Mario José Krieger - Sociología de las organizaciones Públicas

Un punto muy importante de la institucionalidad es volver a recrear la justicia y la administración de la misma como una institución eficiente, eficaz, proba y creíble. Es importante el buen funcionamiento de los tres poderes del Estado.

Una administración pública transparente, evaluable en sus actividades, descentralizada, cerca de las personas en sus comunidades, proveedora de los servicios y regulaciones esenciales, comunicada con los ciudadanos a través del uso de las nuevas tecnologías, también hace a la gobernabilidad. Hoy en día, la acción de gobierno es cada vez más evaluada no sólo por la correcta orientación de las políticas, si no también por la gestión, que significa una adecuada implementación de las mismas.

Es preciso fortalecer las formas democráticas de relación entre el Estado y la sociedad, aumentando el grado de participación y responsabilidad de parte de los actores del sistema. Por esta vía, se procura capacitar a los ciudadanos para controlar las actividades públicas, pudiendo hacerlas, simultáneamente, más eficientes y de mejor calidad. La herramienta informática como vehículo contribuye a facilitar el acceso a los múltiples contenidos de la información estatal trasparentando y democratizando acciones que de otro modo serían privilegio de pocos.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de procesos participativos e inclusivos y de la justicia social deberían ser la preocupación principal de la gobernabilidad y estar al tope de la agenda de reforma del Estado.

La reforma del Estado no tiene sólo que ver con un gobierno más eficiente y eficaz. Sino que también tiene que ser más democrático, que se encuentre legitimado por su origen de legalidad y consenso, pero también por su accionar, políticas públicas efectivas en cuanto a la resolución de los problemas de la comunidad y como firme garante de la justicia y la inclusión social.

Debe promover la igualdad de oportunidades para que los miembros de la sociedad tengan posibilidad de acceso a los beneficios económicos, sociales de salud, educativos y tecnológicos.

En el siglo XXI los gobiernos a más de legitimidad y consenso deben demostrar su capacidad en resolver los problemas de la población. Desarrollo económico justo, justicia social, desarrollo humano e inclusión social, son algunas de las demandas más acuciantes que pesan sobre el Estado y la administración pública, en especial en países en vías de desarrollo o que sufrieron fuertes crisis. La modernización del Estado implica que el mismo sea capaz de garantizar la justicia social, solucionando problemas de indigencia, pobreza, salud, educación, que garanticen mejores oportunidades de inclusión social.

Una administración pública efectiva y eficiente hace a la gobernabilidad logrando instrumentar eficazmente las políticas públicas diseñadas. La legitimidad y el consenso se acrecientan a través de los logros de una administración pública que instrumente correctamente las políticas diseñadas por los gobernantes electos a la vez que articule y canalice las demandas de la población.

Se complementa con claros procesos de formulación y evaluación de políticas, presupuestación, programación, implementación y evaluación de resultados, tanto del impacto de las políticas, como de los programas que las materializan.

Por todo ello, una administración pública moderna y eficiente, es un prerrequisito de buen gobierno y todos los partidos políticos debieran acordar como política de Estado el tipo y calidad de administración que desean ante la eventualidad de acceder mediante elecciones a los roles máximos de poder dentro del Estado. Un período constitucional de gobierno es muy corto para implementar las políticas para los que se ha sido electo, si no se cuenta con una administración pública eficaz para llevar a cabo dichas políticas.

En materia de formulación e implementación de políticas públicas, es de buen principio de gestión pública separar el diseño y la formulación de la ejecución de las mismas. Las primeras, se encuentran en el nivel político y en el ámbito centralizado, de un ministerio y de sus secretarías de estado. Las segundas se encuentran generalmente, aunque no exclusivamente, en el ámbito descentralizado. Los mecanismos de vinculación, coordinación y articulación aparecen como muy importantes para el éxito en la formulación y en la implementación de las políticas públicas cuando las temáticas son complejas como lo son las políticas sociales, las económicas, las laborales, las educativas, las de salud de la población, la atención de la niñez, la juventud, la tercera edad, la seguridad, etc. En muchos países de la región se han creado instancias de coordinación interinstitucional, pero muchas de ellas no han sido aún puestas en vigencia o su rol ha sido menor.

Por ello, resulta necesario que las administraciones públicas puedan ir superando los modelos burocráticos de compartimentación sectorial para poder ir desarrollando mecanismos organizacionales sistémicos, vinculados y de trabajo en red, propios de una administración moderna. Para ello es necesario tanto desarrollar, en algunos casos, como implementar, en otros, los mecanismos políticos de articulación, como instancias normativas de vinculación y soportes informáticos de trabajo en red.

Las decisiones básicas de gobierno se expresan a través de las políticas públicas, definidas como pautas generales de decisión y acción destinadas a dar respuesta a cuestiones y problemas actuales o potenciales en una materia o problemática de la agenda social o política.

Para poder cumplir con sus funciones, es necesario que los sistemas de formulación de políticas cuenten con capacidades para prever, identificar y definir problemas, y para establecer consensos que permitan gestar e implementar políticas eficaces.

Las instituciones de gobierno reconocen, procesan y operan sobre las cuestiones incluidas en sus agendas a través de un modelo central, constituido por la propia estructura organizativa. Pero dicha estructura está basada en una división del trabajo que sectoriza el tratamiento de los diversos aspectos de las cuestiones y problemas, con una virtual ausencia de perspectivas integradoras.

Como consecuencia, la formulación de políticas se ve afectada por un proceso dual. Por un lado, la diversidad de intervenciones del Estado en una materia de política pública, requiere de la participación de múltiples jurisdicciones. Por el otro, la interacción de factores a tomar simultáneamente en consideración, requiere una coordinación que sea capaz de operar las síntesis necesarias para la adopción de decisiones.

En el proceso de formulación de políticas públicas, muchas veces se advierte frecuentemente la carencia de marcos de referencia y modelos precisos y compartidos, la insuficiencia de información con validez concertada y la ineficiente gestión del recurso informativo disponible.

La decisión de política pública requiere una captación sistemática y concertada de la realidad, en la que los participantes aporten sus diversas perspectivas e interpretaciones, junto con los valores para transformarla, pero no podrían desconocer o diferir en cuanto a los datos más relevantes de dicha realidad. De allí la necesidad de contar con buenos estudios, análisis y estadísticas adecuadas que permitan diagnosticar realidades político-sociales diversas y evaluar el impacto de las políticas aplicadas sobre dichas realidades. La mala información, la sesgada, la insuficiente, o distorsionada, lleva al diseño de políticas erradas.