Mario José Krieger - Sociología de las organizaciones Públicas

Por último, señala Bresser, el nuevo desarrollismo defiende el equilibrio fiscal, no por ortodoxo, sino porque cree que el Estado es el instrumento de acción colectiva por excelencia. Si el Estado es tan estratégico, debe ser fuerte, sólido y con suficiente capacidad de acción. Por ello mismo, sus finanzas necesitan estar equilibradas y su deuda debe ser reducida y con plazos largos. Lo peor que le puede pasar a un Estado es quedar en manos de sus acreedores. Los acreedores externos son peligrosos porque en cualquier momento pueden retirar sus capitales del país, mientras que los internos, transformados en rentistas y apoyados en el sistema financiero, pueden imponer al país políticas económicas desastrosas. La última diferencia entre el viejo y el nuevo desarrollismo es el papel atribuido al Estado en la infraestructura. Ambas corrientes le reconocen un papel económico fundamental como garante del buen funcionamiento del mercado y de las condiciones generales de la acumulación de capital: educación, salud, infraestructura de transportes, comunicaciones y energía. Para el desarrollismo de los 50, el Estado jugaba un rol clave en la promoción del ahorro forzado, contribuyendo de esta forma a que los países completaran su proceso de acumulación primitiva. En aquella época también se consideraba que el Estado debía invertir en las áreas de infraestructura e industria pesada, que requerían muchos recursos para los cuales el ahorro privado no era suficiente. Para el nuevo desarrollismo, el Estado puede promover el ahorro forzado e invertir en ciertos sectores estratégicos. La diferencia es que hoy el sector privado nacional tiene los recursos y la capacidad empresarial suficientes para llevar adelante estas tareas. El nuevo desarrollismo rechaza la tesis neoliberal de que el Estado ya no tiene recursos, porque esto depende de la forma en que se administren las finanzas públicas. Pero entiende que, en aquellos sectores en que hay una competencia razonable, el Estado no debe ser inversor, sino ocuparse de garantizar la competencia. El nuevo desarrollismo, por lo tanto, concibe el mercado como una institución eficiente y capaz de coordinar el sistema económico, pero sin la fe irracional de la ortodoxia convencional.

Llegados a este punto, retomemos los interrogantes de Schweinheim (71) en un libro anterior: ¿En qué medida los estados latinoamericanos y sus grados de estatalidad están relacionados con una mayor o menor democratización de sus regímenes políticos? ¿Cuál es la relación entre el grado de democratización y la efectiva vigencia de derechos civiles, políticos y sociales para los pueblos latinoamericanos, en particular para los sectores más desfavorecidos? ¿En qué medida las políticas públicas están relacionadas con una mayor vigencia de los derechos ciudadanos o están basados en derechos? ¿En qué medida, las formas institucionales y organizacionales de las administraciones públicas de América Latina afectan un retraso o expansión de los derechos ciudadanos?

Al respecto, señala Schweinheim: “El regreso del Estado en el campo de la ciencia política y la economía aparece como un interesantísimo esfuerzo en estos dos campos disciplinarios por lo que podríamos denominar un ‘regreso al proyecto de la modernidad’. El Estado reaparece como institución íntimamente asociada a realidades y valores de la sociedad moderna: la democracia, la ciudadanía ampliada, los derechos civiles, políticos y sociales, el crecimiento económico, el desarrollo, el bienestar” (72).

Schweinheim (73) continúa argumentando en el referido libro que, en primer lugar, que el “estado neoliberal dependiente latinoamericano construyó la relación Estado-Sociedad a través de procesos de privatización, delegación, descentralización y transferencia de responsabilidades a actores locales y sociales, configurando la matriz social latinoamericana de desestructuración y reconfiguración de actores y movimientos sociales. En segundo lugar, que a partir del 2000 nos encontramos frente a un Estado en tensión entre una reconfiguración neodesarrollista, por un lado, y neocomunitarista, por el otro, en sus modos de relación con la Sociedad, cuya definitiva construcción todavía está lejos de poder ser vislumbrada”.

Schweinheim (74) se interroga si estás tendencias están o no inaugurando un “neodesarrollismo”. No solo para aquellos países que aún mantienen una fuerte matriz neoliberal en su relación Estado-Sociedad, sino para aquellos que, con distintas estrategias, han intentado transformar dicha estructura. Para que ello sucediera, debería alumbrar una nueva o segunda generación de políticas para el desarrollo entre 2010 y 2020.

En cuanto al neo-comunitarismo, tiene que ver con el resurgimiento de lo local frente a lo global y la incorporación de las etnias pre-coloniales con sus instituciones, primero en los países andinos como Bolivia, Ecuador, pero también aquellos con fuerte presencia de etnias y tradición indigenista como México y el Yucatán, Paraguay, y por referencia otros países como Chile y Argentina; en todos ellos, los pueblos originarios reclaman por sus derechos e instituciones que fueron conculcados por la conquista hace quinientos años, pero que con mayor o menor intensidad siguen presentes en las culturas de dichos pueblos.

También se trata de reconstruir el tejido social que las dictaduras, el liberalismo y las reformas de los 90 y las sucesivas crisis del capitalismo dejó tan dañado con sus secuelas de marginación, narcotráfico y violencia.

Los principales desafíos en materia de gestión pública al momento, a mi juicio, son:

1 Transformar el Estado asumiendo un rol activo en la calidad institucional, el desarrollo, la justicia e inclusión social.

2 Dar una mejor canalización y respuesta a las necesidades de la población.

3 Dotar de calidad y consenso al proceso de formulación de políticas públicas, garantizando la gobernabilidad.

4 Desarrollar un mejor vínculo con la ciudadanía a través de mecanismos participativos y de gobierno electrónico.

5 Implementar adecuadamente las políticas públicas diseñadas.

6 Gestionar por objetivos, vinculando la programación presupuestaria con políticas y planes.

7 Superar el modelo burocrático. Lograr desarrollar procesos y sistemas administrativos acordes a los objetivos de las políticas públicas.

8 Desarrollar un ambiente de auditoría, transparencia y calidad en la información y control que permita evaluar tanto el impacto de las políticas como la calidad de la gestión.

9 Motivar y entrenar al personal en los objetivos y sistemas antes mencionados, acreditando sus competencias.

10 Desarrollar la gestión pública, mejorando el vínculo y la cooperación entre política y administración.

Se trata de transformar el Estado para el siglo XXI. El proyecto de reformulación debe tomar en consideración tres grandes aspectos, a saber:

Fortalecer la institucionalidad política, social y de valores.

Robustecer el proceso de desarrollo alcanzado a partir de la superación de la crisis local e internacional.

Promover la justicia social a través de políticas económicas y sociales redistributivas e inclusivas que garanticen una disminución creciente de los niveles de pobreza e indigencia, posibiliten el acceso igualitario a la salud y la educación y entrenen laboralmente a los estructuralmente excluidos desde el proceso. Promover los nuevos derechos.

La calidad de la institucionalidad política, la democratización, el proceso de desarrollo y la justicia social interactúan sistémicamente entre sí y tienen efectos sinérgicos mutuos.