Políticas públicas y regulación en las tecnologías disruptivas

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La tercera edición de la colección «Así habla elExternado» examina el impacto que las tecnologías disruptivas y latransfor­mación digital están teniendo sobre el conjunto de la sociedad, bajouna lente humanista e interdisciplinar, propia de nuestra institución. LaCuarta Revolución Industrial (4RI), que ha permeado todos los campos de laactividad humana y la sociedad, ofrece la inmensa oportunidad de reducir lasbrechas de conocimiento e ingreso económico y generar progreso social ydemocrático, pero puede también tener el efecto contrario. El lector y lalectora encontrarán en estos cuatro tomos reflexio­nes valiosas, en sus 74escritos, para comprender en todo su alcance estas innovaciones y podercontribuir así a la construc­ción de realidades cada vez más incluyentes yparticipativas.
En este tomo se discuten los impactos de las tecnologíasdisruptivas en las políticas públicas y la regulación. Esas tecnolo­gías tienenel potencial de modificar las maneras como la Administración Pública opera, asícomo el modo en que interactúa con la sociedad civil. El uso de estasherramientas por parte de la Administración afecta distintas dimensiones delsector público, incluyendo el sector defensa, el ámbito ambiental e incluso ladiplomacia, entre otros. Además, las tecnologías de la 4RI suponen desafíospara la regulación y la protección al consumidor derivados del uso detecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial y el Blockchain enterrenos diversos: el mercado de valores, las Fintech, el comercio exterior,etc. Los trabajos que contiene este volumen discuten en profundidad tales retose implicaciones, su incidencia en los objetivos de las políticas públicas, ypresentan propuestas de regulación para el adecuado aprovechamiento de dichas tecnologías.

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En ese sentido, la función asociada al salario y a las posibilidades de ascenso y reubicación se imponen sobre las incipientes ideas de una evaluación formativa, usada para el mejoramiento de las prácticas. Aunque hay un reconocimiento de que la función debería ser formativa, el hecho de que el fin último sea “ser reubicado o ascendido” y que a ello esté unida la mejora salarial, se impone sobre cualquier otra lógica, razón por la que algunos docentes prefieren, si es necesario, usar los videos para presentar lo que se solicita desde la legislación y no necesariamente lo que sucede desde su práctica usual. Hechos como estos son catalogados por Valdés (2016) como distorsionadores de la evaluación y usualmente devienen en trabajo externalista o de fachada. Es decir, el hecho de que los educadores perciban una amenaza a su posibilidad de mejorar sus condiciones laborales produce un efecto secundario en su mirada sobre la evaluación y sus funciones que se reducen a un papel de control externo.

6. CAMBIOS REFERIDOS A LAS EXPECTATIVAS Y USOS DE LOS RESULTADOS

Puede decirse que mientras el mayor cambio referido a la planeación y grabación del video dentro de la evaluación del desempeño docente está asociado con la conexión explícita entre las dimensiones macro, meso y micropedagógica, el mayor cambio generado con respecto a las expectativas que genera la evaluación con el video y los usos de los resultados está centrado en la dimensión micropedagógica, sobre todo en la construcción emocional del educador.

Como se evidenció en las respuestas de los educadores, un cambio importante referido a la ECDF es que tanto en la planeación y desarrollo del video como en la expectativa por los resultados priman sentimientos de frustración, ansiedad o estrés. Este hecho deja en evidencia no solo que la tecnología irrumpe en la práctica del educador, sino que pone de manifiesto un dilema ético ya documentado por Valdés (2016). La irrupción de la tecnología, la sensación de ser observado y juzgado por otro y, adicionalmente, que de este juicio dependa la mejora de sus condiciones laborales, genera que el educador se sienta con la autoridad para alterar lo que presenta en el video y así salvaguardar la intimidad de su práctica. Ahora bien, el dilema aludido indica que es una situación de difícil solución porque efectivamente el video recoge la acción efectiva del educador, sea esto o no lo que usualmente desarrolla y que esa recolección de información se hace como requisito para optar al ascenso o reubicación salarial (pese a que es un proceso voluntario, es el único camino para lograrlo). Así, el educador está presionado a presentar la evaluación voluntaria y con ella a cuestionar la preservación de su privacidad. Pero, de otro lado, se tiene el derecho público a saber sobre los procesos de enseñanza para también contar con información que posibilite la toma de decisiones continuas para su mejora.

CONCLUSIONES

En Colombia, la evaluación del desempeño docente ha dado vida a nuevas tensiones, en particular frente al uso de un video de autograbación de la práctica y su montaje en una plataforma. Los educadores esgrimen que la calificación que se hace de su video es subjetiva y que no confían en las formas como se procesa la información; que las descripciones que se les entregan sobre sus desempeños son contradictorias entre sí. Pese a que la evaluación cuenta con otros instrumentos (encuestas, autoevaluación y evaluaciones anuales de desempeño) su preocupación central está en el video en el que muestran incluso prácticas que pueden responder más a lo que los educadores creen que deben hacer con base en la normatividad, o lo que se dice de ella, que a su propio quehacer pedagógico o educativo. De otra parte, la voz oficial resalta los avances en la consolidación de una evaluación que se alimenta de diferentes instrumentos y que permite evaluar la práctica pedagógica mediante la interrelación de instrumentos (video, encuestas, autoevaluación y evaluación anual de desempeño), caminando así en la vía de los avances tecnológicos y abriendo nuevas y enriquecidas posibilidades para la investigación en educación.

Se tienen entonces dos posibilidades: por un lado, una propuesta de evaluación del desempeño docente que camina en un filo entre la posibilidad de acercar como nunca la evaluación y la investigación sobre las prácticas pedagógicas, abriéndose como un campo enriquecido sobre las condiciones que se brindan en Colombia para el desarrollo de prácticas educativas en la educación preescolar, básica y media. Por otro lado, el riesgo de beneficiar a educadores que, incluso lejos de buenas prácticas, pueden acceder a mayor asesoría en la grabación de su video, esto es, el riesgo inminente de recoger una información producto de tergiversaciones hechas, como puestas en escena, que en poco o nada reflejan el quehacer educativo, o lo que los educadores consideren como la mejor práctica educativa.

Cabe señalar acá que la legislación colombiana actual tendría que explicitar los fines de la evaluación docente, en tanto que las características actualmente asociadas a ella en el artículo 26 del Decreto Ley 1278 de 2002 permiten identificarla con aquella de tipo sumativo, al vincularla explícitamente con la “verificación”. A este respecto, conviene resaltar que actualmente se cuenta con mensajes dobles sobre la evaluación del desempeño docente toda vez que, desde los lineamientos brindados para la elaboración del video y los demás instrumentos, así como en los materiales para lectura e interpretación de resultados, el mensaje va en una línea que busca resaltar la función formativa, esta mirada no es del todo coherente con la expuesta en la normatividad vigente.

Para cerrar, es de resaltar que la disrupción tecnológica se da cuando la tecnología logra ser omnipresente, para lo cual se requiere que sea flexible y que los sujetos se adapten a ella y no solo que la adopten. Esta anotación, inspirada en los planteamientos de Mühleisen (2018), es de gran importancia para el tema tratado en el presente artículo, teniendo en cuenta que el uso del video (grabar, visualizar y analizar la práctica de aula) no es algo habitual entre los docentes colombianos. Así, para optimizar el uso del video, u otras tecnologías, como una herramienta de evaluación, se haría indispensable cumplir con al menos tres condiciones: primera, que los docentes acojan esa tecnología como un instrumento usual para la planeación y reflexión continuas sobre sus prácticas; segunda, que se revisen las políticas referidas a las funciones de la evaluación del desempeño docente de tal forma que sea visible su carácter diagnóstico-formativo y su relación con el uso de tecnologías digitales, y, tercera, que se generen nuevas políticas sobre el tratamiento y uso de la información, que permitan visibilizar usos, alcances y beneficios en lo que respecta al mejoramiento de la práctica docente.

CONSIDERACIONES FINALES

Las dinámicas mundiales sugieren una marcha sin retorno sobre caminos cada vez más digitales. La evaluación docente no escapa a ese presagio. Una evidencia inocultable es que, a raíz del confinamiento generado por la pandemia del Covid-19, se puso en evidencia la necesidad de conocer y reconocer el uso educativo y para la evaluación, de tecnologías digitales, con todas sus bondades y peligros. Las preguntas sobre las competencias que deben tener los docentes frente a estas nuevas dinámicas educativas tendrán que ver, irremediablemente, con aspectos que empezarán a hacer parte de la evaluación del desempeño docente: ¿cuáles serán?, ¿cuáles son las competencias que las nuevas dinámicas exigirán a un docente para el desarrollo de su práctica educativa?, ¿cómo se determinará la idoneidad docente frente a estas nuevas demandas?, ¿cómo tendría que transformarse la evaluación del desempeño docente? El tema no es menor y sugiere cambios estructurales en la formación de licenciados y en la formación continua de los docentes. Por supuesto que nada de ello es posible sin transformar además las políticas educativas que sirven como referentes curriculares.

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