Autores Varios - Europa global, Europa social

3 Poner en marcha políticas laborales activas, con un equilibrio adecuado entre incentivos y obligaciones. Se aplican a trabajadores mayores y a otros sectores de la fuerza laboral. La flexibilidad iría acompañada de la participación del Estado en la formación y el reciclaje formativo. Prestar especial atención a las medidas para que las personas con discapacidades vuelvan a trabajar activamente.

4 La creación de empleo desempeñaría un papel primordial tanto en la promoción del crecimiento como en la contención de la pobreza. La mejor vía para salir de la pobreza es tener un empleo decente con una retribución por encima del salario mínimo.

5 Promocionar activamente el empleo a tiempo parcial. Esto forma parte de una adaptación activa a los cambios vitales y al equilibrio entre trabajo y vida personal. El empleo a tiempo parcial no estaría estigmatizado, sino que implicaría las mismas prestaciones, prorrateadas, que el trabajo a jornada completa. Se prestaría una atención activa a evitar la balcanización del empleo femenino.

6 El igualitarismo es una cuestión transversal en todas las políticas: lo que esencialmente trata de hacer el MSER es combinar el dinamismo económico con la justicia social. Nivelar es mucho más importante que «picotear a los ricos», dado que los «ricos» son una categoría diminuta, mientras que la de los «pobres» es muy grande. Se prestará especial atención a la probreza infantil. La sociedades que tienen bajos niveles de pobreza infantil tienen más probabilidades de ser igualitarias en muchos otros aspectos que otras sociedades.

7 Desplegar estrategias específicas para abordar las formas enquistadas de pobreza y exclusión social. Pueden incluir el uso de impuestos sobre la renta negativos y créditos fiscales. La prime à l’emploi francesa, el crédito fiscal laboral en los Países Bajos y en Bélgica, todos ellos puestos en funcionamiento recientemente, se parecen mucho a los que entraron en vigor anteriormente en Estados Unidos y el Reino Unido.

8 Prestar especial atención a las personas con empleos de bajo nivel en el sector servicios, para asegurar que tienen oportunidades de promoción en la medida de lo posible. Esto significaría no sólo la existencia de prestaciones estatales para la formación, sino también la colaboración con los empleadores para rediseñar algunos tipos de puestos de trabajo. El aprendizaje a lo largo de la vida deja de ser una frase vacía para convertirse en una realidad, con oportunidades para una homologación apropiada.

9 Crear políticas específicas destinadas a una mayor integración de las minorías étnicas y los inmigrantes. Esto incluye una combinación de derechos y obligaciones que se otorga a estos grupos, y que ellos demandan. Las obligaciones implican el aprendizaje de la lengua y la aceptación de los valores generales de la sociedad de acogida.

10 La relación entre prestaciones y contribuciones se estructurará de forma que se minimice la posibilidad de que los más ricos se auto-excluyan.

11 En términos relativos, el Estado gastará menos que antes en los mayores, y más en los jóvenes, con especial atención al cuidado infantil, la educación en los primeros años y los incentivos para tener hijos.

12 La inversión en ciencia, tecnología y educación superior supone la principal influencia en la política industrial y en la creación de nuevos puestos de trabajo.

Todas las políticas serán evaluadas en términos de su impacto ecológico: por ello, los Estados consideran vinculantes sus objetivos de Kyoto; los países miembro se comprometen y promueven los objetivos ecológicos a corto y medio plazo establecidos por la Comisión. Esto incluye, por ejemplo, las propuestas del 2003 en las que se exigía a las empresas químicas que demostraran que sus productos no son tóxicos antes de sacarlos al mercado, o los planes a largo plazo como la propuesta para efectuar una transferencia completa hacia la economía del hidrógeno para el 2050.

Un MSER diferiría de forma bastante radical del «modelo americano»: [30]

Deben reducirse costes e introducirse nuevas contribuciones, pero aun así el sistema del bienestar sigue ofreciendo una amplia protección en toda una serie de frentes, en términos de riesgos sociales, económicos y sanitarios. Los niveles de fiscalidad serán altos respecto a los niveles internacionales.

El alcance de la acción del Gobierno y del Estado sigue siendo importante, aunque más orientada hacia la inversión en capital humano que en el pasado. Se puede considerar acertadamente que el MSER implica un «Estado que invierte en lo social».

La política de prestaciones sociales es más igualitaria que en Estados Unidos.

Se promueve la solidaridad al garantizar que los sistemas de prestaciones sigan siendo atractivos para los grupos de población más ricos.

Los «agentes sociales» desempeñan un papel clave a la hora de de terminar los niveles salariales y otras condiciones laborales.

Los objetivos medioambientales están en el centro de la agenda política.

Teoría y práctica

Una cosa es pedir la reforma del MSE y otra muy distinta es aplicarla. Como he dicho, sabemos mucho sobre lo que se tiene que hacer. El problema es seguir adelante y hacerlo. Podemos aprender mucho de los que tienen mejores resultados en Europa, pero la reforma tendrá que ser un proceso continuo en todos los países. Con la excepción del Reino Unido, los países a los que les ha ido bien son pequeños. Se supone que los Estados pequeños pueden llevar a cabo las reformas más fácilmente, pero de la misma manera su tamaño les hace más vulnerables.

Las reformas radicales parecen suceder, casi siempre, a situaciones de crisis. Son invariablemente dolorosas, y pueden implicar costes económicos y sociales a corto plazo cuando lo que pretenden obtener son ganancias a largo plazo. Puede que los países nórdicos hayan marcado el camino, pero lo han hecho después de experimentar una serie de crisis económicas graves a finales de los años ochenta y principios de los noventa. La reforma en el Reino Unido se produjo después de un largo período en el que el país estaba considerado el enfermo de Europa. El cambio fue liderado por el gobierno de Thatcher, que no era partidario de los servicios públicos y consideraba el Estado del bienestar en gran medida disfuncional. Se realizaron reformas en el mercado laboral y se contuvo el poder de los sindicatos. Pero no se hizo nada para limitar las desigualdades económicas, que eran el sello distintivo de Gran Bretaña a finales de los ochenta, y que todavía son evidentes en la actualidad a pesar de las nuevas políticas introducidas por el laborismo desde su vuelta al poder en 1997. El cambio en Austria y los Países Bajos se logró de forma más consensuada, y sin el daño estructural que causó el thatcherismo. No obstante, también se produjo después de un largo periodo de relativo declive económico, que en un momento dado también alcanzó proporciones de crisis.

En el futuro cercano, una cuestión fundamental será: «¿Ha crecido tanto la conciencia de crisis en Alemania, Francia e Italia como para que pueda vencerse la resistencia de los intereses creados?». Hasta ahora, ni los gobiernos de izquierda ni los de derecha han logrado generar reformas de largo alcance. La consecuencia es que tienen Estados del bienestar insostenibles, a lo que suman altas tasas de desempleo y subempleo. Sin embargo, el vapor está empezando a salir de la olla a presión. Cada uno de estos países podría elegir gobiernos más radicales y reformistas.

¿Qué puede lograrse a nivel europeo? La historia de los intentos realizados por la Comisión para reformar áreas en las que no tiene un poder directo no es muy alentadora. El método abierto de coordinación ha tenido un éxito modesto, como mucho. Los principios básicos de la Estrategia de Lisboa son tan relevantes actualmente como lo eran cuando fueron enunciados en 2000. Pero la receptividad ha sido mayor entre los Estados que ya se movían en esa dirección que en el resto. Algunos de los países más influyentes los han ignorado ampliamente. La Agenda 2010 alemana, por ejemplo, apenas menciona la Estrategia de Lisboa. Alemania y Francia también hicieron valer su poder frente a la Comisión al invalidar las restricciones que implicaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).