Carlos Andrés Echeverry Restrepo - Introducción al régimen sancionatorio ambiental colombiano

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES EN MATERIA SANCIONATORIA AMBIENTAL

I. COMPETENCIA

i. Autoridades competentes para la adopción de medidas preventivas y para el trámite de un proceso sancionatorio

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales

Órganos con funciones de Corporación Autónoma Regional

Armada Nacional

Entidades territoriales (departamentos, municipios, distritos)

ii. Competencia de órganos internos

iii. Composición del régimen sancionatorio

II. MEDIDAS PREVENTIVAS

i. Características de las medidas preventivas de la Ley 1333 de 2009

Inmediatez

Autonomía

Transitoriedad

Costos por su imposición

Tipos

ii. Requisitos para la imposición de medidas preventivas

a. Comprobación preliminar de los hechos denunciados o indagados

b. Idoneidad de la medida preventiva

c. Competencia del funcionario que adopta la medida

iii. Levantamiento de la medida preventiva

iv. Controversia del acto que impone medidas preventivas

v. La flagrancia en las medidas preventivas

vi. Medidas preventivas impuestas por órganos sin competencia para sancionar

III. INFRACCIONES

i. Incumplimiento de normas ambientales

Caso sobre eliminación del trámite de levantamiento de veda

ii. Daño ambiental

Definición normativa de daño ambiental

La valoración de la culpa y el dolo en la infracción de daño ambiental

La presunción de culpa y dolo

IV. EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

i. Función preventiva, correctiva y compensatoria

ii. Partes en el proceso sancionatorio ambiental

iii. Etapas en el procedimiento sancionatorio

iv. Indagación preliminar

Formalidades de la indagación preliminar

Término de la indagación preliminar

El aspecto probatorio en la indagación preliminar

v. Inicio del proceso sancionatorio

vi. La fusión del Auto de inicio con el Auto de formulación de cargos

vii. Formulación de cargos

viii. Recursos

ix. Descargos

x. Práctica de pruebas

xi. Alegatos de conclusión

xii. Determinación de responsabilidad

xiii. Eximentes de responsabilidad

xiv. Causales de cesación

xv. Agravantes y atenuantes en materia sancionatoria

Atenuantes

xvi. Sanciones

Multa

Tasación de multa. Caso CVC

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio

Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro

Demolición de obra a costa del infractor

Decomiso definitivo de especímenes o implementos utilizados para cometer la infracción

Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres

Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

La finalización de la escritura de este libro ocurrió durante el período de cuarentena declarado por el Gobierno nacional para enfrentar el avance del SARS-CoV-2. Fueron días difíciles por la natural preocupación sobre la evolución de un virus sobre el cual se sabía poco, así como por las evidentes repercusiones que esto tendría en la vida de las personas y la economía mundial. Durante el aislamiento, fue vital el apoyo recibido por mi núcleo familiar (mi compañera de vida, penas y alegrías, Mónica Salazar Isaza, mi madre Luz Stella Restrepo, Javier Salazar y mi adorado hijo David Echeverry Salazar), quienes me brindaron luz en momentos de oscuridad.

También resalto el acompañamiento de la familia de mi hermana: Soraya, Emily y Andy, y el de los profesores Francesco Zappalá, Eduar Rivera y James Montoya. Merecen una mención especial mis amigos docentes Lisbeth García Rubio y Luis Freddyur Tovar, con quienes pasé largas horas discutiendo casos relacionados con el tema de investigación de esta obra. No sobra destacar el valioso apoyo de funcionarios de Metro Cali S.A., como Lina María García, Carolina Cardona y Jaime Quesada, y de amigos de antaño, como Eduar Rivera, Humberto Gutiérrez, Carlos Andrés Correa o el doctor Ricardo Zuluaga, quienes continuamente me animaron a culminar este proyecto académico. Además, el respaldo jurídico brindado por el magistrado Juan Carlos Hincapié fue fundamental para fortalecer algunos pasajes de la investigación.

No puedo dejar de mencionar a mis estudiantes de la Especialización en Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali, quienes con sus agudas preguntas retaron mi comodidad académica y me obligaron a repensar algunas instituciones jurídicas; tampoco podía faltar Claudia Patricia Bolaños, asistente de Posgrados, quien ha jugado un papel importante en el impulso de esa Especialización.

Notorio fue el apoyo del Grupo de Investigación en Instituciones Jurídicas y Desarrollo (IJUD) del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali, así como el de Claudia Lorena González del Sello Editorial Javeriano y de algunos directivos como el Padre Luis Felipe Gómez, rector de la universidad; la doctora Ingrid Schuler, vicerrectora académica; la doctora Teresita Sevilla, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; la doctora Kewy Sarsosa, directora de Posgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el doctor Carlos Delvasto, director del Departamento de Ciencia Jurídica y Política.

Los aciertos aquí encontrados son obra de todos los aquí mencionados y otros que por mi pésima memoria olvidé nombrar, pero los errores son de mi indiscutible autoría.

Finalmente, debo hacer una mención especial a mi padre, Carlos Arturo Echeverry Rengifo. Pese a que físicamente ya no está presente, su recuerdo y espíritu aún se mantienen vivos en mi memoria.

Una buena parte de este libro fue terminada en el transcurso de la cuarentena preventiva obligatoria, ordenada por el Gobierno nacional mediante Decreto 457 de 2020 y sucesivamente prorrogada mediante facultades ordinarias, para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2. Fue inevitable relacionar el principal problema de salud pública que ha enfrentado la humanidad, al menos en los últimos 100 años, con el papel del derecho ambiental en la contención de factores de riesgo para la salud humana1. Si acogemos la tesis más aceptada por la comunidad científica internacional, de que el virus se originó en un mercado en Wuhan por el consumo de animales silvestres, tendríamos que si el Gobierno chino hubiese sido menos tolerante con el comercio de estas especies o con la disminución de sus hábitats por la intervención humana, muchas de ellas amenazadas, como el Pangolín, el riesgo de brote del virus posiblemente hubiese disminuido; en este aspecto, el papel del derecho ambiental es determinante, pues ha sido por acuerdos multilaterales, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), como se ha logrado despertar interés en los gobiernos para adoptar medidas drásticas en sus ordenamientos jurídicos, por ejemplo, con reformas a sus normas penales o administrativas sancionatorias, para volver más severos los castigos por afectación del medio ambiente, a fin de prevenir y mitigar el tráfico o el aprovechamiento irracional de especies de fauna y flora silvestres.