Cappellari dio los pasos indispensables para restablecer la autoridad pontificia, intensamente bloqueada por Napoleón y después por las corrientes legitimistas europeas. Al mismo tiempo separó las cuestiones espirituales de incumbencia solo de la Iglesia, con lo cual puso fin al patronato, dejando a la esfera civil el espacio para articular nuevos diálogos y alcanzar un nuevo trato con las repúblicas nacientes a través de acuerdos o concordatos.
Esta política ya había sido aplicada por León XII —orientación desarrollada en el informe del Prefecto de Propaganda, el cardenal Cappellari— para nombrar obispos en propiedad para la Gran Colombia, en mayo de 1827; a continuación, en diciembre de 1828, instituyó obispo titular de Cerán y vicario apostólico a Manuel Vicuña, para Santiago; instituyó obispo titular de Rétimo a José Ignacio Cienfuegos, para nombrarlo en 1832 obispo de Concepción —en ambos caso fueron obispos in partibus —; y a Justo Santa María de Oro vicario apostólico de San Juan de Cuyo.
Con Cappellari, ya como Gregorio XVI, se inició el irrevocable proceso de término del patronato, y, en su defecto, la recuperación de la libertad de la Iglesia para retomar la actividad misionera y administrativa frente al poder temporal 911 .
El programa de gobierno de Gregorio XVI se encuentra descrito en la constitución apostólica, poco citada y estudiada, Sollicitudo Ecclesiarum , promulgada el 7 de agosto de 1831 912 . La constitución desarrolló los dos principios ya aplicados en el informe para la Gran Colombia, citados más arriba, y que el papa los tornó universales. Por una parte, reafirmó el principio del poder y el alcance universal del ministerio petrino, como lo indica el párrafo introductorio del documento: “La solicitud de las iglesias que urge asiduamente a los romanos pontífices, en virtud del mandato divino de cuidar el rebaño cristiano que les fue confiado, les impulsa a procurar con todas sus fuerzas todo lo que contribuya a la recta administración de las cosas sagradas, en toda la tierra y en todas las partes del mundo, y principalmente los exhorta a procurar todo lo que sea más oportuno para la salvación de las almas.”
El primer principio que estableció fue la orientación netamente religiosa de la Iglesia, para lo cual subrayó la potestad pontificia. Con ella indicó claramente a los gobiernos, tanto legitimistas como revolucionarios, que su incumbencia estaba por sobre la situación política, y que por eso procuraría hacer lo que estuviera en su esfera para dotar de todo “lo que contribuya a la recta administración de las cosas sagradas”.
El documento fundamentó la posición del pontífice paso a paso y diagnosticó la realidad afirmando que “es tal la actual condición de los tiempos y son tantas las vicisitudes y los cambios de las naciones que no raramente los romanos pontífices se ven impedidos para socorrer, con prontitud y libertad, a las necesidades espirituales de los pueblos”.
A continuación del diagnóstico el papa fundamentó en el magisterio pasado la conducta de este en semejantes situaciones políticas. Así, por ejemplo, recurrió a Clemente V, que en el Concilio de Viena advirtió “que si el sumo Pontífice nombra a alguien bajo cualquier título de dignidad de ciencia propia, de palabra, o en cartas lo honorare, o lo trate de cualquier otro modo, no intenta por este hecho constituirlo en esa dignidad o atribuirle algún nuevo derecho”. Gregorio XVI hizo una revisión histórica de esta fórmula canónica, que fue confirmada por Juan XXII, Pío II, Sixto IX y Clemente XI en diversas situaciones políticas.
El papa Gregorio XVI buscó en la jurisprudencia del magisterio petrino los fundamentos en los cuales sostener los nombramientos que se habían hecho y se realizarían, especialmente en lo relativo a los obispos, como asuntos propiamente de administración eclesiástica. En el escenario de profundos cambios políticos que vivió, el papa intuyó que era tiempo de fortalecer la autoridad del romano pontífice, de crear un espacio para dialogar con los nuevos gobiernos y, a la vez, de encaminar diplomáticamente la lenta extinción del régimen patronal.
Desde esta directriz estratégica Gregorio XVI pudo atender a las necesidades espirituales no solo de las iglesias americanas sino de otras regiones del planeta 913 . Respecto de Iberoamérica creó varias diócesis: California, en 1840; San Salvador, en 1842; Nueva Pamplona, en 1835 (desmembrada de Mérida); suprimió Maynas y erigió a Chachapoyas en 1843; Guayaquil, en 1837; San Juan de Cuyo, en 1834; Montevideo, erigido en vicariato apostólico en 1832; Santiago de Chile, erigido en arzobispado en 1840. También, como ya se ha indicado, creó en 1840 las diócesis de La Serena y San Carlos de Ancud. Por otra parte, proveyó de obispos a todas las diócesis fuera en sede vacante o bajo la fórmula in partibus.
Las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con España empeoraron cada vez más. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, la promulgación de leyes anticlericales, la supresión de órdenes religiosas; la confiscación de bienes, e, incluso, la matanza de frailes en 1834, llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas con Roma en 1835. Estos hechos impulsaron a la Sede Apostólica a desvincularse de la península y a actuar cada vez con mayor libertad en el orbe católico, en especial en los asuntos relativos a las iglesias americanas.
La política eclesiástica de Gregorio XVI se desenvolvió en forma paralela a la perspectiva que se había formado sobre el desarrollo histórico posterior a la revolución francesa y a la instalación de las ideas liberales, las cuales subrayaban la igualdad de los derechos de todos los hombres, la derogación de los privilegios, el mejoramiento de la administración de la justicia, el fin de las discriminaciones de carácter confesional —la inmunidad eclesiástica entre ellas—, y la promoción de garantías que defendieran a los ciudadanos de las arbitrariedades, entre otras.
Como se indicó antes, en el medio católico habían surgido corrientes que no solo compartían estos principios, sino aceptaban el nuevo orden político. En Francia un grupo de amigos, entre los cuales estaban los ya nombrados Lamennais, Lacordaire y Montalembert, fundó en 1832 el periódico L’Avenir , con el lema Dios y Libertad. Allí se promovieron los principios de la tendencia católica liberal: la separación de la Iglesia y el estado, la reivindicación de todas las libertades, como las de conciencia, de enseñanza, de asociación y de opinión —libertad de impresión y de expresión—, la renuncia a los privilegios del clero —como desistir del subsidio estatal para aquel— y la recuperación de la libertad en el nombramiento de los obispos, entre otros. Era, como es fácil de advertir, un intento, en el marco del complejo desarrollo político europeo, de conciliar el cambio de época con los principios universales del cristianismo.
Charles de Montalembert fue sin duda el más prominente exponente del liberalismo católico, y sus artículos y libros se publicaron en el formato de obras completas ya en 1860 914 . Sus escritos más polémicos y de interés para la historia política se encuentran en los volúmenes cuarto y quinto. En el cuarto se recogieron los artículos publicados en el periódico L’Avenir en 1831, además de otros escritos que abordan los acontecimientos político en Polonia y en Alemania, y la libertad de enseñanza. El volumen quinto recogió uno de sus textos más importantes: Des Intéréts catholiques au XIX siècle , publicado en 1852.
Gregorio XVI marcó profundamente la política pontificia de sus sucesores con la Encíclica Miraris Vos (Admirados tal vez) , de 15 de agosto de 1832, en la cual fustigó y condenó directamente, sin nombrar a los fundadores de L’Avenir , los principios que promovían, por su efecto contrario a la religión: la libertad de conciencia como corolario del indiferentismo, la libertad de impresión por abrir la puerta al error, y la separación Iglesia-Estado, y reafirmó el deber de someterse a la autoridad de los príncipes, apelando a la ayuda del poder estatal no solo para sostener a la Iglesia sino para defenderla. Esto, como es sabido, originó el alejamiento de Lamennais de la Iglesia.
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