Arturo Yrarrázaval C. - Manual de Derecho Económico

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Gran parte de las relaciones sociales son consecuencia de actos económicos, como producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes y servicios, los que necesariamente deben enmarcarse en un determinado orden jurídico. Producto del desarrollo y la complejidad de las sociedades modernas, el estudio y correcta aplicación de los principios de derecho económico -rama que trata el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de la actividad económica entre el Estado y los particulares- es cada día más relevante al orientarse finalmente al bienestar social. Manual de Derecho Económico presenta de manera rigurosa, didáctica y también amena, una visión completa del Derecho Económico, con bibliografía específica y actualizada en cada capítulo. El autor, destacado abogado y docente del área por más de cuarenta años, revisa con maestría la evolución del derecho económico, el orden público económico, la Constitución económica, el Banco Central, la administración financiera del Estado, el régimen de precios, la libre competencia, el mercado bancario y la regulación bancaria, la competencia desleal y la protección del consumidor, los principios fundamentales del mercado de valores y la regulación financiera, el mercado cambiario, el comercio exterior y la inversión extranjera. Este manual será de invaluable ayuda para los alumnos de derecho y también para los profesores, abogados y otros profesionales que se relacionan con el derecho económico y la administración del Estado.

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La autorización para contratar empréstitos públicos debe ser otorgada por el legislador de acuerdo con el artículo 63 Nº 7. El objetivo de la norma es la disciplina fiscal. La ley debe autorizar para que el Estado, los organismos estatales en general y las municipalidades puedan contratar empréstitos, de fuentes tanto nacionales como extranjeras y por el monto máximo que determina la ley. La ley que autoriza el ordenamiento público debe señalar la fuente de los recursos con los cuales debe ser hecho el servicio de la deuda. En el caso de préstamos cuyos vencimientos excedan el término de la duración del período presidencial se requiere de una ley de quórum calificado (mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio). La norma establece como excepción al Banco Central, que debe actuar dentro de lo preceptuado en el artículo 109 de la Constitución. El Tribunal Constitucional ha señalado que la norma se refiere a quien contrata el préstamo en calidad de deudor, que incluye a todos los organismos del Estado, tanto a los que tienen personalidad jurídica propia y por cierto los que actúan con la personalidad jurídica y el patrimonio del Fisco. El tribunal también señaló que la autorización debe destinarse a financiar proyectos específicos, no puede otorgarse por nadie de una forma genérica. 53

La autorización para comprometer el crédito público es materia solo de ley de acuerdo con el artículo 63 Nº 8. En este caso, la ley debe autorizar al Presidente de la República para que celebre cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y las municipalidades. El Tribunal Constitucional, ha manifestado que no sólo mediante préstamos un ente arriesga su patrimonio, sino que el mismo efecto puede provenir de muchas otras especies de actos que conducen al mismo resultado. 54

El artículo 63 Nº 9 establece como materia de ley las que fijan las normas con arreglo a las cuales los organismos del Estado y aquellos en que el Estado tenga participación pueden contratar empréstitos. En ningún caso los empréstitos podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas.

Las normas sobre enajenación, arrendamiento o concesión también son materias propias de la ley según el artículo 63 Nº 10. Estas normas se refieren al Estado o las municipalidades e incluye los actos jurídicos de la enajenación, arrendamiento o concesión.

El artículo 63 Nº 12 indica que solo son materias de ley las que señalen el valor, tipo y denominación de monedas, y el sistema de pesos y medidas. El artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central establece que tendrá la potestad exclusiva de emitir billetes y acuñar monedas. El artículo 30, en concordancia con el artículo 63 Nº 12 de la Constitución, señala que los billetes y monedas expresen su valor en la unidad monetaria vigente, sus múltiplos o submúltiplos, rasgos que son los fijados por la ley. El artículo 31 establece como dinero de curso legal solamente los billetes y monedas emitidos por el Banco Central, constituyéndose en los únicos medios de pago con poder liberatorio y de circulación ilimitada, de curso legal en todo el territorio y recibido por su valor nominal. El sistema de pesos y medidas, vigente desde 1848, establece que en Chile lo son el metro, metro cuadrado, litro y kilo.

El artículo 63 también establece que solo son materia de ley según el Nº 14 las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y según el Nº 20 toda otra norma de carácter general y obligatorio que instituya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.

14. Iniciativa exclusiva en materia económica

En los incisos 2º y siguientes del artículo 65 se trata el tema de la iniciativa exclusiva de proyectos de ley por el Presidente a través de mensajes. Las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza y la de presupuesto tienen como cámara de origen la Cámara de Diputados. El inciso 3º establece la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que digan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos y con la enajenación de bienes estatales o municipales, su arrendamiento o concesión. Los incisos 4º y 5º le dan al Presidente la iniciativa exclusiva sobre seis materias. La primera es la de imponer, suprimir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones y modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o proporción. La segunda es la de crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlas y determinar sus funciones o atribuciones. La tercera dice relación con la contratación de empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos del Estado. La cuarta atribución exclusiva es la de fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas de la Administración Pública, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos. La quinta iniciativa exclusiva es la de establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se pueda negociar. La última es la de establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

15. Ley de Presupuesto

El artículo 67 de la Ley de Presupuesto tiene una serie de particularidades en relación con otras leyes: iniciativa exclusiva del Presidente de la República, origen en la Cámara de Diputados, plazo fatal para presentar el proyecto para la firma de su despacho, posibilidad de formular observaciones, particularidades en su tramitación y las observaciones o vetos.

En cuanto a la iniciativa y aprobación el artículo 67 inciso 1º establece que debe ser presentada por el Presidente de la República al Congreso Nacional a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que comenzará a regir. La cámara de origen es necesariamente la Cámara de Diputados. Presentado el proyecto se inicia el plazo fatal de 60 días que se fija para que ambas cámaras se pronuncien sobre el proyecto. Si el proyecto no concluyere su tramitación se entiende aprobado el proyecto presentado por el Ejecutivo. El estudio del proyecto lo realiza una comisión mixta especial que está integrada por el mismo número de diputados y senadores, siendo parte de ella los miembros de las comisiones de Hacienda.

En materia de gastos el Congreso Nacional, según el inciso 2º solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que están establecidos por leyes permanentes de gastos. En cuanto a los ingresos el Congreso no puede aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. El inciso 3º establece que todas las estimaciones del rendimiento de los recursos que consulte la Ley de Presupuestos y las nuevas que establezca cualquier iniciativa legal corresponden exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos. El inciso 4º establece una prohibición para el Congreso en el sentido de que no puede aprobar ningún gasto del sector público sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de los recursos necesarios para atender dicho gasto. Termina la disposición constitucional con una norma que pretende lograr el equilibrio presupuestario, señalando que si la fuente de recursos fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente al promulgar la ley previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría, deberá deducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

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