Sayak Valencia - 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos

A continuación sistematizaremos en una tabla los procesos de acción colectiva en análisis. Estos se enlistarán en la primera columna. Cada uno será explicado en una fila a partir de los elementos en que se puede descomponer analíticamente el proceso de movilización social. Para ello, hemos unido tantos los elementos que nos permiten entender por qué surgen los procesos de acción colectiva como aquellos que permiten explicar sus fortalezas y debilidades, así como los resultados derivados de los mismos.

De lo explicado en el apartado anterior en torno a los casos de movilización contra la gran minería en México y el uso de los repertorios jurídicos se pueden extraer algunas conclusiones comparadas. A continuación las expongo dividiéndolas en dos partes: primero me referiré a los aspectos comunes a los distintos procesos de acción colectiva que han permitido de manera momentánea la detención de los proyectos extractivos; posteriormente detallaré el papel desempeñado por los repertorios jurídicos, destacando entre estos el papel de los derechos humanos.

Lo primero que salta a la vista cuando se analizan comparativamente los resultados de los procesos de movilización social es que, de los catorce aquí mencionados, en doce de ellos se ha logrado detener por un tiempo el avance del proyecto minero (solo en los casos 1 y 4 el proyecto ha continuado en operación). A diferencia de otros procesos de movilización social donde el tiempo que corre en la búsqueda de justicia se puede convertir en otro elemento más de reforzamiento de la situación de vulneración de derechos y de reafirmación de la condición de víctima, en el campo de la lucha contra megaproyectos ganar tiempo significa evitar que se fragüe la devastación ambiental y el despojo. Es cierto que ese tiempo puede servir para desmovilizar, para agotar la resistencia en largos y tortuosos procesos judiciales. Sin embargo, es imposible cambiar la situación de inminente despojo que la comunidad no eligió, y cada día ganado a la minera es una victoria (aunque sea pequeña) para los actores sociales movilizados.

Ahora bien, como expliqué, en todos los casos mencionados los proyectos están solo detenidos, debido a que el acto administrativo que les dio origen —la concesión minera— sigue vigente y, por lo tanto, en cualquier momento podrían reactivarse. No hay que obviar el hecho de que la mayoría de los megaproyectos mineros —y por consiguiente las resistencias— se activaron alrededor del año 2008, coincidiendo con importantes picos en el precio de los metales. La movilización social, en todos estos casos, logró frenarlos, pero no se puede dejar de incluir en la ecuación que, desde 2013, los precios internacionales comenzaron a bajar. Ello explica tal vez los limitados esfuerzos de las compañías mineras para reactivar los proyectos extractivos luego de que estos fueran detenidos como producto de la movilización social. No obstante —tal como sucedió con el caso de Cerro de San Pedro—, si se vuelven a dar fuertes alzas en los precios de los metales y se transforman las oportunidades políticas, estos proyectos podrían reimpulsarse, lo cual refuerza el riesgo implícito que conlleva el que, a pesar de que se logre frenar los proyectos, las concesiones queden vigentes.

Este éxito momentáneo de los procesos de movilización social contra la gran minería en México no responde a modelos preestablecidos sino a un cúmulo de situaciones en las que es posible identificar algunos patrones, pero que no resultan excluyentes y, por ello, no generan relaciones directas de causalidad.

En primer lugar resulta fundamental lo que ya hemos referido en relación con el ensanchamiento de oportunidades políticas para la movilización social y la movilización sociolegal. Como muestran todos los casos, el proceso de reformas políticas que incluyó la entrada al ordenamiento jurídico del paradigma de los derechos humanos permitió, entre otros: a) la existencia de tribunales con una pequeña dosis de mayor independencia con nuevos argumentos que podrían ser invocados; b) que el Estado mexicano tuviera la obligación de prestar atención a organismos internacionales de derechos humanos (Comités de los Pactos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.); c) congresos y poderes locales con diversas fuerzas políticas representadas, lo cual aumenta las posibilidades de encontrar aliados influyentes; d) una mayor exposición del Estado al escrutinio público, lo cual convierte la represión en una salida más costosa y, en consecuencia, de uso más selectivo. Estos incentivos, que varían y son matizados o potenciados de acuerdo con la forma en que se verifican en cada estado o región, sin duda, catalizaron los procesos de acción colectiva.

En segundo lugar, tampoco podemos perder de vista los otros elementos relativos al contexto y ambiente de los procesos de movilización social. El ciclo de altos precios de los metales en el mercado internacional —que provocó una explosión de megaproyectos extractivos— permitió una mayor comunicación entre procesos de resistencia antes escasos y aislados, lo que trajo como consecuencia la comunicabilidad de las experiencias. Ello condujo a que muchos de los procesos aquí graficados, en especial los últimos, se vieran inducidos (McAdam, 1999: 60-61) por aquellos que comenzaron el ciclo de protesta. Además, otros factores de índole más local, como la existencia de élites económicas alineadas o divididas , la mayor o menor fortaleza de las estrategias de despojo , el grado de violencia desatada por las empresas mineras en complicidad con actores del Estado, entre otros, también se constituyeron en incentivos para la acción colectiva.

En tercer lugar, ha resultado relevante la fase del proyecto extractivo minero en la que los proyectos se encuentren. Al respecto, los casos referidos muestran que existen muchas más posibilidades de frenar un proyecto minero cuando este se halla en las dos primeras fases del proceso. Una vez que la explotación se ha echado a andar, resulta muy difícil detenerla, incluso a pesar de contar con redes asociativas fuertes, estructuras de movilización articuladas, marcos bien alineados y amplios repertorios. Lo que han invertido las empresas en la puesta en operación de los proyectos y las ganancias que ya están obteniendo las lleva a fortalecer las “estrategias de despojo”, a ejercer fuertes presiones sobre el Estado para que les permitan operar incluso violando sentencias de tribunales y hasta sin manifestaciones de impacto ambiental vigentes (caso Cerro de San Pedro), y a usar amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos de líderes sociales (caso San José del Progreso), con la consecuente ayuda del Estado para criminalizar a los activistas y sostener un clima permanente de impunidad.