Karina Ansolabehere - La política desde la justicia

En vista de la centralidad de la noción de independencia en el análisis que la ciencia política realiza sobre el Poder Judicial en la región, se considera necesario detenernos brevemente en él. A continuación se presenta una consideración sintética de las características y dificultades que entraña el concepto.

Afirmamos que la cuestión de la independencia (o mejor dicho de su ausencia) ha sido el fantasma que ha permeado la relación entre Poder Judicial y política en el subcontinente. Sin embargo, aún no hemos considerado qué es la independencia. A continuación vamos a intentar definir los alcances y el sentido básico de nuestro fantasma.

La definición del alcance y sentido de la independencia judicial no está exenta de dificultades [2](Russel, 2001; Linares, 2004). En general hace referencia al hecho de que la decisión de los jueces es producto de su interpretación de los hechos presentados en la causa y del derecho correspondientes al caso, antes que de interferencias y presiones de alguna de las partes del caso, del gobierno, la legislatura, los medios de comunicación, poderes fácticos, organizaciones no gubernamentales, otros jueces, opinión pública, órganos no jurisdiccionales del sistema de justicia, etc. (Linares, 2004). No obstante, esta pretensión llevada al extremo, el suponer que las decisiones de los jueces se producen en un aislamiento total, es un presupuesto irreal. [3]Antes bien, una visión realista de la independencia está vinculada con la ausencia de, y los resguardos para, evitar influencias indebidas, que mediante coacción, soborno o amenazas, pongan la autonomía del juez en riesgo, asunción que nos ubica en una delicada frontera, en ocasiones, difícil de establecer con claridad.

Con Russell (2001) consideramos que la dependencia del Poder Judicial está vinculada con la intersección de dos dimensiones de análisis: el origen de la influencia (externo o interno) y la dirección de la influencia (individual o colectiva). Tal combinación nos permite definir un espacio de posibilidades como puede observarse en el cuadro 1.

Adicionalmente, observamos que la independencia tiene por lo menos dos connotaciones, una positiva, vinculada fundamentalmente con el individuo, y una negativa, vinculada fundamentalmente con el colectivo (Linares, 2004). En términos positivos, una decisión considerada independiente será aquella en que la decisión del juez está fundada en una interpretación adecuada de las pruebas (hechos) y las reglas que rigen el caso, donde los casos similares son resueltos del mismo modo. En términos negativos, la independencia será definida como la ausencia de interferencias indebidas en la decisión; interferencias indebidas de las cuales se supone se protegerá a los jueces con la garantía de un diseño institucional (independencia estructural) que les garantice interna y externamente estabilidad en el cargo y remuneraciones adecuadas.

Dada la complejidad del concepto, y en vista de que no está entre los objetivos de este trabajo desarrollar una teoría de la independencia judicial, se la tomará aquí en un sentido restringido, negativo y externo (Linares, 2004) como: la no injerencia de actores políticos y sociales, fundamentalmente del Poder Ejecutivo, [4]en las decisiones de los jueces. Esto es, la existencia de garantías y evidencias de que los jueces cuando deciden como deciden no lo hacen coaccionados por ningún tipo de agente externo; cuestión que más allá de diferencias de enfoques, preguntas de investigación y supuestos de partida, atraviesa la mayor parte de las investigaciones sobre este poder en América Latina. Tal preocupación, por otra parte, ha pasado por diferentes momentos desde principios de los ochenta hasta hoy, los cuales se reseñarán en el apartado siguiente.

Como se sostuvo con anterioridad, el Poder Judicial ha recibido una atención marginal hasta bien entrados los noventa, cuando la consolidación y la calidad de las nuevas democracias se constituyó en problema central para la ciencia política, y se revalorizó el lugar del Poder Judicial en el régimen democrático. Sin embargo, se identifica información sobre la situación de este poder en algunos trabajos de los sesenta y los setenta que, interesados por el análisis de las características del sistema político en la región, o en los países en desarrollo, hacen referencia al funcionamiento del Poder Judicial (González Casanova, 1974; Johnson, 1975; Clagett, 1952; Moreno, 1970; Christensen, 1969, etc.).

Tomando como punto de partida estos trabajos, en los estudios sobre la relación entre Poder Judicial y poder político en América Latina, podemos identificar tres momentos en la reflexión sobre la relación entre Poder Judicial y política democrática: a ) preocupación por la capacidad del Poder Judicial para controlar el poder político (décadas de los setenta y los ochenta), cuando la pregunta acerca de las características del régimen político está prácticamente ausente y la actuación del Poder Judicial es un fin en sí mismo, o en todo caso está presente como un elemento descriptivo; b ) la preocupación por la construcción de independencia (fines de los ochenta y mediados de los noventa), cuando la independencia es un medio para la consolidación de la democracia, y c ) la preocupación por los alcances de la independencia (fines de la década de los noventa en adelante), cuando un Poder Judicial independiente es condición necesaria pero no suficiente para la garantía de un Estado democrático de derecho (véase el esquema 1).

El principal rasgo distintivo de estos trabajos “tempranos” es que la problematización de la capacidad de control del Poder Judicial sobre el poder político, y de su independencia, está desvinculada de la reflexión acerca del régimen político. La independencia (dependencia) del Poder Judicial respecto del poder político se considera como un fin en sí mismo. Son trabajos en que se da cuenta de dos cuestiones: a ) la reflexión acerca de las causas posibles de la capacidad (incapacidad) de control del Poder Judicial (Verner, 1984; Clark, 1975), y b ) la identificación de diferencias en la capacidad de control del poder político por parte de las cortes supremas en los países latinoamericanos (Verner, 1984; Clark, 1975; Schwarz, 1973). Si bien son trabajos pioneros en la materia, de alguna manera aportan elementos que coadyuvan a legitimar la “sensación” de sentido común de que los poderes judiciales no cumplían un papel relevante en los países latinoamericanos, aunque no dejaron de identificar matices en la situación de los países.

Las citas siguientes son ilustrativas del punto de partida de estos trabajos:

Los ejecutivos centrales y las burocracias tienden a monopolizar las funciones de gobierno a expensas de las cortes y las legislaturas (Almond, 1974: 34-35).

[…] en ocasiones las cortes juegan cierto rol político, especialmente en la defensa de los derechos humanos. Dada la ausencia de medios para hacer cumplir sus decisiones […] no puede esperarse que garanticen una defensa contra las imposiciones de la tiranía; el hecho de que los dictadores permitan el funcionamiento normal de las cortes, debe ser considerado no como evidencia de la fortaleza de las cortes, como lo han hecho algunos comentaristas, sino como una indicación de su debilidad política (Needler, 1965: 155).