Jorge Hagedorn - Constitución Solidaria

Pese a que es posible que una interpretación restringida del principio de subsidiariedad pudo haber sido uno de los gatillantes ideológicos de esta crisis, el futuro debate constitucional supone una discusión más precisa sobre qué significa realmente la subsidiariedad. Si bien la aplicación práctica del principio en nuestro país ha sido sui géneris, en ningún caso ello puede deslegitimar su importancia política y la necesidad de que esté presente en el próximo debate sobre los contenidos de la nueva Constitución. Por otra parte, si bien la solidaridad está presente en la Constitución **, no existe claridad sobre su real sentido y alcance, teniendo un lugar residual en tanto principio constitucional.

Por ello, este ensayo tiene por objeto contribuir a la discusión pública sobre los contenidos de la Carta Fundamental, realzando la importancia de los principios de subsidiariedad y solidaridad. Para ello, en una primera sección, describiremos un breve diagnóstico sobre algunas las causas más relevantes de la crisis social. A continuación, expondremos las principales manifestaciones de la subsidiariedad y la solidaridad en la Constitución de 1980. En una tercera parte, mencionaremos brevemente el concepto de subsidiariedad y sus conexiones con la solidaridad. Por último, mencionaremos cuatro ejes temáticos resultantes de la aplicación práctica de la subsidiariedad y la solidaridad, que, a nuestro juicio, deberían ser tema del próximo debate constitucional.

«... el principio de subsidiariedad... ha sido identificado como una de las principales causas del malestar de la sociedad chilena».

2.2. Consenso y crisis social

En buena parte, el estallido social se vincula con una «crisis de consenso»3. Si bien durante los últimos años se ha utilizado la palabra consenso para hacer referencia a los acuerdos político-electorales que fueron posibles en el contexto de la transición política −principalmente en los años noventa y dos mil−, el concepto tiene un contenido más preciso. Un consenso es un hecho político que se produce en un contexto social específico y entre circunstancias variables según el lugar4. Una sociedad política ha alcanzado un consenso cuando concuerda en una visión común, una imago mundi o cosmovisión sobre el hombre y la sociedad. En la Antigüedad clásica, el consenso no se identificaba meramente con un acuerdo contractual, sino con la concordia política o amistad mínima e indispensable para que los ciudadanos vivieran en común en una sociedad política5. En el mundo contemporáneo, aunque desde perspectivas filosóficas muy diferentes, se ha identificado esta idea también con la amistad cívica y con el principio de solidaridad, del cual hablaremos más adelante.

Según Gonzalo Vial, Chile, una vez nacido a la vida independiente, forjó un consenso mínimo que hizo posible la vida común durante el siglo XIX (2001). Por distintas razones que exceden los propósitos de este ensayo, este consenso −que perduró durante varias décadas− comenzó a fracturarse a fines del siglo XIX. A pesar de ello, durante el siglo XX han existido varios intentos por alcanzar nuevos consensos: el «desarrollista» durante la segunda mitad del siglo XX, que acompañó a la Constitución de 1925, y el «neoliberal6», que dio forma a la Constitución de 1980 y que se prolongó en la transición política de los años noventa. Ninguno de ellos, sin embargo, ha podido perdurar más de medio siglo.

Dicho lo anterior, sin que pretendamos agotar todas las dimensiones de una época que aún no ha sido lo suficientemente estudiada, la actual «crisis del consenso» se puede explicar, al menos, por tres factores:

a) A pesar de que el régimen militar se mostró como una alternativa frente al socialismo de la época y a los intentos fallidos por planificar el país «desde arriba», a la postre el mismo régimen terminó apostando por una «refundación» política y económica (Góngora, 2006). Ello devino en que, independiente de los resultados políticos, sociales y económicos provenientes de las instituciones creadas durante el régimen militar, estas carecieron de estructuras deliberativas que permitieran una legitimación social de las mismas. El caso más notorio es el de las AFP, las que, pese a su relativa eficiencia organizacional y económica, no han logrado legitimarse en la sociedad chilena.

b) La ausencia de una deliberación en común sobre las estructuras políticas que dieron forma a la Constitución de 1980 ha llevado, a la larga, a una suerte de «revancha cultural», como dijo Mario Góngora (2006). La llamada «democracia protegida» gozó de gran gobernabilidad, pero careció de legitimidad cívica. En efecto, una gran cantidad de chilenos nacidos al final del régimen militar y durante la transición nunca se han sentido parte de la comunidad política nacional, ni menos aún de los «éxitos» del modelo económico. Muchos de ellos son jóvenes que pertenecen a familias que han participado marginalmente del desarrollo chileno o, derechamente, no han sido parte de este. Una buena porción de estas familias, a pesar de su esfuerzo y del mérito personal, viven en las periferias, no tienen seguridades sociales de ningún tipo y son generalmente vulnerables ante una enfermedad, la vejez o el endeudamiento. Incluso, aun accediendo a la educación superior, tienen grandes dificultades para llegar a niveles mínimos de bienestar.

c) Por último, una razón de índole ideológica se vincula con las consecuencias del liberalismo en la sociedad chilena. En efecto, una de las causas de por qué los ciudadanos ven la política con distancia y desconfianza, utilizándola como forma de protesta y no como una expresión de la sociabilidad humana, se explica, en parte, por el éxito del liberalismo en la sociedad chilena. Como diría Deneen, el liberalismo ha fracasado porque triunfó (2016). Como contrapartida, el éxito económico ha producido en paralelo una lenta desaparición de las prácticas de vida comunitarias donde era posible el ejercicio de la virtud, de la libertad a niveles locales y una cierta seguridad del entorno social. No es exagerado afirmar, de hecho, que el arraigo de las libertades económicas está en el origen del llamado «modelo»7. En el Chile que vive bajo el liberalismo, muchas de las seguridades vitales ya no existen, lo que ha ocasionado una gran incertidumbre respecto de mejorar la propia vida personal y familiar8.

En definitiva, la ausencia de un consenso que haga posible la vida política es un hecho de la causa en la sociedad chilena. Con todo, sería ilusoria una propuesta de «consenso absoluto» en cada una de las dimensiones de la vida política. La gran diversidad social chilena junto con el pluralismo político existente, hacen imposible un pleno acuerdo sobre determinados aspectos de la convivencia. En este sentido, si bien una Constitución no garantiza un consenso político, deliberada en condiciones favorables al diálogo y de participación política, sí puede ser un paso importante para recomponer la amistad perdida.

| Foto de Timon Studler en Unsplash

Así, si bien durante estos meses se ha hablado de la «hoja en blanco», la historia constitucional chilena también da cuenta de que los consensos no se forjan desde cero. La política es una actividad histórica, situada en un contexto específico. Un nuevo consenso o pacto social, si se quiere, siempre supone una deliberación sobre otro consenso previo, que la sociedad presente proyecta hacia el futuro y actualiza según sus propias necesidades. La democracia representativa, por ejemplo, hoy se encuentra en crisis al menos en la forma en cómo la hemos experimentado, pero siempre ha sido parte de los distintos consensos que Chile ha tenido. Probablemente los futuros consensos incorporarán algunos elementos de participación directa, pero a nadie se le ocurriría pensar en un régimen de gobierno distinto al de la democracia representativa.