Juan Eduardo Vargas Cariola - Historia de la República de Chile

Por otra parte, ella consolidó su relación con el mundo exterior. Así, el arzobispo Valdivieso realizó la visita ad limina en 1859; tres de los cuatro obispos participaron en el Concilio Vaticano I (el arzobispo Valdivieso, de Santiago; el obispo Salas, de Concepción, y el obispo Orrego, de La Serena); todos los obispos pudieron cumplir con la visita ad limina con apego a la frecuencia de 10 años; el clero secular chileno alcanzó el debido reconocimiento en Roma y en el continente gracias a representantes como José Ignacio Víctor Eyzaguirre, fundador del Colegio Pío Latinoamericano en 1856, diplomático de la Santa Sede ante los gobiernos de Ecuador, Perú y Bolivia, además de historiador y escritor eclesiástico; Justo Donoso, eximio canonista, autor de Instituciones del Derecho Canónico y Manual del Párroco Americano; Rafael Fernández Concha, autor de importantes obras de teología y filosofía, y Ramón Ángel Jara, fundador de la primera Asociación Católica de Obreros en 1878.

Un punto de partida para analizar la relación entre la Iglesia y el estado en esta etapa de tránsito es el informe ad limina del arzobispo Valdivieso 995 . Al describir dicha relación, el arzobispo la caracterizó y la valoró. Recalcó que el gobierno siempre prestaba su auxilio cuando la Iglesia se lo pedía para hacer cumplir las leyes eclesiásticas y las sentencias de sus propias autoridades. Pero advertía que solo consentía en que se promulgaran las disposiciones de la Iglesia, aunque fueran para uso privado o emanaran de la Santa Sede, si procedía primero su exequatur.

Observaba Valdivieso que para conceder o negar el exequatur no había otra regla que la “voluntad o capricho” del gobernante, y aunque algunas veces en el decreto que lo negaba se sugería suplicar a la Santa Sede suspender lo ordenado en la materia, advertía que “no tengo noticias que una sola vez se haya elevado tal súplica, por manera que aquello no es más que una simple formula”.

Observó Valdivieso que el gobierno, para asegurar esta traba puesta a la potestad de la Iglesia, hacía jurar a los obispos antes de consagrarse que no ejecutarían la bula, breve o rescripto pontificio sin el correspondiente exequatur de la autoridad competente. Y agregó que de ese juramento —que el mismo había prestado— estaba informada la Santa Sede y que lo había reprobado.

El arzobispo de Santiago se detuvo en la práctica de pedir licencia para ocurrir a la Santa Sede, sin perjuicio de someter al exequatur lo que esta dispusiera después de obtenida aquella licencia. Esta restricción se introdujo por la ley de 1 de febrero de 1837, sobre organización de los ministerios, y al detallar las atribuciones del ministro de Justicia y Culto declaró que le correspondía “el examen de las solicitudes de cualquier clase que fuere y que se hiciese a la Silla Apostólica o a cualquier autoridad o establecimiento eclesiástico que existiese fuera del territorio de la república”.

Sobre el recurso de fuerza hizo notar que su utilización había relajado completamente la subordinación de los religiosos respecto de sus superiores, haciéndolos caer “en cierta dependencia servil de los gobiernos”, por lo que siempre estaban dispuestos a hacer su voluntad. Explicó que las prelacías eran muy apetecidas por los regulares y que para obtenerlas buscaban el apoyo del gobierno, lo cual, a su juicio, no significaba que protegieran sistemáticamente la corrupción, sino que cuidaban poco de conocer bien al que patrocinaban. Era, según la apreciación de Valdivieso, una modalidad empleada por el gobierno para “extender su clientela en todas las clases de la sociedad”.

Por otra parte, el arzobispo reconocía el apoyo del gobierno en aportes al seminario, construcción y reparación de las iglesias, sueldos al clero y subvenciones para el culto en la catedral.

Acerca de la tolerancia religiosa subrayó su amplitud, y dio como ejemplo el caso de la universidad, en la que los protestantes podían ser miembros. Como de entre ellos se elegían los decanos de las facultades que formaban el Consejo Universitario, que dirigía la educación, podía ocurrir que “enemigos de la religión católica” formaran parte de la corporación superior en materia de educación.

Otra práctica objetada por Valdivieso era la licencia que daba el gobierno para que los obispos se reunieran en concilios provinciales o en sínodos, con la circunstancia agravante de que revisaba y aprobaba los estatutos que se discutían en ellos. Los obispos podían, sin embargo, dictar ordenanzas episcopales y promulgarlas sin revisión ni previa autorización del gobierno.

Según las leyes españolas aún vigentes, el obispo carecía de libertad para nombrar por sí y sin la cooperación del gobierno a los superiores y profesores del seminario, y aun los planes de estudios necesitaban la sanción oficial. Sin embargo, en la práctica chilena todo estaba sometido a la voluntad del obispo, salvo para el nombramiento de rector, que requería la aprobación gubernativa.

Si bien la Iglesia chilena recibía la protección del gobierno, concluía el arzobispo de Santiago, este ponía trabas a la libertad eclesiástica, lo que con un mal gobernante podría causar graves daños a la religión.

Las afirmaciones que el arzobispo registró en el informe ad limina reflejan las dos visiones que tenía sobre la relación Iglesia-Estado: la patronal hispánica y el anhelo de una convivencia con plena libertad de la iglesia, sin renunciar al apoyo estatal. La estructura cognitiva de Valdivieso cambió respecto de la relación entre lo eclesial y lo civil desde su regreso de Roma con ocasión de la primera visita ad limina , la cual se consolidó después de participar en el Concilio Vaticano I, en 1869.

El paso más explícito y claro se observa en 1865, al publicar la pastoral sobre los errores condenados por la encíclica Quanta Cura y el Syllabus. El arzobispo y los demás obispos pasaron a la fase de lucha contra el liberalismo político, que buscaba separar la Iglesia y el Estado y darle un marco jurídico a la tolerancia religiosa. En esta lucha, como se trata en detalle más adelante, no se descuidó la intervención del clero en los procesos electorales.

La experiencia del viaje le permitió a Valdivieso entrar en el debate en forma directa con las corrientes católicas liberal y ultramontana. Se sabe, por ejemplo, de los encuentros de los prelados en París con Louis Veuillot, influyente periodista francés conservador, y en Orleans, con el obispo Dupanloup, quien fue contrario a la declaración de infalibilidad, por considerarla inoportuna 996 .

Con ocasión del viaje para participar en el Concilio Vaticano I, el arzobispo realizó la visita ad limina. El informe, de 2 de agosto de 1869, no aportó nada nuevo, sin siquiera ofrecer detalles sobre los acontecimientos ocurridos en el decenio 997 .

Pero las tensiones fueron aumentando, pues entre 1872 y 1873 resurgieron los asuntos de cementerios, de matrimonios y de educación, que produjeron efectos en la fusión liberal-conservadora, que se rompió en 1873. Estos desafíos llevaron al arzobispo Valdivieso a convocar a los obispos a una reunión episcopal con el fin de buscar criterios comunes para gobernar sus diócesis.

Las primera reunión episcopal se efectuó en Santiago en 1874, y en ella se acordó que el arzobispo y sus sufragáneos dirigieran a los fieles una pastoral exponiendo la doctrina de la Iglesia “sobre las materias de lo que se llama reformas teológicas”, es decir, la educación católica “libre de trabas que la coartan”, los matrimonios civiles y la separación entre la Iglesia y el Estado.