Sayak Valencia - 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos

Este desencanto se sumó al incremento paulatino de los problemas de seguridad con operativos militares que se correlacionaron directamente con el aumento en homicidios, violaciones y masacres, entre otros. La violencia que se vivía en el país desde la década de 1990 se profundizó frente a las políticas de militarización del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las cuales desataron una ola de violencia y violaciones de DH sin precedentes. De esta manera, la realidad confrontó directamente a las ONG con el gobierno federal, contraponiendo la política militarista a la defensa de las garantías individuales y al reconocimiento de las víctimas, crisis que se agravó con el retorno del PRI (2012-2018) y la continuidad de la violencia.

Más allá de las reformas como la de 2011 y el reconocimiento de los DH con jerarquía constitucional, y un primer intento del gobierno de Peña Nieto de reconocer a las víctimas (por medio de la Ley de Víctimas), los sucesos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán, entre muchos otros, demuestran la continuidad de la crisis de violencia que vive el país, una crisis que ha abierto nuevos escenarios de rechazo gubernamental a las críticas internacionales en materia de DH (como lo sucedido en el último año en general frente a las críticas y en el caso especial de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura en particular).

De esta manera, luego de la alternancia se dio en México un proceso de apropiación gubernamental de los DH, es decir, la incorporación de la agenda de los DH en la orientación concreta de políticas institucionales del gobierno, lo que dio lugar a una serie de espacios de administración de las demandas por el respeto y cumplimiento de los derechos. A continuación presentamos una descripción analítica de las ONG que, en la interacción con las lógicas gubernamentales, caracterizan el campo especializado de la defensa de los DH en México en el siglo XXI.

La apertura de espacios de intermediación e interlocución con el gobierno federal tras la alternancia permitió que las ONG emprendieran estrategias para insertarse en los espacios de impulso de trabajo institucional, con lo que reforzaron la apropiación gubernamental del discurso de los DH. Este proceso permitió una paulatina especialización en la relación entre los DH y las políticas públicas, en las que las ONG buscaron incidir con la implementación de proyectos que tuvieran un impacto en la garantía de los derechos.

La interlocución fluida entre ONG y organizaciones estatales también fue posible en la medida que muchos actores que participaron en la movilización social pasaron a formar parte de las instituciones creadas en la alternancia. El papel que pudieron cumplir las ONG se relacionó también con los cambios en los papeles asignados a la sociedad civil en general, con la creación por parte del gobierno federal de figuras como los Consejos Consultivos y Programas de Apoyo y Financiamiento “al tercer sector” en los que participaron activamente miembros de las ONG (Somuano, 2011; Cadena, 2004). En esta línea de trabajo de mediación institucional gubernamental de las ONG, también fue importante la reorientación estratégica que el gobierno del PAN dio a la Secretaría de Desarrollo Social, que buscó legitimar su política social integrando a diversas ONG en funciones gubernamentales dentro de sectores como la educación, la salud y atención a grupos marginados, entre otros, sustituyendo los decrecientes recursos que venían del exterior para la sociedad civil (Bizberg, 2007: 796).

Un caso muy representativo de esta orientación al impulso de políticas institucionales se dio en la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, la cual aglutinó a las ONG Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equidad y Género, e Ipas México, cuyos objetivos eran promover leyes y políticas públicas sobre el aborto y el acceso a servicios de salud de calidad desde la perspectiva de los DH y laicidad del Estado. Muchas de las lideresas de estas ONG han ocupado puestos en consejos consultivos y han sido clave en el impulso de reformas en la búsqueda del reconocimiento de derechos de género y sexuales.

En general, las ONG ubicadas en la Ciudad de México tuvieron una mayor relación de interlocución, incidencia y seguimiento a políticas públicas de carácter federal, así como vinculación con las dinámicas institucionales estatales en sus diferentes instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cumplió un papel clave en la socialización y educación sobre DH en la capital, de interlocución y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Durante la dirección de Álvarez Icaza, entre 2002 y 2009, diversas ONG fueron consultoras y asesoras de la CDHDF, además de que varios defensores de DH provenientes de tales organizaciones trabajaron para la Comisión, en lo que diversos entrevistados nombraron como una clara “alianza positiva con la sociedad civil”. 5

A diferencia de los actores que se concentraron en el impulso de agendas institucionales y que provenían de la trayectoria de consolidación de la defensa de los DH y las demandas por los cambios democráticos, después del año 2000 nació un conjunto de ONG que buscaron consolidar nichos muy especializados en la promoción de los DH. Un emergente tipo de actores colectivos, ubicados en la capital del país, liderados por jóvenes que habían tenido una educación y formación profesional en DH (principalmente abogados).

En este conjunto de nuevas ONG defensoras de DH resaltan aquellas con perfiles más especializados sobre el Estado de derecho y el trabajo de promoción de reformas a la justicia. En este caso hablamos de organizaciones con un perfil de trabajo orientado al litigio estratégico y la promoción del marco normativo de los derechos, como el Instituto de Justicia Procesal Penal (2004), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) (2005), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (2006) e I(dh)eas Litigio Estratégico (2009). Además de estas ONG, activistas con amplia trayectoria en defensa de los DH crearon organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia (2007), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (2011).

Todas estas ONG están ubicadas en la Ciudad de México y tienen en común que orientan su trabajo a la influencia institucional, el seguimiento y la asesoría en la implementación de reformas a la justicia y de atención a la población en el marco de los DH, además de una relación cercana con fundaciones donantes internacionales en materia de democracia, Estado de derecho y DH como la fundación Ford y Usaid, entre otras.

Como ejemplo de lo anterior, ASILEGAL es una ONG que en tan solo cinco años se posicionó en el escenario nacional e internacional dado su claro perfil de experticia en temas de acceso a la justicia y prisión preventiva, además de que realiza proyectos de formación y capacitación en alianza con diferentes estados de la república para la implementación de la reforma a la justicia. 6Otro ejemplo de dicha emergencia es FUNDAR, la cual fue creada por académicos en 1999 y cuyo elemento innovador es “copiar lo que se hacía en los Think Thank del mundo anglosajón”; su objetivo inicial fue permitir el acceso a la información pública, transparentando el ejercicio de gobierno e inscribiéndose en la agenda de rendición de cuentas dentro del discurso de la democratización. Si bien esta ONG no surgió como una organización de DH, hoy en día es uno de los actores con una de las agendas de trabajo más amplia, mayor participación en escenarios nacionales e internacionales, y con una gran capacidad para movilizar recursos económicos con agentes financieros internacionales en el marco de la defensa de los DH.