Autores Varios - Europa global, Europa social

Pistas falsas

El asunto que recibe más atención por parte de los medios de comunicación tiene que ver con la «externalización» de la producción de componentes y de servicios empresariales a países con bajos salarios. Esto ha llevado a defender que las empresas europeas no deberían subcontratar en el exterior, sino más bien ejercer su «responsabilidad social» y seguir externalizando a nivel local. Si se siguiera esta política, sería enormemente dañina: los productores europeos compiten en la escena internacional con rivales en Estados Unidos, Japón y otros lugares. El coste de los componentes y servicios que se importan del exterior representa una parte sustancial de los costes totales (de un tercio a dos tercios en gran parte de las manufacturas). No externalizar supone una penalización alta, equivalente a una gran caída en la productividad –la ganancia a corto plazo de la política de «compra localmente» sería más que superada por las pérdidas de puestos de trabajo entre unos fabricantes de productos finales europeos cada vez menos competitivos–. Para expresarlo con crudeza, si Finlandia impusiera el requerimiento de la externalización local, no existiría Nokia. [7]

A este respecto, un paradigma mejor para Europa lo proporciona el ejemplo de la empresa alemana Audi. Al encontrarse en una posición difícil a principios de los años noventa, la empresa construyó una fábrica de motores en Gyor (Hungría). Esta planta salvó la suerte de la empresa: redujo los costes hasta el punto de permitir a la compañía operar de forma rentable, al mismo tiempo que transfería una capacidad industrial valiosa a una de las economías de la ampliación europea. Este reequilibrio de la producción dentro de la Unión Europea representa una situación en la que todos salen ganando, y ofrece un patrón óptimo para el desarrollo futuro.

Políticas industriales sensatas

Entonces, ¿cómo deberían elaborar los países europeos sus políticas industriales? La cuestión clave al respecto es la menos agradable políticamente, y como mejor se ilustra es con el intento del Reino Unido, en el año 2005, de rescatar Rover con ayuda china: políticas industriales negativas de este tipo han demostrado consistentemente ser tan costosas como ineficaces.

La primera mitad de una política industrial sensata reside en una combinación de educación y formación, con programas de reciclaje formativos como parte del paquete de medidas diseñadas para reforzar la flexibilidad y reducir el coste de hacer negocios. Es aquí donde resulta relevante el énfasis puesto por algunos informes recientes en la importancia de los programas de «aprendizaje a lo largo de la vida». [8]La segunda mitad consiste en políticas «activas» que ayuden a la formación, el desarrollo y el crecimiento de nuevas empresas. Un defecto clave de algunas economías europeas es el hecho de que, si las comparamos con sus colegas americanas, el ajuste de las empresas en un medio global cambiante ha sido lento e ineficaz, y gran parte de esas diferencias pueden localizarse en el ámbito institucional dentro del cual operan. Un estudio reciente de Chris Pissarides ha precisado que los costes y las dificultades presentes en la creación de nuevas empresas son impulsores primordiales de las diferencias en los niveles de desempleo entre las economías de la OCDE. [9]

Lecciones políticas

He identificado varias políticas esenciales para los procesos de ajuste a los que harán frente las economías europeas en la póxima década. Tienen que ver con:

El impacto de la excesiva «protección del empleo» sobre la velocidad de ajuste de las empresas, y los trabajadores, a las condiciones de mercado cambiantes.

La necesidad de programas de «aprendizaje a lo largo de la vida» para contribuir a la flexibilidad.

La importancia de minimizar los costes de «establecimiento» asociados con la creación de nuevas empresas.

El valor de minimizar cargas regulatorias inapropiadas sobre las empresas.

Más allá de estos puntos, hay una serie de asuntos políticos relacionados que merecen ser comentados:

1 Me he centrado aquí en la necesidad de flexibilizar las respuestas de las empresas, y en la cuestión subyacente de la flexibilidad del mercado laboral. Pero la otra cara de la moneda es la aceptación de que los mercados de trabajo puedan seguir estando restringidos o estancados, en nuestro detrimento, o que puedan convertirse en mercados flexibles y más turbulentos. Si se da este último caso, la demanda de protección social aumentará. El diseño de las políticas debería centrarse en encontrar formas de reducir el coste de una protección eficaz, y en la protección de las personas de mediana edad; son los jóvenes (desempleados) europeos los que tienen más que ganar de un aumento en la flexibilidad del mercado laboral.

2 En gran parte del debate público sobre estos asuntos se asume que Europa mantiene una gran ventaja relativa en los niveles de educación, capacitación y formación. Pero las cifras muestran que, de forma muy preocupante, en la última década la posición de algunas de las principales economías europeas ha estado deteriorándose en relación con la de Estados Unidos. La diferencia en el tiempo de escolarización medio entre Estados Unidos y Europa ha ido ampliándose. En algunos países, incluidos Alemania y Austria, la tasa de crecimiento del «capital humano» disminuyó en la pasada década. [10]Puede que esto no sea un problema en sí mismo, si no fuera por el hecho de que...

3 La principal «ruta alternativa» para poner los cimientos del desarrollo de capacidades en las empresas europeas pasa por atraer a inmigrantes altamente cualificados tanto desde dentro como desde fuera de las fronteras de la UE. No sólo ésta está fracasando relativamente a la hora de atraer a inmigrantes cualificados, sino que las políticas en muchos de los países comunitarios son activamente hostiles hacia la «apertura» en esta materia, a pesar de lo altamente beneficiosas que pueden resultar. [11]y [12]

La «Europa social»

Los «costes de la Europa social» comprenden varios elementos distintos. Un asunto central es que cada país elige la gama y la calidad de prestaciones de bienes públicos que proporciona y el nivel consecuente de fiscalidad general. En esta elección básica, los países pueden ejercer una amplia discrecionalidad sin sufrir efectos económicos adversos.

Merece la pena desarrollar el argumento, dado que un examen superficial de las experiencias de diferentes países sugiere que altos niveles de prestaciones sociales pueden coincidir con unos resultados económicos potentes, como otros colaboradores en este libro mencionan. Los aspectos económicos básicos que subyacen a esta cuestión pueden resumirse como sigue:

1 El nivel de capacidades de las empresas de un país impulsa el nivel de la renta bruta real. Esta renta bruta real puede dividirse entre salarios netos y prestaciones de bienes y servicios públicos basadas en los impuestos, de forma que refleja las preferencias de cada sociedad.

2 El efecto de la oferta de mano de obra, y sobre el empleo, de la elección que se realiza, depende de dos factores: [13]

a) Dependiendo de si el sector público actúa de forma más o menos eficaz a la hora de proporcionar buenos servicios con relación al coste, los individuos pueden quedar en mejor o en peor situación económica cuando se altera este equilibrio entre los salarios netos y los servicios públicos. Puede producirse alguna consecuencia sobre el comportamiento de los individuos en lo que se refiere a la oferta de mano de obra, pero la dirección de esta respuesta puede ir en cualquier sentido, y no se puede hacer ninguna afirmación sobre esta cuestión.

b) Un segundo efecto emerge en la medida en que la tasa impositiva marginal sobre el salario neto disminuye los incentivos de las personas para trabajar más horas, o –lo que es más importante– afecta a su decisión de participar en el mercado laboral o retirarse de él. En esta situación, el efecto de aumentar las prestaciones sociales es negativo, pero el alcance de este impacto puede verse disminuido con un diseño apropiado de los regímenes fiscales. La cuestión esencial en este sentido es evitar unas tasas impositivas marginales muy altas que han demostrado ser dañinas en diferentes momentos en varias economías europeas. [14]