Liliana Martínez Pérez - Cubanos en México

Para cualquier salida del territorio nacional se requerían cinco documentos: a) autorización del centro de trabajo, b) antecedentes penales, c) una invitación con poder notarial formulada por familiares y amigos en el exterior, d) la visa del país al cual se dirigiría el solicitante, y e) el pasaje para delimitar la fecha de la salida. En el caso de los menores de edad (menos de 16 años), se exigía la autorización de uno o ambos padres; y, en el caso de los hombres, no debían estar en edad de servicio militar (18 a 27 años) (cm, 1978). Además de estos requerimientos, los permisos de salida persistieron en su carácter casuístico: dependían del sexo, la edad, el estado civil, la conducta política, la adscripción ideológica, etc., de cada individuo que solicitaba la salida.

Dicho Reglamento fue la propuesta que llevó el Estado cubano a la Conferencia con la Emigración, desarrollada a finales de 1978. [9]Para algunos autores, esta coyuntura marcó el inicio de un proceso de flexibilización en las regulaciones migratorias y una política de acercamiento y diálogo con la emigración cubana (Aja y Martínez, 1995). En este encuentro se acordó la salida escalonada de los presos políticos, se dio una importancia central a la emigración por motivos de reunificación familiar y, después de más de una década, se regularizó la visita de los emigrantes cubanos a la isla.

Dos años después de este encuentro, tuvo lugar el segundo “cuello de botella” en la historia de la emigración cubana, más conocido como “El Mariel” (1980). Varios son los motivos subrayados en la literatura especializada sobre las motivaciones para migrar de miles de cubanos en el primer año de la década de 1980: un crecimiento económico magro y el consiguiente deterioro de la calidad de vida (Hernández y Gomis, 1986), la intolerancia ideológica ante determinados grupos sociales que no “encajaban” en el proceso de construcción del socialismo al cual Cuba estaba abocada (Victoria, 2000), y la visita de los cubanos emigrantes a partir de 1979 (“los viajes comunitarios”), que permitieron familiarizarse con las ventajas del american way of life (Hernández y Gomis, 1986).

En todo caso, el éxodo migratorio fue desencadenado por el conflicto entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos: en un discurso de 1980, y a raíz de la toma de la embajada de Perú por cientos de cubanos deseosos de emigrar, Fidel Castro abrió el puerto del Mariel para que personas radicadas en eua llevaran a ese país a sus familiares. El presidente Carter aceptó el reto: “Tendremos el corazón y los brazos abiertos a los refugiados que buscan la libertad de la dominación comunista y las privaciones económicas a causa de Fidel Castro y su gobierno [...] Somos la nación más generosa en la Tierra al recibir a los refugiados y me siento muy orgulloso de que este compromiso se mantenga” (Carter, 1981: 625-626).

No obstante, los cálculos de ambos gobiernos fueron modestos ante el volumen de esta emigración. Para el gobierno cubano, el costo político fue alto, pues atravesaron el canal de la Florida aproximadamente 125 000 cubanos (Hernández y Gomis, 1986). Para contrarrestar esta imagen deslegitimadora, las autoridades insulares identificaron a estos migrantes como “antisociales”, “escoria” y “gusanos.” [10]El gobierno estadounidense, por su parte, tuvo que enfrentar un importante volumen de migrantes, con efectos contraproducentes a nivel político, económico y social.

En 1984 se firmaron nuevos acuerdos migratorios entre ambos gobiernos. Entre otros elementos, eua se comprometía a otorgar veinte mil visas anuales por motivo de reunificación familiar y para los presos políticos cubanos. Cuba se comprometía, por su parte, a acoger a más de dos mil cubanos considerados “excluibles”. Otros sucesos del conflicto Cuba/Estados Unidos, especialmente la puesta en marcha de Radio y TV Martí, radicadas en Miami, rompió dicho acuerdo desde mayo de 1985 hasta noviembre de 1987 y, posteriormente, el otorgamiento de visas para viajar a Estados Unidos fue francamente exiguo (Rodríguez, 1993), lo cual contribuyó a generar una presión migratoria que, junto con la crisis económica de los años noventa, detonaría en 1994 un nuevo éxodo migratorio hacia eua, conocido como el de los “balseros”.

No obstante, el proceso de relativa flexibilización del tema migratorio iniciado con el “Diálogo del ‘78” continuó en el segundo lustro de la década de los ochenta, con el advenimiento del proceso llamado “Rectificación de errores y tendencias negativas” (1986-1989). [11]Se pretendió, en este periodo, llegar a una solución intermedia: racionalizar el proceso migratorio más allá del conflicto Cuba-eua, que lo definió por décadas, y hacerlo más eficiente y expedito desde el punto de vista de su implementación.

Entre otras acciones, aunque se conservó la arquitectura legal anterior, se otorgó mayor protagonismo a los viajes temporales al exterior, cuya solicitud comienza a recaer en los centros de trabajo, a partir del Decreto 133, “Reglamento de viajes oficiales al extranjero”, del 31 de mayo de 1986. Así, se confiere a los ministerios de la administración central del Estado la potestad para enviar delegaciones y representaciones a intercambios, eventos, actividades oficiales y cursos de capacitación (artículo 2), emergiendo de este modo cierto aspecto desregulador en la implementación de la política migratoria que sería ya responsabilidad de cada organismo a través de las recién creadas Direcciones de Relaciones Internacionales (artículos 36 y 37) (cm, 1986).

También se ampliaron las calidades migratorias de salida/estancia en el exterior. En 1984 apareció el Permiso de Residencia en el Exterior (pre), calidad migratoria para las personas casadas con ciudadanos extranjeros. Esta figura tenía sus antecedentes en la década de los setenta, con la incorporación de Cuba al campo socialista mundial y la necesidad de regular los vínculos matrimoniales entre ciudadanos pertenecientes a dicho sistema (Valido, 2002: 87). Dicha categoría permitía mantener el vínculo con el país en términos de herencia y propiedades y de entradas y salidas múltiples al territorio nacional.

Por último, también se flexibilizaron las visitas a la isla de los emigrantes cubanos, al otorgarles este derecho a los que habían salido por el puerto de Mariel y que no tenían permiso de entrada a Cuba, así como a los que habían salido del país antes de 1959 (Aja y Martínez, 1995).

En la década de 1990, mientras América Latina experimentaba los efectos de la crisis económica y sus reformas subsiguientes, Cuba transitaba por una situación similar, delimitada por la abrupta caída del campo socialista mundial —al cual el país se adscribía en términos económicos y políticos— y la intensificación del bloqueo/embargo económico por parte de Estados Unidos.

En ese contexto, la dirigencia insular propugnó un programa de resistencia nacional, de excepcionalidad, frente a la nueva situación, llamado “Período especial en tiempo de paz”, para preservar las credenciales socialistas y las conquistas sociales de la Revolución. [12]Esto, entre otros elementos, implicó la readecuación de las diferentes políticas estatales para enfrentar las situaciones problemáticas del nuevo contexto, y la política emigratoria no fue la excepción.

En este periodo, la dimensión de la seguridad en la política emigratoria se mantuvo debido a varios factores que se entendieron como amenazas a la soberanía nacional y a la supervivencia del proyecto sociopolítico cubano. Entre ellos sobresalieron la intensificación de las presiones de eua, [13]las acciones de cubano-americanos con enclave en Miami, encaminadas a presionar y realizar acciones —incluso armadas— para desestabilizar al gobierno cubano, [14]y el mantenimiento de las políticas estadounidenses de incentivo a la emigración, las cuales, en un contexto de deterioro dramático de las condiciones de vida de los cubanos, incentivó las salidas irregulares del país.