En las reuniones celebradas entre el 18 de octubre y el 5 noviembre de 1875 se llegó al acuerdo de solicitar a la Santa Sede que diera fuerza a las disposiciones episcopales, porque era imposible realizar sínodos diocesanos por los embarazos puestos por el gobierno civil. Se acordó, asimismo, reunir en conferencia a algunos curas y canónigos y resolver con ellos lo que sería objeto de los sínodos. Entre otros asuntos se concordó en ajustar los aranceles parroquiales y en la celebración de un concilio provincial 998 .
En los informes ad limina de 1880 y 1889, del obispo de La Serena José Manuel Orrego, se comprueba, por un lado, la instalación definitiva del modelo de estado liberal en todas sus formas y, por el otro, la convicción episcopal de la necesidad de luchar por una Iglesia libre, pero sin renunciar al apoyo estatal 999 . Ya en la segunda edición de los Fundamentos de la Fe , del obispo Orrego, de 1877, se había tratado sobre las prerrogativas, la infalibilidad y la potestad legislativa de la Iglesia en los asuntos que le eran propios.
El presbítero Rafael Fernández Concha, en su Derecho Público Eclesiástico , publicado en 1872, había abordado con profundidad la relación jurídica y teológica entre Iglesia y Estado, defendiendo la libertad de la primera y la protección de ella por el segundo. Orrego y Fernández Concha se opusieron a todo forma de regalismo, por considerarlo una intromisión en las materias espirituales de la Iglesia 1000 .
Se puede afirmar que desde el regreso de los obispos del Concilio Vaticano I hasta el deceso del arzobispo Valdivieso en 1878, se observan ya nítidamente las tensiones entre un Estado que profundizaba la aplicación de las normas de un patronato ampliado al modo del regalismo, porque se arrogaba el derecho de administrar la institución eclesiástica, y una Iglesia que aspiraba a la plena autonomía pero sin renunciar a la protección en sentido amplio del Estado. La otra cara del proceso fue el desarrollo del agrupamiento político 1001 .
En otras palabras, después de 1878 surgieron los síntomas jurídicos y pastorales de una Iglesia Católica con la dinámica europea, y se percibe con claridad el desarrollo del proceso de separación entre ella y el Estado.
EL EPISCOPADO CHILENO: EL CARÁCTER COLEGIAL
El carácter colegiado en la actuación de los obispos generó una perceptible unidad interna para enfrentar los nuevos desafíos. El carácter de colegiado tenía, por cierto, raíces más profundas, que no eran solamente los sínodos y concilios continentales, limeños y mexicanos, sino también la práctica adquirida durante la monarquía. En efecto, los obispos sabían que lo eran de una sola y única Iglesia, por lo que una vez instituidos en una diócesis podían ser destinados más adelante a cualquiera otra del continente, o incluso ser promovidos a la metrópoli. Como es sabido, al tener Chile solo dos diócesis, la movilidad se produjo hacia diócesis situadas fuera del reino.
Esta traslación de los obispos creó un espíritu de unidad en la comprensión jurisdiccional y pastoral. Por ello fue muy natural que José Ignacio Víctor Eyzaguirre trabajara desde una visión continental, o que Mariano Casanova propusiera al papa una reunión episcopal continental.
La pastoral colectiva que se acordó en la primera reunión episcopal de 1874 se publicó solo en 1884, con el título Sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La firmaron el obispo J. Manuel Orrego, de La Serena; el obispo titular y vicario capitular de Santiago, Joaquín Larraín Gandarillas.; Domingo Cruz Quintanilla, deán y vicario capitular de Concepción, y Rafael Molina, deán y vicario capitular de Ancud 1002 . Puede observarse que por entonces, producto de las dificultades entre el gobierno y la Iglesia, había tres sedes vacantes y solo un obispo residencial, monseñor Orrego.
LA ATENCIÓN PREFERENTE A LOS ASUNTOS SOCIALES
En la segunda mitad del siglo XIX se incubó uno de los atributos más característicos de la Iglesia chilena: la atención hacia las cuestiones sociales. El servicio de la caridad al prójimo estuvo en manos de eclesiásticos particulares, de miembros de familias católicas de altos ingresos, de organismos o personas del sector civil y de la autoridad eclesiástica de manera preferente. Además, se sumaron los esfuerzos de las comunidades religiosas nuevas, que resultaron decisivas no solo por el trabajo pastoral sino por el aporte cultural eclesiástico y social europeo.
Las Conferencias de San Vicente de Paul, surgidas por iniciativa de Federico Ozanam en 1833, tuvieron como objetivo no solo la atención asistencial a los pobres, sino también la formación social de los católicos. Estas conferencias constituyeron la primera organización territorial chilena de ayuda social, y generaron una sociabilidad católica moderna, que, en el sentir de Sol Serrano, fue la base de los partidos políticos católicos del siglo XX 1003 . El presbítero Joaquín Larraín Gandarillas, quien conoció las conferencias en su viaje a París en 1851, las introdujo en el país 1004 .
El presbítero Blas Cañas Calvo, por su parte, promovió el ingreso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; fundó la Congregación Casa de María para la educación de huérfanas, y fundó el Patrocinio San José para la protección de los huérfanos.
El abogado y político Abdón Cifuentes tuvo una definida visión acerca del papel que la Iglesia debía desempeñar en la educación y en los asuntos sociales. Muy joven ingresó a las Conferencias de San Vicente de Paul, y su cercanía al episcopado le permitió viajar junto a los obispos al Concilio Vaticano I, con quienes recorrió Europa interiorizándose en las cuestiones sociales. En el curso de 1878 viajó por el país, junto al presbítero Ramón Ángel Jara, promoviendo los Círculos de Obreros, a imitación de los que estaba fundando Adolfo Kolping.
De esta época son, asimismo, las obras del Cottolengo y las escuelas profesionales de Don Bosco.
Aunque fueron extremadamente complejas las situaciones que vivió la Iglesia en el periodo examinado, es indudable que merced a la dirección vigorosa del arzobispo Valdivieso fue capaz de hacer frente a la modernidad, a la que difícilmente podía aceptar, por las consecuencias que razonablemente le suponía para la sociedad. Pero el estatuto jurídico en que estaba inserta la Iglesia chilena le impidió, como se pudo ver más adelante, modificar los objetivos de un Estado en acelerado proceso de laicización.
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908Luis Ayala Benítez, La Iglesia y la Independencia política de Centro América: El caso del Estado de San Salvador (1808-1883) , en Tesi Gregorina 9, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, 2007. El autor abordar la inestabilidad política de Centro América y las repercusiones en la Iglesia, como fue el caso de la decisión de la autoridad civil de San Salvador de erigir un obispado y elegir al primer obispo padre José Matías Delgado.
909Es notable la participación del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, único prelado latinoamericano que formó parte de la Comisión General del Concilio Vaticano I.
910Pío VII, Encíclica Etsi longisimo terrarum (Aunque inmensas tierras) , 30 de enero de 1816, y León XII, Encíclica Etsi iam diu (Aunque nos persuadamos) , 24 de septiembre de 1824. Ambos documentos pueden entenderse bien en el contexto de la restauración y de los vínculos jurídicos canónicos que enmarcaban las relaciones diplomáticas entre Roma y la corona española.
911Gregorio XVI profundizó su política misionera con varios documentos, que se constituyeron en orientación y normativa futura: el Breve Multa praeclara (21 de abril de 1838), sobre el patronato de Portugal en la India, que indicó que el patronato no era un obstáculo para la Santa Sede en la provisión de pastores, pues ella tomaba todas las decisiones necesarias para la salvación del pueblo cristiano; el Breve In Supremo (3 de diciembre de 1839), que condenó la esclavitud y la trata de negros, y la Instrucción Neminen profecto (12 de noviembre de 1845), en la cual recordaba que la expansión del cristianismo se fundó en la multiplicación de las iglesias y en la creación de clero local (indígena).
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