Mario José Krieger - Sociología de las organizaciones Públicas

Las conclusiones de la conferencia de Stiglitz en Helsinki eran principalmente dos: (1) la necesidad de crear un enfoque no basado en Washington sino descentralizado y muy respetuoso con la soberanía y con el ownership , esto es, con el “sentido de pertenencia” o las preferencias nacionales, de los países afectados y (2) la importancia de que los economistas (incluidos los pertenecientes a las instituciones financieras internacionales) fueran más humildes, porque, afirmaba, “no tenemos todas las respuestas”.

Las aportaciones posteriores de Stiglitz (63), tras su retiro: identifica al Consenso de Washington con el neoliberalismo o fundamentalismo de mercado. Stiglitz defiende la tesis de que las políticas del Consenso han sido incompletas por no tener en cuenta aspectos importantes como la regulación del sector financiero y la reforma agraria. También, como contraproducentes a los siguientes aspectos:

La austeridad fiscal, como dogma, ha generado paro y ruptura del contrato social; el énfasis excesivo en la lucha contra la inflación ha elevado mucho los tipos de interés y se ha sustentado a menudo en monedas apreciadas, lo que ha provocado desempleo en lugar de crecimiento;

La privatización de empresas públicas, la que sin romper los monopolios u oligopolios y sin regulación, ha desembocado en precios más altos de sus bienes y servicios y no siempre en mejor servicio;

La liberalización comercial, con de altos tipos de interés, ha destruido empleo y aumentado la pobreza;

La liberalización de los mercados financieros, sin regulación, ha provocado un fuerte aumento de los tipos de interés y ha generado inestabilidad y crisis financiera.

Los tres pilares del Consenso I, la austeridad fiscal, las privatizaciones y la liberalización de los mercados, no parecen haber sido las mejores recetas para América latina. Los detractores de Williamson, como Stiglitz, argumentan que en algunos países las privatizaciones alentadas por el FMI no constituyeron una palanca para el crecimiento, y sostienen que los programas de austeridad de ese organismo de crédito desembocaron en tasas de interés tan altas (“a veces superiores al 20%, 50% y hasta 100%”, dice Stiglitz) que la creación de empleos y empresashubiera sido imposible, aún en un contexto económico propicio.

Williamson contraataca: “No acepto el argumento que dice que la mayoría de las privatizaciones no funcionaron en América Latina. Al contrario, las evaluaciones más serias han concluido en que la mayoría fue benéfica para la gente y sus bolsillos. Desafortunadamente, hubo casos en los que el proceso de privatización fue corrupto, y a las empresas privatizadas se les permitió mantener una posición monopólica, sin regulaciones. Por estos casos, los programas de privatización se vieron desacreditados a la vista de algunas personas”.

En 2012, Stiglitz retoma estos temas en su libro sobre el precio de la desigualdad (64), donde ya no sólo critica el sistema económico, si no también el político, donde constata que ambos sistemas han fracasado en incluir, señalando la desigualdad entre el 1% de la población mundial que tiene lo que necesita y el 99% con carencias y necesidades básicas insatisfechas y donde la disconformidad erosiona las instituciones. Señala el fracaso de los mercados, se demostró que no eran eficientes (65), que provocaban las crisis y que no generaban empleos. “La tesis es que estamos pagando un precio muy alto por la desigualdad, el sistema económico es menos estable y menos eficiente, hay menos crecimiento y se está poniendo en peligro nuestra democracia” (66), y continúa más adelante señalando que “es necesario domesticar y moderar a los mercados para garantizar que funcionen en beneficio de la mayoría de los ciudadanos” (67). Ejemplifica luego el fracaso de los sistemas políticos, en las protestas de los jóvenes entre los que hay un mayor desempleo en el mundo. También señala otras consecuencias de la desigualdad, como los altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. Afirma que el mercado, por sí solo, tiende acumular riqueza en unos pocos, genera ineficiencia e inestabilidad, no promueve la competencia (sino la concentración). Afirma que gobiernos e instituciones son propensos a acentuar esta tendencia influyendo sobre los mercados de modo que acentúan las ventajas de los más ricos frente al resto (véase la discusión de impuestos en EE.UU., donde los republicanos desean rebajárselos a los ricos y no atender los programas médicos y sociales de los pobres). Concluye Stiglitz que la democracia y el imperio de la ley se ven debilitados por la cada vez mayor concentración de poder en manos de los más privilegiados.

Me atrevo a llamarlo neo-gerencialista, pues rescata y reafirma el rol del Estado en defensa de garantías y derechos en la sociedad, cosa que no se daba en propuestas como la del Consenso de Washington que viéramos anteriormente. Lo que propone, como se verá más adelante, es un Estado que favorezca las condiciones para el crecimiento de la economía y que pueda hacer frente al imperativo de la universalización del acceso a los servicios públicos, quedando entendido que esto exige una atención prioritaria a las demandas de los sectores más pobres. Un Estado que no sustituya al mercado y a la iniciativa privada, pero que los regule en forma eficaz y orientada hacia el interés público.

Para ejemplificar esta corriente habremos de seguir a Bresser Pereyra (68). En el prólogo de dicho libro, Fernando Henrique Cardoso señala que la complejidad de la cuestión de la reforma del Estado es doble. Por una parte, se presenta como el desafío de entender con precisión la tarea, de definir los pasos a ser dados, partiendo no sólo de un análisis teórico abstracto, sino de una correcta inserción de este análisis en el contexto histórico brasileño. Pero esto no es suficiente. La cuestión es compleja también desde la vertiente política. Ninguna reforma de este tipo puede tener éxito si no cuenta con un piso firme en la articulación de mayorías políticas estables, capaces de promover la transformación de toda una cultura burocrática sedimentada a lo largo del tiempo.

El libro de Bresser Pereira, dice Cardoso, hace justicia a esta doble complejidad. Al exponer el fundamento conceptual y la forma de ejecución de la “reforma gerencial”, tiene el mérito de no ceder a la tentación del simplismo y de disipar en forma definitiva algunos de los malentendidos más persistentes con respecto a los esfuerzos en curso para la modernización del Estado brasileño.

Lo más grave de estos malentendidos es la tendencia que muestran muchos a confundir (frecuentemente para promover una agenda oculta de conservadurismo y defensa de privilegios) cualquier proceso de reforma del Estado con la llamada “receta neoliberal” del Estado mínimo. El argumento de Bresser Pereira, señala Cardoso, es irrefutable: la inspiración de la reforma gerencial es mucho más republicana que liberal. Su objetivo central es el de asegurar condiciones más propicias para la defensa de la res publica , para la protección de los “derechos republicanos” en la terminología sugerida por el autor. Su principio rector es la necesidad de revertir la privatización del Estado y promover modalidades de control de la acción pública por parte de los ciudadanos. Lejos de minimizar la esfera pública, lo que se hace es robustecerla.

Una de las innovaciones más importantes de la reforma gerencial es traer a un primer plano la necesidad de perfeccionar la calidad de la gestión en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Las reformas burocráticas estuvieron dirigidas sobre todo a romper el esquema patrimonial de gestión y promover la “racionalidad según los fines”, en su acepción weberiana y, en el caso brasileño, es fundamental no perder de vista que esta tarea todavía está por completarse. La introducción del modelo gerencial y democrático parte de la recusación de dos premisas igualmente falsas: la de que lo que es público tiene que ser necesariamente pesado e ineficiente, y la de que lo que es eficiente no puede ser público.