Karina Ansolabehere - La política desde la justicia

Los resultados obtenidos del análisis de la información permiten observar que estas cortes con perfiles de relación diferentes, presentan matices en sus concepciones acerca de la relación entre la política y la justicia, y sobre el espacio de la política. Evidencia a partir de la cual proponemos que el marco de relaciones con el poder político y el propio Poder Judicial en el que están inmersas las cortes estudiadas no es inocuo en sus visiones sobre la política. Los casos estudiados tienden a confirmar esta asociación. Una Corte más constreñida por el propio Poder Judicial y por el poder político, como la Corte argentina, se constituye en una Corte más cuidadosa frente a la política. Dadas estas condiciones podemos suponer que la posición menos costosa para la corte será blindar su espacio de la intervención en el terreno de la política. Esto es, no constituirse en un “peligro” para la política, ni para la propia justicia; los costos de enfrentarse con el poder político y con las instancias inferiores del Poder Judicial son muy altos. Las concepciones que predominan confirman esta senda, buscan conservar su espacio a través de la no transgresión de las fronteras entre la política y la justicia. Por su parte, una Corte que carece de contrapesos importantes en el Poder Judicial y en el poder político, como la mexicana, se constituye en una Corte osada frente al espacio de la política; los costos de enfrentarse con las instancias inferiores del Poder Judicial no son demasiado altos, en tanto que los beneficios de intervenir en el espacio de la política han sido importantes. Es una Corte que no teme a la justicia y que interactúa con la política. Ante la ausencia de contrapesos internos fuertes (pero también de la existencia de una familiaridad con la política), las concepciones que predominan buscan conservar su espacio mediante la intervención y la decisión, antes que la restricción. Es una Corte cuya manera de vincularse con la política es intervenir en su espacio, aunque los resultados de esta intervención sean cuestionables desde la perspectiva de diferentes modelos de relación entre Poder Judicial y poder político democrático.

Finalmente, se considera importante destacar que para concretar la propuesta contenida en este estudio se tomó una decisión metodológica y teórica arriesgada: hacer un trabajo que mira el derecho y lo judicial con los ojos de la ciencia política. Es un intento de trabajar la madera del derecho con los instrumentos de las ciencias sociales, intento que ha resultado en un producto que acaso saldrá de los cánones para quienes vienen de cada una de estas disciplinas, pero cuyo aporte espera contribuir a otras miradas.

Hasta no hace mucho tiempo, cuando se preguntaba en América Latina a una persona medianamente informada qué pensaba del Poder Judicial, la respuesta que con mayor probabilidad se obtendría, en el mejor de los casos, era algo parecido a “complaciente con el presidente”, o en el peor, “intrascendente”. La relación entre política y justicia no es simple. Un rasgo que la caracteriza es la tensión entre las partes intervinientes, tensión que se expresa en la dificultad para establecer un equilibrio adecuado entre ellas. Se trata de un espacio donde los límites entre los correspondientes terrenos son difusos, límites cuya transgresión por parte de la política nos conduce rápidamente al escenario indeseable de subordinación del espacio de la justicia, y cuya transgresión por parte de la justicia nos conduce al escenario indeseable de la intervención de funcionarios no electos en el espacio de los funcionarios electos. El análisis de esta tensión y sus diferentes resoluciones no ha sido ajena a la teoría política clásica y contemporánea (Kant, 1993; Locke, 2003; Hobbes, 2001; Habermas, 2000; Sunstein, 2001; Ackerman, 1995 y 1991; Gargarella, 1996; Nino, 1989; Ferrajoli, 2001a y 2001b; Alexy, 1991 y 2003; Montesquieu, 2001; Hamilton et al. , 2001; Guarnieri y Pederzoli, 1999; Agresto, 1987; Bickel, 1978; Schapiro, 2004 y 1988, Elster y Slagstad, 1999, etc.). Hasta no hace mucho tiempo, cuando el Poder Judicial comenzó a ser una cuestión de interés académico para las ciencias sociales en América Latina, la atención estuvo centrada en la invasión por parte del poder político del terreno del Poder Judicial. Hoy, si bien esa preocupación sigue presente, la contraria también lo está. Algo ha cambiado.

El interés principal del presente capítulo es analizar cómo se ha conceptualizado la relación entre Poder Judicial y política democrática en América Latina. El objetivo de este repaso es contextualizar la pregunta central de este trabajo ¿por qué en Argentina y México las cortes supremas conciben como lo hacen el espacio de la política? , en el debate sobre la región a partir de dos coordenadas: la cuestión de la relación entre justicia y política, íntimamente vinculada con la cuestión de la independencia judicial, y la forma en que ésta se vincula con la discusión sobre el régimen político democrático.

Durante muchos años, el Poder Judicial fue el gran ausente del análisis político latinoamericano, o sólo recibió una atención residual. En la medida en que se lo asumía como “dominado” por el Poder Ejecutivo no fue motivo de preocupaciones académicas importantes. Sus decisiones eran una extensión de las del presidente. Era suficiente estudiar qué decidía el presidente para saber cómo actuarían los otros poderes. Sin embargo, el doble proceso de democratización y apertura económica que ha tenido lugar en América Latina en el último cuarto de siglo (Przeworsky, 1995; Orlansky, 1999; Torre, 1998) renovó el interés por el lugar del Poder Judicial (y las características de las decisiones judiciales) en el marco de dichos cambios.

La preocupación por la actuación del Poder Judicial ingresó tarde en la agenda de los estudios sobre la transición democrática (Smulovitz, 1995). No obstante, de la mano de la preocupación por el proceso de democratización (la consolidación y calidad de las nuevas democracias), el tema ha atraído la atención de numerosos especialistas.

Un análisis de la literatura sobre el tema, de las ciencias sociales en general y de la ciencia política en particular durante el último cuarto de siglo, nos muestra una diversidad de preguntas y perspectivas de análisis. Entre las principales preguntas que han atraído la atención podemos citar las siguientes: ¿por qué fueron dependientes los poderes judiciales?, ¿en qué cuestiones fueron más autónomos respecto del poder político?, ¿qué reformas institucionales serían necesarias para lograr mayor independencia, eficiencia y acceso a la justicia?, ¿por qué existen barreras para el acceso a la justicia?, ¿cómo inciden los contextos políticos en las decisiones de los jueces?, ¿cómo es posible mejorar su eficiencia?, ¿cuánto contribuyen estos poderes a fortalecer el proceso político democrático?, ¿hasta dónde es necesario que comiencen a rendir cuentas?, etc. No obstante, más allá de esta diversidad de cuestiones, puede identificarse un eje articulador de una parte importante de esta literatura: la relación con la política democrática, sea ésta la realmente existente o la idealmente deseable.

Si nos enfocamos en la relación entre Poder Judicial y política democrática, un fantasma recorre los trabajos sobre el tema, el fantasma de la independencia. [1]Podemos sostener que la reflexión sobre la relación entre Poder Judicial y política en América Latina se articula alrededor de esta noción, entendida como el grado de autonomía de los jueces para tomar sus decisiones sin interferencias (fundamentalmente del poder político, pero no exclusivamente). Preocupación que, no obstante, se fue recreando e imbricando de manera diferente con la noción de gobierno democrático a la largo de más de dos décadas, hasta llegar a cuestionar el supuesto de que la cualidad de independencia es garantía de la corrección en las decisiones judiciales y, en última instancia, tendrá una relación virtuosa con el proceso político democrático.