Mario José Krieger - Sociología de las organizaciones Públicas

La gobernabilidad significa un Estado con una efectiva división de poderes, dotado de calidad institucional y legitimidad en los procesos a través de los cuales la sociedad se gobierna, se regula, sanciona sus leyes, formula e implementa las políticas públicas. Presupone acuerdos de cómo elige a los gobernantes, cuáles son las reglas de sucesión, cuál la relación con la oposición, como trata el pluralismo y el disenso, cómo construye el consenso. Significa también, cuál es el rol del Estado, cuál la esfera de lo público y lo privado, cuál es el grado de desarrollo y fortaleza alcanzado por las organizaciones comunitarias estas últimas, organizaciones libres del pueblo, sirven de control sociológico del poder, a más de la división formal de poderes, cuán efectiva y autosustentable es la organización federal.

Se requiere de más y mejor gobierno, y éste no puede ser reemplazado por el mercado o instituciones intermedias de la sociedad civil.

Es necesario cimentar instituciones fuertes, consensuadas, que no se encuentren al garete del libre albedrío de alquimias políticas circunstanciales o aventuras cortoplacistas.

Esta claro que ni el Estado ni el gobierno son instituciones que se volverán obsoletas, tienen un rol a cumplir en la globalización y la integración. Su rol es proteger y encauzar la comunidad. Es por ello que Estado y gobierno deben mantenerse innovativos y dinámicos. De ahí que deban transformarse y recrearse.

La crisis internacional actual de los mercados, y en particular del financiero, demuestra que el capitalismo, para funcionar y no autodestruirse, requiere de más y mejor Estado, de más regulaciones que controlen los desvíos, abusos, codicia y egoísmos.

Uno de los roles básicos del Estado es fortalecer el proceso de desarrollo del país post crisis, cimentando un empresariado dinámico e innovador, que sea la base del crecimiento autosustentable basado en factores competitivos. Para ello, el marco institucional, una justicia eficiente, el apoyo público a la innovación tecnológica y a la educación son fundamentales, así como la promoción de clusters en las economías regionales. Como señala Thomas Piketty (75), la promoción de la vinculación entre los sistemas educativos, tecnológico y productivo es fundamental. Todo lo mencionado, para ser realizable, requiere incrementar la capacidad y alcance de la administración pública de resolver problemas económicos y sociales y fortalecer la administración local vía la descentralización.

Otro es la promoción de la justicia social a través de políticas económicas y sociales redistributivas e inclusivas que garanticen una disminución creciente de los niveles de pobreza e indigencia. Requieren, entre otras cosas, utilizar el sistema impositivo tanto para redistribuir la riqueza con justicia como para promover el desarrollo, la inversión y el crecimiento con equidad e inclusión social, morigerando los efectos negativos de los ciclos económicos internacionales. Estos son algunos de los caminos a recorrer para hacer frente a estos desafíos.

Avanzar en materia de institucionalidad pública. Guillermo Schweinheim (76), mencionaba, entre otros aspectos de institucionalidad republicana a tener en cuenta en la modernización del Estado a:

Una estructura del poder ejecutivo que diferencia los órganos formuladores de políticas públicas de los órganos de ejecución (direcciones, gerencias, programas, agencias, entes públicos no estatales, fundaciones públicas, fondos de inversión y fiduciarios, empresas públicas, banca pública, órganos de recaudación) y de los órganos de regulación y control de servicios públicos de gestión privada o pública, regulación de mercados y de actividades económico sociales.

Responsabilidad política de las autoridades ejecutivas gubernamentales sobre los resultados de las políticas públicas a través del control parlamentario.

Responsabilidad administrativa y de gestión para autoridades de órganos autónomos, entes reguladores y directivos del servicio civil a cargo de órganos (direcciones, programas, gerencias) de ejecución centralizada.

Rendición de cuentas y de responsabilidad patrimonial y de resultados frente a parlamentos, órganos fiscalizadores y de auditoría, asociaciones de la sociedad civil, opinión pública y la ciudadanía en general.

El funcionamiento institucionalizado del rol del legislativo en la aprobación de presupuestos del sector público, por programas claramente diferenciados, con metas de producción institucional, resultados e impactos preestablecidos y evaluables, así como mecanismos permanentes de control parlamentario del gasto. Supone la asistencia de organismos técnicos independientes (Contralorías, Auditorías, Tribunales de Cuentas) de evaluación de resultados.

El funcionamiento institucionalizado de la participación (Consejos Consultivos, de Administración) de organizaciones económico sociales y de la sociedad civil y de organizaciones ciudadanas, de usuarios y de consumidores en la elaboración de las políticas y presupuestos, en el acceso a la información pública y en la evaluación, control y auditoría social de resultados.

La institucionalización de principios de:

Equidad contributiva promotora de niveles adecuados de inversión privada y generadora de empleo pero al mismo tiempo favorecedora del mercado interno de consumo ciudadano de bienes y servicios (incluidos bienes públicos de carácter social) en cantidad y calidad adecuados en un marco de igualdad de oportunidades.

Equilibrio y solvencia fiscal macro de la hacienda pública a través de políticas presupuestarias priorizadas y coordinadas con la recaudación de recursos públicos y con sustentables niveles de endeudamiento.

Responsabilidad fiscal por el manejo directivo y gerencial micro de recursos en las distintas entidades estatales.

La institucionalización de modelos (principios y tecnologías) de gestión orientados a resultados, de información a la ciudadanía de estándares y resultados de servicio, de la formulación estratégica de políticas, de la programación operativa eficaz, eficiente y económica de asignación de recursos y logro de metas, de valores y prácticas de control de la transparencia y la ética pública y la participación de la sociedad civil, usuarios y beneficiarios de la acción pública.

En materia de agentes y funcionarios públicos:

La designación sobre el principio del mérito y selección transparente de autoridades de agencias, organismos autónomos, empresas del Estado, banca pública y otros organismos autónomos y autárquicos, incluidas entidades de regulación monetaria y superintendencia bancaria, órganos de recaudación impositiva, órganos de control de derechos ciudadanos y auditorías, estabilidad con plazos preestablecidos y evaluación de desempeño sobre la base de acuerdos, programas o convenios de gestión o resultados.

La designación sobre el principio del mérito y selección transparente dentro del cuerpo del servicio civil para los cargos de dirección, gerencia, jefaturas de los programas y aun de cargos de viceministros o secretarios generales encargados de la coordinación, continuidad y logro de resultados de los programas y de la gestión equilibrada, solvente, evaluable, controlable y auditable de recursos públicos.

La consolidación de un cuerpo estable de funcionarios públicos de servicio civil estableciendo mecanismos de carrera administrativa sobre la base del principio del mérito y la evaluación permanente de desempeño, como garantía del logro de la autonomía del funcionariado frente a intereses particulares, sectoriales y de partido y de la defensa del interés público y ciudadano y del respeto al orden normativo instituido democráticamente.

Construir institucionalidad significa autolimitarse en materia de poderes y facultades mediante reglas claras, consensuadas, legitimadas y respetadas. Esta es una asignatura pendiente de toda la sociedad argentina, no sólo de los detentadores de los roles máximos de poder. La personalidad social básica argentina cree que la ley y las reglas no están para ser cumplidas y respetadas y ello ha generado gravísimos problemas en el pasado, como la crisis del 2001. Pero, pese a dicha crisis, no se ha hecho un aprendizaje social e institucional de la misma y las conductas públicas y sociales siguen siendo las mismas respecto a la sujeción a normas. Se requiere de toma de conciencia y un cambio cultural de toda la comunidad.