Ana Patricia Noguera de Echeverri - La educación ambiental por venir

Tratando de superar la dualidad que normalmente se establece entre las personas y su entorno, puesto que en realidad están interaccionando y afectándose ambos, se buscaría siempre propiciar la comprensión de los ciclos y procesos ecosistémicos, sobre lo que se obtiene del medio natural, los impactos que ello ocasiona tanto en su integridad como en sus funciones, así como las maneras por las que se puede lograr un proceso más ordenado.

Como lo ecológico está relacionado con lo económico y las dinámicas sociales, una mirada compleja es siempre obligada para lograr las mejores posibilidades de una coexistencia más equilibrada entre los humanos y su medio ambiente. Esta deseable condición no es frecuente de observar en contextos locales donde existan procesos de disrupción social, pues se ve trastocada por fenómenos de desigualdad social e inequidad económica; o por el hecho de que existen también agentes del Estado o los de carácter empresarial-privado, nacional o transnacional, que han impuesto lógicas y racionalidades que desconocen ostensiblemente las leyes existentes y las políticas ambientales generadas para la protección ambiental y un desarrollo social más equilibrado.

Actualmente, ante el auge de lo que se ha denominado el “neo-extractivismo” progresista o no (Gudynas, 2009), impulsado por el extractivismo transnacional en México y la mayoría de los países de América Latina, atestiguamos muy frecuentemente que las iniciativas locales para exigir la participación de las comunidades y población local en la implementación o revisión de los megaproyectos, se dan precisamente por las dramáticas condiciones en las que surgen concesiones otorgadas por el Estado para la explotación de grandes porciones de territorio que atentan contra la sustentabilidad ambiental y el patrimonio biocultural.

Por ello, no sólo en términos de lo ideal y conveniente que resulta la promoción de ejercicios de planeación conjunta entre agentes externos y miembros de las comunidades interesadas o implicadas en procesos de desarrollo con enfoque de sustentabilidad, sino sobre todo porque también penden amenazas de imposición de proyectos o macroproyectos con potenciales consecuencias disruptivas en el territorio, el ambiente y las condiciones sociales económicas y de salud, es que se visualiza la pertinencia en la revisión de los factores implicados y el papel que la educación ambiental juega en tales procesos.

Un desarrollo local con perspectiva de sustentabilidad ambiental

La transformación socioambiental con un enfoque de desarrollo local es una tarea que exige del educador una clarificación de algunos principios metodológicos y estratégicos que impidan que sus acciones se vuelvan erráticas; se apuntan algunos de ellos, que contribuyen a dar dirección a los procesos educativos en el desarrollo local:

1 Instrumentos de política ambiental. En la sustentabilidad se requiere identificar y aplicar instrumentos para la planeación y la gestión de propuestas y acciones que contribuyan al desarrollo local, bajo la perspectiva de equilibrar las relaciones entre las poblaciones que se asientan en los territorios específicos y el entorno en donde se ubican; también requiere que se tomen en consideración y se utilicen los instrumentos de política que ya existen en las leyes para tales fines, como el ordenamiento territorial, los diagnósticos participativos sobre los recursos, ecosistemas y sistemas de manejo, el diálogo entre los saberes académicos-técnicos y los saberes vernáculos locales, y la educación ambiental, entre otros.

2 Reconocimiento de saberes. Desde una perspectiva educativa constructivista, se deben tomar en cuenta los elementos que ya poseen quienes intervienen en un proceso de aprendizaje en torno a una adecuada relación de las personas y comunidades con el medio ambiente. En particular, por ejemplo, los grupos étnicos originarios de los países americanos se han reconocido constantemente como poseedores de un acervo y un patrimonio de conocimientos importante, muchos de los que prevalecen también entre las sociedades mestizas. Esto es especialmente notorio en los países latinoamericanos.Es importante abrir la perspectiva cognoscitiva implicada en los procesos de aprendizaje hacia una de tipo ontológico, puesto que como establece Escobar (2000, p. 6) “los seres humanos, desde este punto de vista, están arraigados en la naturaleza e inmersos en actos prácticos, localizados” con capacidades de adaptación e improvisación que provendrían de una “capacidad corporeizada” de comprensión e interpretación (Richards, 1993, en Escobar, 2000). Cuando los antropólogos, ecólogos, o en nuestro caso, educadores, pueden tomar en cuenta lo anterior tendrán la capacidad de comprender mejor los aspectos críticos que se dan en torno a la toma de decisiones que están involucradas en “un modelo comprensivo del mundo” (Escobar, 2000) y operativo de vida. Pero más aún, lo que se vincula con el tema “del poder y la racionalidad alternativa de producción”.No obstante, hay que procurar trascender escencialismos como los que a veces atribuyen una sabiduría y conciencia inmanente, o una relación armónica con la naturaleza en todas aquellas personas o comunidades de ascendiente indígena por el simple hecho de serlo; o el de pensar que por estar en el nivel de la planeación o la toma de decisiones a nivel comunitario todos los procesos fluirán de una manera apegada a la aspiración democrática. Asimismo, se reconoce que, por una parte, hay evidencias por todo el planeta de que muchas sociedades o civilizaciones “autóctonas” también han atestiguado periodos de crisis ambientales de gran envergadura. O también, que en la época contemporánea ha ocurrido una “erosión” de las supuestas actitudes pro-ambientales o biofílicas que se les atribuyen a las sociedades indígenas o campesinas tradicionales.En el tipo de procesos educativos con el componente participativo que se promueven, tampoco se puede superar fácilmente el hecho de que predominen los saberes académicos por sobre los saberes locales. Esto tiene que ver con que, en muchas ocasiones, en quienes intervienen desde las instituciones del Estado o desde las organizaciones de la sociedad civil prevalece una perspectiva funcional, más que una de tipo político-transformador y comprometida. En virtud de que tanto la escuela como la universidad y las tendencias de la sociedad distan mucho de haber logrado la aspiración de la interculturalidad, suelen girar en torno a procesos con perspectiva monocultural.

3 El disenso como punto de partida. Los aspectos políticos, o sea los relacionados con el ejercicio del poder, así como los de índole demográfica y las capacidades productivas o adaptativas de las sociedades o comunidades humanas, determinan en mucho las posibilidades de una adaptación resiliente en la dinámica sociedad-cultura-naturaleza. Lo que se intenta como iniciativas en donde están involucradas la escuela, las universidades (desde el Estado) o las organizaciones de la sociedad civil, no siempre redundan en logros positivos como los que se quisieran para el mejoramiento socioambiental. Invariablemente, se presentan tensiones que el agente o los agentes externos no siempre pueden evitar o resolver, y se corre el riesgo de que emerjan o persistan desacuerdos: Es importante destacar que el desarrollo local entraña la coexistencia de grupos con intereses diferentes. No hay que buscar consensos que por ser tan por lo alto se vuelven irrelevantes. Se debe partir de los disensos; reconocer las diferencias y a partir de ellos encontrar los espacios para el trabajo en común (Caruso, 2004).La localidad totalmente armónica es, por tanto, una utopía a alcanzar, y muy rara vez un punto de partida.

4 La acción organizada de la ciudadanía. Con relación a los aspectos de poder implicado, “el telón de fondo está configurado por la confrontación de diferentes visiones del desarrollo. Por un lado, la visión de un Estado, cuyos actores se amoldan a los discursos de siempre, y a los nuevos, como el de la sustentabilidad; por otro, la de sectores de la sociedad que atestiguan o sufren las consecuencias de los proyectos atentatorios a los derechos ambientales y buscan nuevas vías de intervención socioambiental” (Paré y García, 2018, p. 18). Se presenta de manera constante, en los ámbitos dominados por lo urbano, el fenómeno del crecimiento no regulado, sobre un hinterland rural que aún tiene un paisaje agrícola o forestal, y alberga un patrimonio biocultural imprescindible para resistir el embate de tal urbanismo industrial. Amenazas de caminos, libramientos carreteros, obras de infraestructura, vertederos o rellenos sanitarios, obras mineras, presas hidroeléctricas, fraccionamientos: siempre la expansión de lo urbano atenta contra lo rural.Estos fenómenos dan lugar a que emerjan expresiones micropolíticas a contracorriente del proceso de crecimiento urbano acelerado. A pesar de que prácticamente todas las leyes ya establecen disposiciones y procedimientos para la participación ciudadana, por lo general no hay normas ni reglamentos claros. Señala Eduardo Gudynas (2009), ecologista uruguayo, que dentro de la lógica de gobiernos y empresas subsiste la idea de una ciudadanía “de baja intensidad”, “subordinada” o “incompleta”. En las zonas metropolitanas la defensa ambiental siempre toca intereses inmobiliarios o urbano-industriales que, por lo general, buscan predominar sobre los usos agropecuarios o forestales del suelo y la conservación de un entorno rural. “Aunque esté dado un entramado legal y un discurso acerca de la participación ciudadana, éste no es eficaz para aprovechar los impulsos de sujetos, organizaciones, ciudadanos, redes que intervienen; expresan sus necesidades, aportan su trabajo, ni para integrar la innovación que, bajo diferentes escalas o modalidades, significan sus proyectos e iniciativas. Aunque las bases formales para la participación ciudadana ya están instauradas desde hace varios lustros, no han representado una opción real para promover la atención y el apoyo a iniciativas que poseen consistencia” (Paré y García, 2018, p. 25).En muchas partes del mundo la defensa del medio ambiente sigue siendo demandada e impulsada por la acción de ciudadanos y organizaciones frecuentemente ligados a través de movimientos y redes internacionales. El papel que estas iniciativas desempeñan en el impulso de las políticas de protección al ambiente implica nuevas modalidades para lograr que tales políticas representen intereses de la sociedad y no sólo de los poderes de las empresas y del gobierno. “Una de las condiciones necesarias para el impulso al desarrollo local es que existan organizaciones en la sociedad con disposición, ánimo, historia y capacidad. Organizaciones con historias que les proporcionen credibilidad, donde se reconozca la pluralidad y no se ejerzan formas piramidales de funcionamiento en las que el que está arriba no sabe lo que pasa abajo” (Caruso, 2004).Sin embargo, no en todos los casos es posible contar con este tipo de organizaciones y la labor del educador es entonces doblemente ardua, al desarrollar a la par la enseñanza ambiental y contribuir a la organización social de los sujetos educativos.