la intolerancia y la violencia, forma parte de la trama principal de un relato que convierte en una suerte de actores colectivos al espacio geográ_co, a las ciudades, al campo, al ejército, a la marina y a la Iglesia; y en los protagonistas individuales a las mujeres y a los hombres, al tiempo que sugiere que el destino de unos y otros dependió de ellos mismos, pero también de fuerzas que les resultaron desconocidas e inmanejables.

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El movimiento de la Independencia generó inestabilidad en ambas diócesis, pero en un grado menor y de carácter transitorio. Las fuentes documentales permiten probar que las nuevas autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, adoptaron tempranamente medidas para organizar las comunidades parroquiales y las misiones.

Así, del gobierno episcopal de José Santiago Rodríguez Zorrilla, obispo de Santiago entre 1815 y1832, nombrado para la diócesis en plena concordancia con las leyes patronales y acérrimo realista, se conservan varios documentos sobre la administración de su jurisdicción ya en el periodo republicano, que son importante por la información cuantitativa que entregan y por mostrar el funcionamiento de la diócesis.

Una lista de clérigos de Santiago, sin fecha, arroja más de 140 personas, que incluyen al cabildo de la catedral (nueve), rectores de la misma (ocho), curas de la ciudad (tres), curas de los contornos de la ciudad (tres), curas del sur (10), curas de Colchagua (siete), curas de Rancagua (ocho), curas del norte (20), clérigos empleados (cinco), capellanes de monjas (siete), clérigos particulares (55), clérigos del distrito de Coquimbo (14) y clérigos que se hallan en los campos (cinco) 923 .

El obispo Rodríguez Zorrilla le comunicó al gobierno, en carta de 7 de febrero de 1823 924 , que se disponía a llenar 34 doctrinas vacantes, de un total de 55. Señaló que estaban ocupadas por clérigos y regulares, a quienes no conocía, y como no había controlado las exigencias de Trento para la cura de almas, convenía ordenar esa situación. En carta del 27 enero de 1824 el obispo se quejó de que nadie se presentaba a llenar las parroquias y que había curas ineptos.

Otros documentos confirman la fluidez de las comunicaciones formales entre ese obispo y el gobierno 925 . Informó en 1823, por ejemplo, que había creado la parroquia de Carén, desmembrada de la de Sotaquí; en 1824 dio cuenta de que habían comenzado las rogativas por la expedición a Chiloé; hizo saber ese mismo año el estado de la Casa de Corrección de Mujeres; informó al gobierno el 9 de diciembre de 1823 acerca de las escuelas de primeras letras en las parroquias, haciendo notar que de las pocas respuestas que había obtenido se concluía que estaban pobres y en ruinas 926 . Ese mismo texto registró el temblor de noviembre de 1822, que dejo arruinadas a las iglesias.

La inclinación política del obispo Rodríguez Zorrilla originó diferencias con el gobierno, situación que desembocó en su exilio, generándose en 1825 sede impedida, por la vacancia forzada de ella. La administración del obispado fue asumida por el prelado patriota José Ignacio Cienfuegos 927 , quien gobernó la diócesis como vicario capitular por un breve tiempo 928 . De este gobierno no ajustado estrictamente al derecho canónico se conserva información suficiente y segura sobre el estado de la iglesia de Santiago desde fines del año 1824.

El vicario capitular presentó el 13 de octubre de 1824 una lista de ternas de los curatos vacantes, con la indicación de que todos los candidatos habían sido examinados. Con esa propuesta el gobierno decretó 28 colaciones. El 15 de octubre de ese mismo año Cienfuegos ofreció una lista para 29 nuevas colaciones 929 , con un total de 57 de ellas. Es interesante destacar que entre las colaciones aparece Agustín de la Sierra, primer obispo de la futura diócesis de La Serena, erigida en 1840; y en Talpén, sección de la parroquia de Rauquén, aparece Justo Donoso, primer obispo de la diócesis de Ancud, erigida junto a la anterior, como se indicó.

El 27 de octubre de 1824 Cienfuegos informó sobre las actividades dirigidas a normalizar la vida conventual y solicitó que se les entregaran sus conventos a mercedarios y agustinos, así como algunos recursos para refaccionarlos 930 .

El 11 de febrero de 1825 el vicario Cienfuegos envió al gobierno una lista de los religiosos que existían en Santiago, con la excepción de los franciscanos, y que sumaron 109 931 . De acuerdo a esa lista la orden de Santo Domingo constaba de 19 sacerdotes, cinco coristas y cuatro conversos; la de San Agustín, de 16 sacerdotes, 12 coristas y tres legos; la de la Merced, de 28 sacerdotes, 14 coristas y ocho legos.

Aún más interesante es una carta de 11 de febrero de 1825, donde Cienfuegos informaba que partían a misiones al sur los sacerdotes Justo Donoso, dominico; Ramón Ortiz y Ramón Arce, del clero secular 932 . Esta carta fue una respuesta a la solicitud del gobierno, de 14 de noviembre de 1824, en la cual pedía misioneros para la zona de Valdivia 933 .

Del periodo de vicario capitular de Diego Antonio Elizondo y Prado, elegido el 15 de noviembre de 1827 934 , por dos años, se conservan documentos que reflejan el estado de la gestión pastoral. Entre ellos están la provisión de las parroquias vacantes, el estado de los franciscanos y las tareas pastorales que servían los frailes secularizados.

Durante el año 1829 varios curatos quedaron vacantes y 26 fueron provistos por Elizondo 935 . Destacaron entre ellos la provisión del fraile Justo Donoso, promovido a Talca, y el nombramiento en Freirina, parroquia desmembrada de Vallenar y creación de Elizondo en 1828, de Pedro Nolasco Chorroco, presbítero cultísimo y conocido por su celo pastoral.

La carta de fray Vicente Crespo al gobernador del obispado, de 29 de abril de 1829 936 , informó que los franciscanos no alcanzaban a 40; que el seminario del convento grande no tenía religiosos para lectores de gramática y filosofía, y que no había maestro de novicios. Se advirtió allí que se habían secularizado cerca de 100 personas, y habían muerto 50 frailes en los últimos años.

El intendente de Chiloé había solicitado 10 a 12 sacerdotes para la atención de los habitantes del archipiélago. En la respuesta del vicario se incluyó la nómina de las personas que ejercerían allí tareas pastorales: los dominicos Juan López, Antonio Barceló y José Lira; los mercedarios Bartolomé Reyes, Lorenzo Lagos y Carlos Arancibia; el agustino Manuel Ortiz, y los seculares Manuel Argomedo, Francisco de Paula Fernández y José Vera 937 .

Como se ha subrayado antes, desde 1830 el gobierno del obispado de Santiago quedó plenamente normalizado. La documentación de la diócesis de esos años está firmada por Manuel Vicuña Larraín, instituido por León XII obispo titular de Cerán el 15 de diciembre de 1828 y vicario apostólico de Santiago el 22 del mismo mes y año 938 , quien atendía todos los aspectos de la gestión de la iglesia 939 .

El ejercicio episcopal de Vicuña se sitúa dentro de la tradición hispánica: fiel al patronato y a Roma. El conjunto documental custodiado en el Archivo Nacional Histórico permite demostrar la afirmación anterior 940 . En efecto, desde el comienzo de su ministerio aspiró a separar el Seminario Conciliar del Instituto Nacional, medida absolutamente lógica y que se hizo realidad con la dictación de la ley del 4 de octubre de 1834. Nombró como rector del establecimiento, con solo 16 seminaristas, a José Pastor León.

Manuel Vicuña realizó la visita pastoral de toda su extensa diócesis entre los años 1833 y 1838, recorriéndola entre los meses de octubre a marzo, esto es, en primavera y verano.

En diciembre de 1835 envió al gobierno un informe sobre los curatos, ciñéndose a la nueva estructura administrativa establecida por el estado: provincia de Santiago, con cinco departamentos y 27 parroquias; provincia de Colchagua, con tres departamentos y 20 parroquias; provincia de Talca, con un departamento y seis parroquias; provincia de Aconcagua, con cinco departamentos y 11 parroquias, y provincia de Coquimbo, con siete departamentos y 15 parroquias, lo que hacía un total de 79 parroquias.

La gestión de la Iglesia de Santiago en esos años incluyó la preocupación por exteriorizar sus vínculos con la Santa Sede, ejemplo de lo cual fue la misiva enviada en 1831 por el obispo Vicuña al pontífice, en la cual le expresaba su deseo de cumplir con la visita ad limina , pero que no la podría realizar hasta concluir la visita pastoral 941 .

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